Entre las diversas afirmaciones que ha argumentado el Gobierno para justificar las medidas económicas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, destaca una difundida en la cuenta de Twitter por la Vicepresidencia de la República, cuando Otto Sonnenholzner escribió: “hemos demostrado que somos un Gobierno que está dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular”.
Y la afirmación parece cumplirse al pie de la letra, luego de una semana convulsionada por manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. En la práctica, dos frentes encaró el gobierno luego de adoptar las medidas económicas. Por una parte, empresarios del transporte pesado, transportistas de la movilización interprovincial y urbana, y taxistas, sectores que exigen revisar los precios de sus servicios. Por otra, el rechazo popular de millones de usuarios perjudicados por un alza en los servicios de transportes.
El conflicto a tres bandas, gobierno, transportistas y usuarios, parece zanjarse por el lado más fácil para el régimen: afectar al pueblo, es decir, aplicar la fórmula adelantada en Twitter por el Vicepresidente de hacer lo impopular.
Durante las últimas horas, todo parece indicar que las cosas sucederán de ese modo. El presidente Lenin Moreno afirmó en declaraciones de prensa que “mantendrán los diálogos con los transportistas honestos”. No se sabe a ciencia cierta en qué radica la honestidad a la que hace alusión el Mandatario. Y como el discurso oficial -redactado por sus asesores de comunicación- por lo general apela al eufemismo con frases vacías de real contenido, afirmó el Presidente que los transportistas “suspendieron su paralización bajo principios éticos y morales”.
Moreno, además, reiteró su rechazo a la “caotización”, dándonos a entender que mantener el orden público es lo único que trae réditos políticos al régimen, y presumir que nada ha pasado luego de decretar las medidas. Que no hay afectación ciudadana, y si la hay ¡qué importa!, si el régimen “hace lo correcto por encima de lo popular”. En ese sentido el presidente Moreno ratificó su decisión de mantener vigente el decreto 883 que retira el subsidio de la gasolina extra y diesel.
Municipios alzarán pasajes
Al cabo de 43 horas de paro, y de haberse decretado el estado de excepción, el gobierno afirmó que analiza el incremento de las tarifas de los transportes públicos. Esta decisión fue confirmada por Abel Gómez en representación de once federaciones del transporte, incluido el gremio de taxistas. En esa línea de acción, el régimen sostuvo reuniones con los dirigentes en el seno de la Agencia Nacional de Tránsito, ATN, y que según el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, tenían como fin revisar las tarifas de la transportación intra e interprovincial. No obstante, la medida de alza más sensible quedó en manos de los municipios que por sugerencia del Gobierno central deberán incrementar en $ 0,10 el pasaje urbano.
En este nuevo escenario el Gobierno supone haber resuelto el problema económico de los empresarios del transporte, sin embargo no se ha tomado en cuenta el bolsillo de los ecuatorianos que en forma masiva se verán afectados por el incremento en el valor de los pasajes. Al fin y al cabo, el Gobierno se desentiende ya del tema por cuanto es un asunto municipal que deberán afrontar los alcaldes. Endosado el muerto al Municipio en cada ciudad, ahora el país espera la respuesta ciudadana de millones de afectados por una medida, desde todo punto de vista, impopular.
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