El día de ayer el gobierno de Lenin Moreno se demostró como un régimen represivo con varios hechos de violencia policial perpetrado en contra de ciudadanos que manifestaban su desacuerdo con las medidas económicas decretadas por el Presidente.
En horas de la mañana en las calles del Centro Histórico, efectivos de la policía protagonizaron actos represivos en contra de periodistas de diario El Comercio, El Universo y El Expreso. Las imágenes fueron registradas por un grupo de fotoperiodistas que cubrían la información. El colectivo de periodistas Espejo Libertario difundió una declaración condenatoria a la represión oficial en contra de comunicadores profesionales. En su parte esencial la declaración manifiesta: “Ante ésta situación, el Colectivo Espejo Libertario, expresa su firme repudio a tales actos que limitan el trabajo de los comunicadores y de todos quienes tienen en sus manos un dispositivo digital con el cual pueden dar cuenta de los hechos, en los medios masivos o través de las redes sociales”.
Precisamente, la tecnología digital permitió registrar impactantes imágenes de represión policial, como es el caso de un efectivo motorizado en moto que arremete y atropella, deliberadamente, a un ciudadano que manifestaba su disconformidad con las medidas económicas planteadas por el régimen.
Lo inaceptable es que la vocera del régimen, ministra de gobierno Maria Paula Romo, responsable de la administración de la fuerza pública, no se ha pronunciado rechazando los exabruptos callejeros de los elementos policiales, no ha identificado a los autores materiales de la represión, y en cambio se dedicó a difundir las medidas adoptadas por el régimen y a justificar la acción policial.
Un Estado de derecho en una sociedad democrática ve socavar sus bases cuando el Gobierno asume acciones represivas, antidemocráticas, protagonizadas por los organismos del orden que deben precautelar la seguridad ciudadana y no arremeter en contra de población civil desarmada.
La declaraciones de diálogo son nada más un eufemismo que no se observa en la práctica, de parte y parte. Se ha perdido la confianza en el régimen y el gobierno no cree en la ciudadanía. El primer mandatario justificando las medidas de fuerza, dijo: “Después de que se declaró el estado de excepción, el accionar ha sido bastante efectivo y controlado”. Y advirtió a los opositores: “A esos golpistas les digo que les vamos a decir no, el Ecuador les va a decir no, así que mejor acójanse a las consecuencias”. Finalmente aludió a un diálogo de sordos: “Nosotros hemos agotado el mecanismo de diálogo, venimos dialogando hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad”.
El primer mandatario declaró que “presume un intento de desestabilización”. El presidente no logra entender que el malestar popular es por las medidas que aplica el gobierno, respondiendo al FMI, y que no está dispuesto a revisarlas. No se trata de un golpe desestabilizador que es reprochable desde todo punto de vista. Se trata de reclamar dentro de la democracia con argumentos que no están siendo escuchados. Mientras tanto, las medidas oficiales de fuerza no han logrado restaurar el orden ciudadano. El régimen está en la obligación de hacer restablecer el diálogo y los dirigentes de las protestas en la obligación de sentarse a intercambiar criterios para restablecer el orden de inmediato. Caso contrario, la violencia es una escalada de imprevisibles consecuencias.
Un elemento que resulta incomprensible es el rol de los medios de comunicación, alineados con las medidas oficiales. No analizan, no cuestionan y no denuncian la agresión a sus propios reporteros por parte de la policía. Y la mentada Sociedad Interamericana Prensa, SIC, organismo patronal de la comunicación, no ha dicho esta boca es mía en el caso de las evidencias fotográficas irrefutables que muestran a las claras la represión policial contra la prensa en Ecuador.
No hay duda de que las acciones violentas perpetradas por el régimen en contra de sus opositores, hablan de una debilidad política evidente, y de una falta de capacidad para resolver mediante el diálogo el malestar popular causado por sus decisiones que no tienen asidero en la realidad nacional y que motivan el rechazo popular.
La política tiene diversos medios de expresarse. Quienes piensan en la aventura de provocar un clima de ingobernabilidad para adelantar elecciones presidenciales y así dar paso a un determinado candidato es una aventura inviable, fruto de la calentura, inmadurez y oportunismo político. La democracia indica que el régimen debe terminar su período para el que fue elegido y los aspirantes al sillón de Carondelet deben presentar proyectos políticos viables para el 2021 que reflejen aspiraciones y necesidades populares. El pueblo como siempre tiene la última palabra, que no debe ser silenciada con represión injustificada bajo ningún pretexto.
