Las medidas planteadas por el gobierno de Lenín Moreno siguen la misma línea empresarial que adoptó desde 2017 y el programa fijado con el FMI.
Con el FMI se acordó, de manera absolutamente clara: reducir el déficit en el sector público, suprimir subsidos a los combustibles, “normalizar” precios del diésel, reformar el sistema tributario (privilegiando impuestos indirectos sobre directos, algo totalmente violatorio a lo que dispone la Constitución), eliminar el ISD (impuesto a salida de divisas), reajustar la “masa salarial” en el Estado (despedir trabajadores públicos) y “reforma laboral urgente” (flexibilidad y precarización para los trabajadores).
Todavía faltan las medidas igualmente comprometidas con el FMI para “optimizar” empresas públicas, “monetizar” activos públicos (privatizaciones), “mejorar los términos y las condiciones en la contratación pública de bienes y servicios”; “actualizar las tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas” (electricidad, por ej.); independencia del Banco Central (contrariando lo que dispone la Constitución), resilencia del sistema financiero, promover el emprendimiento y libre mercado (modelo contrario al contenido en la Constitución).
Y la experiencia histórica latinoamericana con este tipo de políticas es nefasta: solo logran afirmar un capitalismo “salvaje”, con mayor concentración de la riqueza en elites económicas y agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Es lo que ocurrió en Ecuador con las 16 Cartas suscritas con el FMI entre 1983 y 2003 y con el modelo empresarial construido en esa misma época. La “desestabilización” social, económica, política e institucional, no proviene de quienes las resisten, se movilizan y protestan contra ellas.
