Al vicepresidente, Otto Sonnenholzner, le toca bailar con la más fea, esta semana que se inicia. Como quien hace el trabajo sucio del régimen, se le ha delegado anunciar el paquetazo de medidas económicas frente al cual ya se puso el parche antes de la herida, pidiendo “comprensión” a los ecuatorianos.
Como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno anunció los pasos dados o que está dispuesto a dar en materia económica. Un acuerdo de largo plazo en el que claramente se apuntala la reducción del Estado y de trabajadores de la burocracia; la disminución de impuestos privilegiando los indirectos sobre los directos; la “urgente reforma laboral”; y un esquema aperturista, bajo la visión neoliberal. Todo lo cual se refiere al “envío de leyes al legislativo para fomentar más empleo, por lo que está casi lista la reforma laboral, aumentar la recaudación tributaria en 1,5% del PIB y mejorar la situación monetaria y financiera”
Sonnenholzner ha explicado que “la única manera correcta de llegar a la meta de controlar el déficit es con más ingresos y reduciendo el gasto”. En un claro mea culpa, el vicepresidente reconoció que “hemos tomado decisiones duras. Hemos desvinculado miles de personas del sector público, sin que colapsen los servicios. Se hizo esa parte. El efecto no es suficiente. Se tomó decisiones en tema de subsidios el año pasado. No alcanza. Si queremos seguir gozando de la dolarización, de la estabilidad macroeconómica, del desarrollo, de la salida de la pobreza, tenemos que hacer más. Hay que hacer más, por eso vienen las medidas de la próxima semana. Espero que la ciudadanía sepa comprender”, señaló en una entrevista televisiva.
Sonnenholzner afirmó que los rubros que se deben cumplir son varios y para eso es necesario reducir el gasto y entre estos enumeró: el pago de 40% al Seguro Social ($ 1.400 millones); pago de incentivos jubilares que no se cumplieron desde 2008 ($ 1.300 millones), altos intereses del mal endeudamiento del Gobierno anterior. A renglón seguido acusó al régimen de Rafael Correa de hacer “lo popular, pero incorrecto”. A través de su perfil de Twitter, la vicepresidencia resaltó que «hemos demostrado que somos un Gobierno que está dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular».
Otra visión del tema
La ciudadanía, no obstante, tiene la percepción de que el gobierno de Lenin Moreno no solo ha hecho “lo impopular” sino, además, “lo incorrecto”. Entre las decisiones incorrectas e impopulares se recordó en redes sociales la remisión de impuestos, lo que significa dejar de cobrar 4.500 millones de dólares a los grandes evasores. Un progresivo endeudamiento sin que aquello signifique inversión en obras. Mayor recesión y pobreza. Reducción del presupuesto a la salud y a la educación. Y despido masivo de trabajadores del sector público entre otras acciones de claro signo antipopular.
Estas acciones señaladas por la ciudadanía se inscriben en una lógica económica neoliberal propia de un régimen que reconoce ser de “los empresarios”. Afirmación que supone la aplicación de medidas economías dictadas o sugeridas en función de los intereses de un sector empresarial.
Este sector empresarial, en la visión analítica de Juan Paz y Miño, apuesta por una renovada visión económica que clama por el retiro del Estado, la privatización de bienes y servicios públicos, la disminución o supresión de impuestos y la flexibilización laboral. En manos de las elites empresariales “desaparecen los logros sociales del progresismo y se afirman las diferencias preexistentes, la inequidad se ahonda, crecen pobreza, desempleo, subempleo, y se reconcentra la riqueza”.
La elite empresarial piensa que para ser eficiente y competitiva, “requiere precarizar y flexibilizar el trabajo, sin que importe el ser humano”, concluye Paz y Miño: El gobierno de Lenín Moreno ha trazado una ruta de políticas económicas en ese mismo sentido y hasta el momento progresa en la disminución de las capacidades estatales y la expulsión de miles de trabajadores del sector público; ha logrado leyes que perdonan deudas, multas, intereses y reducen impuestos; se apresta a aprobar reformas laborales planteadas por el sector empresarial, pese a que violan la Constitución y arrasan con derechos de los trabajadores.
Frente a este panorama, habernos pedido compresión a los ecuatorianos implica que el gobierno, sin tener ya nada más que perder que la credibilidad venida a menos, se pone hoy el parche antes de la herida.
