Como en el cuento del lobo, se decía el lobo viene…el lobo viene, y cuando el lobo llega no es lo que se esperaba. Las medidas económicas tan mal promocionadas por el gobierno nacional en boca de su vicepresidente, ayer causaron sorpresa porque no fueron tal y cual nos advirtió Otto Ramón Sonnenholzner “pidiéndonos comprensión”.
Ayer, en un tono circunspecto, Lenin Moreno leyó el recado de sus ministros del área económica para anunciar lo que rehusó llamar “paquetazo” y se refirió en cambio como un conjunto de medidas que, según el libreto propagandístico oficial, pretende “proteger a los pobres y la búsqueda del crecimiento económico”. En concreto “apuntan a disminuir el gasto público, reactivar el sector productivo y generar nuevas fuentes de empleo”, según la versión gubernamental.
En síntesis, lo anunciado ayer por el presidente Lenin Moreno en torno a las medidas, se resume en lo siguiente: Se elimina el subsidio a los combustibles, gasolinas extra, Ecopaís y diésel, y su precio al consumidor se fijara según el valor internacional del petróleo. Se mantiene el valor del IVA en 12%. Aproximadamente 300.000 familias se sumarán a los programas de transferencias sociales que ofrece el Gobierno, a través de bonos. Se reducen aranceles para maquinaria, equipos y materia prima para el agro y la industria, incluido el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Se eliminan impuestos que actualmente rigen para la importación de bienes de tecnología, como teléfonos celulares, computadoras y tabletas. Se plantea una rebaja 10% de los impuestos gravados a los vehículos de un valor menor de $ 32.000. Se elimina el anticipo al impuesto a la renta. En materia laboral las medidas suponen: Los contratos ocasionales se renovarán con el 20% menos de salario. Los empleados públicos, excepto la fuerza pública y prestadores de servicios sociales, tendrán 15 días de vacaciones en lugar de 30. Los trabajadores de las empresas públicas deberán aportar con un día de su salario. Los actuales trabajadores en relación de trabajo, mantienen sus beneficios resguardos por la ley actual. Se da lugar a nuevas modalidades de contratación para quienes inician un emprendimiento, contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad o por enfermedades catastróficas. Y se brindarán facilidades para la aplicación del teletrabajo y se establecen contratos con período determinado.
Reacciones
Las reacciones de diversos sectores no se hacen esperar a pocas horas del anuncio oficial sobre medidas que buscan estimular la economía y crear fuentes de trabajo. Patricio Alarcón, presidente la Cámara de Comercio de Quito, fue enfático en manifestar que con las medidas económicas anunciadas por el gobierno “no vemos cómo esto va ayudar a la competitividad del sector productivo que es quien genera 9 de cada 10 plazas de trabajo”. Y expresó, además, la gran aspiración de los empresarios, la reducción de impuestos: “las empresas del país son las que más pagan impuestos y hay que ayudarlas”, señaló el dirigente empresarial de los comerciantes.
El representante de los industriales, Pablo Zambrano, Presidente de la Cámara de Industrias, exigió que el Gobierno, a más de la Ley de Fomento Productivo, “debe presentar un programa económico. “Este debe contener medidas que garanticen la sostenibilidad económica, y así generar la confianza en el sector productivo”, manifestó.
El régimen, por su parte, mandó a tres de sus ministros al set de la televisión pública a exponer más argumentos en favor de las medidas. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, expresó que el plan económico asegura el deseo del Ejecutivo: blindar la dolarización. “El dólar es el recurso o activo social más importante que tenemos los ecuatorianos”, dijo el ministro y sobre las reformas laborales propuestas por el Ejecutivo, señaló que son “positivas”, porque van a “sincerar” la economía nacional. En cuanto a la eliminación del subsidio a los combustibles, Richard Martínez, considera que “no está bien que el Estado regale plata cada vez que se tanquea el carro”. Por su parte, el secretario Particular de la Presidencia de la República, Sebastián Roldán, dijo que las medidas decididas por el Presidente Moreno, son “para cambiar al país”. La propuesta de reformas laborales preserva los derechos de los trabajadores y permite la facilidad de contratos de trabajo para los que no tienen, concluyó Roldán.
A todas luces la medida que más impacta en la “reducción del gasto público” es la eliminación del subsidio a los combustibles que genera un ahorro anual de 1.300 millones de dólares al Estado, según el Gobierno.
LAPALABRABIERTA realizó una investigación acerca del impacto social de esta medida y estableció lo siguiente.
Históricamente los subsidios se establecen como una ayuda económica que el sector público ofrece a sus ciudadanos, con el propósito de satisfacer diversas demandas, individuales o colectivas, utilizándolos como instrumento de política de desarrollo. Ecuador ha brindado, desde el año 1974, a quienes residen en su territorio, un subsidio por el uso de combustibles fósiles, cuyo valor por galón ha ido variando cada mes y cada año, dependiendo del valor internacional del barril de petróleo y al costo de sus derivados.
Según datos del Observatorio de Política Fiscal, entre los años 2007 a 2017 se gastaron aproximadamente $ 45 mil millones en subsidios para combustibles, en tanto, en el mismo año se invirtieron $ 18 mil millones en salud y en educación $ 40 mil millones. El subsidio a los combustibles en Ecuador supera históricamente en monto a todos los demás subsidios. Un estudio realizado por el Banco Mundial (BM), señala que el promedio del precio de la gasolina en la región, es de USD 4,83 por galón, mientras que en el mundo es de USD 5,32 dólares por galón. Las cifras permiten deducir los montos del subsidio a los combustibles, dado que en Ecuador se producen, aproximadamente, 1,6 millones de barriles de gasolina extra y 500.000 barriles de súper, fabricados gracias a la importación de 1,28 millones de barriles de nafta.
Impacto social
El primer impacto social inside en el precio de los combustibles a los consumidores de gasolinas extra y extra con etanol (eco) y el diésel que deberán pagar más al tanquear sus vehículos. Por ejemplo, en la gasolina extra el precio subsidiado es de $ 1,6 el galón y sin subsidio será de $ 2,2. El diesel con subsidio cuesta $ 0,9 el galón y sin subsidio sube a $ 1,8. Es necesario señalar que estos precios de venta al público son referenciales, y cada distribuidora de combustibles podrá fijar diferentes valores por galón, dependiendo del margen de ganancia que quiera obtener. Los precios quedan liberados. Todos los ciudadanos que tanquean su carro pueden verificar el subsidio recibido en su factura. Como ejemplo, una persona que paga $ 15 de gasolina, recibe $ 4,35 de subsidio.
Sin duda, las consecuencias sociales que tiene la eliminación de los subsidios a los combustibles en el Ecuador, considerando el gas, el diesel y la gasolina que se comercializa, son importantes. La medida impacta en los precios actuales y en la economía de las familias porque es una medida inflacionaria que dispara especulativamente los precios del resto de productos de consumo masivo.
La eliminación del subsidio a los combustibles afecta directamente a los propietarios de vehículos privados y de transporte público. En el país hay, aproximadamente, 1’965.538 carros livianos y 301.806 vehículos comerciales que se dedican al transporte urbano y de carga que reclamarán incremento del costo de sus servicios de flete.
En encuestas de opinión los propietarios de vehículos han rechazado la medida y se manifiestan muy en desacuerdo con la eliminación de los subsidios a los combustibles líquidos, sea este gasolina super, extra o diesel. Un total del 57% de los entrevistados manifiestan que de darse esa decisión económica política el costo de la vida se incrementaría a la par.
La investigación señala que los subsidios de combustibles representarán hasta el 2021 un monto de USD 4.000 millones y los grupos que se ven más beneficiados son los de la pesca artesanal y el de transporte público y de carga.
El sector sindical alertó sobre los efectos de la medida y se pronunció por la focalización de los subsidios, es decir, aplicarlos para ciertos sectores, más no su eliminación total. Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, señaló: “Demandamos del Gobierno un estudio serio y la aplicación de un principio de justicia social para focalizar estos subsidios, en donde las clases pudientes, las grandes fábricas y las grandes empresas del país paguen el justo precio del gas, diésel y demás combustibles”, declaró.
Señaló el dirigente una denuncia conocida a los cuatro vientos: una eliminación generalizada de los subsidios a los combustibles sería parte de una directriz del Fondo Monetario Internacional, FMI.
Nuestra investigación estableció que el FMI tiene 6 argumentos al sugerir al gobierno la eliminación de los subsidios a los combustibles: a) establecer un plan integral de reforma del sector energético, con consulta a los afectados; b) una campaña informativa extensa, indicando el efecto de los subsidios y mejoras en la transparencia presupuestaria; c) aumentos de precio graduales que pueden, además, distribuirse entre los diversos productos; d) mejora en la eficiencia de las empresas estatales para reducir los subsidios a los productores; e) medidas de compensación específicamente dirigidas hacia los sectores de menores ingresos; f) reformas políticas que despoliticen los precios de la energía, como mecanismos automáticos de ajuste de precios en función del precio internacional del crudo.
Aquello tiene un costo político importante. Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, alerta que Ecuador busca la ayuda del FMI, el cual siempre recomienda eliminar los subsidios. Y advierte que es posible que acepte hacerlo por la compleja situación económica. Sin embargo, reconoce que el riesgo político es alto: “El Gobierno corre un riesgo porque el pueblo está acostumbrado a estos subsidios”. Por su parte, el Banco Mundial, recomienda que este es “el momento justo para revisar los subsidios y con ello atenuar el déficit fiscal”, liberar los recursos para programas sociales y disminuir el desperdicio de combustibles.
Más allá de los argumentos a favor o en contra de la medida, o de la propaganda oficial, lo cierto es que la razón principal de la existencia de un subsidio en Ecuador es que aunque somos un país petrolero se requiere cubrir la demanda interna de gasolina y diésel con importaciones.
Sin embargo, el pueblo no tiene porque pagar de su bolsillo esa medida macroeconómica, peor aun en las actuales condiciones de crisis del país. En cada hogar la medida impactará en el plato de comida y en la adquisión de vestuario, medicinas, vivienda, educación, distracciones entre otros rubros domésticos. Por ejemplo, el consumo de gas casero constituye uno de los aspectos más sensibles de la economía nacional en cuanto al impacto social doméstico, pues casi el 100% de los hogares en el país dispone de este tipo de combustible para cocinar. Es tan representativo y vital el impacto social que representa el precio de venta del combustible doméstico que cada vez que el gobierno nacional ha anunciado un incremento en el mismo, este ha sido motivo de protestas sociales y ciudadanas que incluso le costó el puesto a un presidente de la república a su debida oportunidad.
La eliminación de los subsidios a los combustibles líquidos afectaría al pueblo en su nivel de consumo, principalmente por dos razones claras: La relación directa entre precio de venta de combustibles y economía doméstica nos obliga a priorizar el gasto intrafamiliar y redistribuir recursos económicos para suplir necesidades que, obligatoriamente, se verán incrementadas por el impacto social que representaría esa decisión política económica. Un gran número de conductores de vehículos privados se dedican a la prestación de servicio de transporte, “taxistas formales e informales”, lo que los obligaría a subir el precio de sus servicios. En virtud de aquello, y de acuerdo con la información obtenida en la investigación, el 59% manifiesta estar muy en desacuerdo en que su nivel de consumo de gas doméstico se vería afectado.
Los combustibles, derivados del petróleo, siguen siendo explosivos en la economía nacional. Y las medidas económicas anunciadas, un componente muy incendiario en la política criolla.
