En una bomba de presión social a la que se busca dar válvulas de escape se ha convertido la migración de venezolanos a territorio ecuatoriano. Lo que en un principio fue utilizado, políticamente, como una forma de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, promoviendo la imagen de una Venezuela caótica, en crisis económica y con flujos migratorios masivos hacia fuera de sus fronteras, hoy se ha convertido en un problema económico, administrativo y humanitario en aquellos países, como Ecuador, que reciben el flujo de venezolanos estimulados a salir de su país.
La reciente exigencia de solicitar visa a venezolanos para ingresar a territorio ecuatoriano y la realización de un tardío censo hablan a las claras que nuestro país recibió la presión migratoria venezolana sin estar preparado y sin aplicar políticas definidas de movilidad humana que recién ahora se intenta corregir.
Esta semana, el presidente Lenin Moreno anunció la firma de un decreto que establece una visa para aquellos venezolanos que deseen ingresar al país como estipula ahora la Ley de Movilidad Humana y además, “regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos venezolanos que se encuentran en el país y que no han violado la ley”, aseguró. El decreto oficial da un plazo de ocho meses, hasta el 31 de marzo de 2020 para la regularización de migrantes provenientes de Venezuela que ya se encuentren en el país, esto previo a un censo voluntario ciudadano que iniciará en los próximos días.
El presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado, señaló que no menos de 200 mil de sus compatriotas deberán regularizar su situación en el país. Pero las dificultades imperan: «Esto se hace vía web y si el sitio no está activo, no se puede tramitar y los pasaportes no llegan en tres meses», manifestó.
Estadísticas oficiales indican que Ecuador registró 1,5 millones de llegadas desde hace cuatro años, un millón desde enero de 2018, y las estimaciones apuntan a que 300.000 venezolanos se encuentran en su territorio.
Promesas presidenciales
Trascendió en círculos oficales que por orden de Lenin Moreno, Ecuador reconocerá la validez de los pasaportes de los ciudadanos venezolanos y sus documentos de identidad hasta 5 años después de expirados, “tal como se lo prometí al presidente Juan Guaidó”, señaló Moreno.
El mandatario dispuso la realización del censo que permitirá tener información y registrar en que condiciones viven los migrantes en Ecuador. La información solicitada busca «saber en dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los venezolanos», y el fortalecimiento de controles en el área laboral para evitar «desigualdades en el derecho al empleo de los ecuatorianos». Además, señaló Moreno, que las autoridades de trabajo deberán reforzar los controles que precautelen la situación laboral de los migrantes.
Para que no quede dudas de que Ecuador destina ingentes recursos al problema, durante la asamblea anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guayaquil, Moreno precisó que el país moviliza unos 500 millones de dólares para dar atención en salud y educación a los migrantes venezolanos.
Otra evidencia es que las autoridades ecuatorianas han venido actuando a la saga de los acontecimientos provocados por la migración masiva venezolana a su territorio. «Necesitamos tener cifras exactas. Hay muchas personas que presumimos han entrado sin los controles, sin los requisitos, sin pasar por las fronteras regulares», reconoció la ministra del Interior, María Paula Romo. Prueba de ello es que calles y parques de las principales ciudades del país están convertidos en sitios de albergue de familias venezolanas que pernoctan a la intemperie y deambulan sus miserias en cada esquina.
La ley migratoria ecuatoriana muestra varios vacíos. En la Ley de Movilidad Humana, no consta la figura de deportación, por ello se esperan reformas. Para evitar la entrada ilegal de migrantes, la policía reforzará los operativos.
La migración venezolana hacia Ecuador, como una bomba de tiempo, ha aumentado al límite la presión social sobre el país.
