En un caso de presunta financiación ilegal al partido Alianza PAIS, la Corte Nacional de Ecuador ha dictado orden de prisión preventiva contra el ex mandatario Rafael Correa y ha pedido que se oficie a la Interpol una orden de busca y captura. Esta es la segunda vez que la jueza Daniella Camacho dice haber conseguido pruebas contra el ex mandatario y proceder a sustanciar un juicio contra Correa.
Anteriormente, el lawfare montado en Ecuador a Rafael Correa recibió un duro revés, en noviembre del año pasado, cuando la Interpol rechazó el pedido de la justicia ecuatoriana para que emita una orden de difusión roja en contra del ex presidente que vive en Bélgica. En esa ocasión se lo quiso vincular con el secuestro del activista Fernando Balda ocurrido en Colombia hace siete años. El documento señala que: “tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica del Solicitante, la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de Asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de “respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2 de los Estatutos de Interpol)”.
Esta vez, nuevamente, la jueza se enfrenta a la Interpol que deberá pronunciarse sobre si procede o no detener a Rafael Correa en su domicilio de Bélgica para traerlo a Ecuador. La justicia determina que no puede haber audiencia de juicio sin la presencia del acusado.
El expresidente de la República, Rafael Correa, reaccionó ante la decisión de la jueza Daniella Camacho de ordenar la prisión preventiva en su contra y la de otros exfuncionarios de su Gobierno, como parte del caso Sobornos 2012-2016. Correa dijo: “Esto solo cambiará cuando cambie la situación política del país”. El expresidente manifestó que la justicia debe permitirle defenderse. Incluso dijo que la Interpol ya emitió una alerta roja, por lo que tendrá que -a través de sus abogados- defenderse de la nueva acusación que tiene 11 elementos para imputarlo. Entre ellos, un depósito de 6 mil dólares en su cuenta bancaria. Expresó, además, que para el 2021 aspira a unas elecciones limpias, para la que su agrupación política se está preparando.
El ex presidente manifestó que «es muy grave para Ecuador que Interpol rechace el pedido de detención en su contra y que los derrotará en cualquier instancia internacional donde no existe prensa corrupta y consejos transitorios”-
Ahora, la Fiscalía dice contar con una serie de supuestos indicios documentales que proceden de la asesora presidencial de Correa y su asistente para sustentar la sospecha de sobornos. Entre cuadernos, chats, correos electrónicos, facturas y una especie de bitácora de aportes de campaña y movimientos de dinero dentro de Alianza PAIS, el Ministerio Público ecuatoriano ha esbozado un caso en el que señala a Correa como líder de una “organización criminal” que recibía sobornos de empresas a cambio de contratos públicos. El expediente judicial habla de un supuesto concurso real de delitos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita que suman hasta 15 años de prisión. Daniella Camacho, la jueza, esta vez tendrá que adjuntar pruebas ciertas conta Correa que sustancien un juicio en su contra.
Interpol en acción
Interpol como Policía Internacional, por sus siglas en inglés, usa la notificación roja para proceder a la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales con miras a su extradición. En abril pasado, el proceso contra el excanciller Ricardo Patiño fue uno de los últimos en los que un juez solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol (OCNI) Quito que difunda una notificación roja para que sea detenido en cualquiera de los países miembros de Interpol. En la lista de quienes tienen notificación roja de Interpol hay 288 personas (hasta el 25 de abril pasado), emitidas desde la OCNI-Quito. Entre ellos: Ramiro González, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; el excontralor Carlos Pólit; Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación; Pedro Delgado, exdirectivo del Banco Central; Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, y otros.
La pregunta de rigor es: ¿Puede un organismo policial como Interpol revisar, interpretar y desconocer el dictamen de un juez y en qué circunstancias puede negarse a la detención?
Como es conocido, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) es la organización de policía internacional, con 194 países miembros, y tiene su sede en Lyon, Francia. Su misión es “la comunicación policial para un mundo más seguro y por eso apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional”. Debido al papel políticamente neutral que debe jugar, la constitución de la Interpol prohíbe en su artículo 3 cualquier tipo de relación con crímenes políticos, militares, raciales y religiosos. Su trabajo se centra en la seguridad pública, terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, pornografía infantil, crímenes económicos y corrupción.
