No cabe duda que para los instigadores de la “descorreización” del país todo lo actuado no es suficiente en materia de cooptar las instituciones para ponerlas al servicios de sus propósitos. Ahora es imperativo desinstitucionalizar al país arrasando con la Constitución del 2008 que refleja el espíritu y la letra de la época en la que gobernó la revolución ciudadana. Es absolutamente necesario que ese cuerpo constituyente, la carta Magna que rige por sobre todas las instancias legales los destinos del país y que para muchos es considerada la más garantista y reconocedora de prerrogativas ciudadanas, deba ser eliminada en su esencia.
Así lo ha entendido la Corte Constitucional que en sesión del 21 de agosto comienza a fraguar la aniquilación de la Constitución del 2008 en sus aspectos esenciales. La idea es clara y categórica: se trata de generar una reforma constitucional de al menos 77 artículos que entraña el sentido político y social de la carta magna de Montecristi. El inicio del 21 de agosto del cambio constitucional ha comenzado por señalar nuevas reglas del juego parlamentario con una propuesta de un organismo bicameral con plenos poderes. Nueva realidad parlamentaria que tendría que estar sancionada por una consulta popular que dé paso a los cambios sugeridos por la derecha política ecuatoriana, conforme su visión de país e intereses concretos. Una sugestiva salida que deberá contar con el eco de la prensa alineada y con una masiva acción en redes sociales para “convencer” de la novedad propuesta a un país que ha señalado con el dedo del descrédito a las acciones oficiales del gobierno y sus representantes, según encuestas.
El tenor de la propuesta se puede sintetizar en algunos aspectos claves. El organismo electoral sería designado por el poder legislativo que propondrá una terna, de igual modo, un poder contencioso electoral representado por un tribunal ad hoc, tendrá la opción de sugerir nombres para consejeros electorales. En esa elección el Ejecutivo también puede presentar sus candidatos para su ratificación popular. El consejo de la Judicatura, sin independencia, sería nominado por el Ejecutivo, la Asamblea y la Fiscalía. De igual forma, el Defensor del Pueblo sería propuesto por el poder judicial, a través de una Corte de Justicia.
En esencia, los cambios reflejan la cooptación “legal” de todas las instancias del poder del Estado y organismos de control político en un caso inédito en la historia ecuatoriana. Por arte de birlibirloque, la participación ciudadana es eliminada del escenario político nacional. Se busca de ese modo reinaugurar el poder de la partidocracia y el lobby de pasillo para conseguir correlaciones de fuerzas necesarias en las instancias parlamentarias.
Esto en cuanto a la forma, pero en términos de contenidos se trata de una reforma que busca reflejar en la Constitución los intereses de una nueva tendencia política, con sectores oligárquicos a la cabeza, y con mandatos constitucionales sugeridos por empresarios, banqueros y rezagos de las fuerzas políticas más retrógradas del país que desbaraten todo vestigio de cambio social, participación popular y justicia social.
Se trata en definitiva de concebir un nuevo país más excluyente, con masas mendicantes, sin oportunidades para las mayorías, sin democracia real, chapuceando en una crisis económica y social sin precedentes, y lo que es más grave, sin la menor vocación de futuro.
