El debate por la prisión preventiva de ex presidente Rafael Correa solicitada a la jueza Daniella Camacho por la Fisca Diana Salazar, está al rojo vivo. Los argumentos de la acusación fiscal se basan en presuntas pruebas recabadas en computadoras, indagaciones, testimonios y declaraciones de testigos.
Salazar afirma que Rafael Correa “disponía, aprobaba, autorizaba la recepción y distribución del dinero captado de esta bien estructurada banda delictiva”. Además, aseguró que dispuso a su exasesora Pamela M. que cree un registro del ingreso de 15 millones de dolares. Según la investigación fiscal “empresas contratistas con el Estado entregaron más de $ 15 millones para las campañas de Correa y de Alianza PAIS”. Una de las “pruebas fue un depósito de $ 6.000 en efectivo en la cuenta de Rafael Correa”. Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, sostuvo que correspondía a un préstamo, el cual fue cancelado totalmente por el exmandatario. ,
La Fiscal Salazar pidió a la jueza Camacho que dictara prisión preventiva contra el exjefe de Estado y que dispusiera la prohibición de enajenar sus bienes. En la audiencia de vinculación, la representante Fiscal solicitó la prisión preventiva del exvicepresidente Jorge G.; de los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís, y del ex asesor del Ministerio de Transporte, Yamil Massuh.
El movimiento Revolución Ciudadana, ante estas circunstancias, hizo circular en redes sociales un documento que contiene las líneas argumentales del correismo en defensa de sus líderes.
En su parte sustancial el documento señala: “El miércoles 7 de agosto se desarrolló la audiencia de vinculación que solicitó la Fiscal General Diana Salazar en el caso que inició como “Arroz Verde” y luego de la reformulación de cargos se denominó “Sobornos 2012-2016”, cuyo resultado ya era previsible: Nunca se vinculó a ODEBRECHT ni a sus personeros (no olvidemos que este proceso inició con una publicación del Portal La Fuente que decía: Odebrecht puso presidente)”.
Los argumentos continúan: “Al inicio del caso “Arroz Verde” se habló de sobornos por más de 15 millones de dólares, sin embargo, la “única” evidencia que presenta la Fiscal General para vincular a Rafael Correa es un préstamo de seis mil dólares. Como lo aclaró el propio Rafael Correa, en la Presidencia, se generó un Fondo Solidario para el que aportaban los funcionarios de la Presidencia y el propio ex mandatario ($380 dólares mensuales) y que servía para apoyos que no podían ser atendidos con fondos públicos.
El movimiento del ex presidente Correa considera que “la verdad es que tras estos procesos hay un solo objetivo: Impedir el regreso de Rafael Correa, ya que según las encuestas revisadas y publicadas en julio (CEDATOS, Perfiles de Opinión o Click) Rafael Correa, si fuera candidato, ganaría las elecciones en primera vuelta”.
La argumentación señala que “estamos ante un nuevo escenario de “lawfare” en el que se busca no solo la derrota sino la eliminación de los adversarios políticos por medios judiciales, esto es la desaparición de la escena política de los “correístas”. Rafael Correa, tiene en curso investigaciones en más de 25 casos, sin que se haya demostrado responsabilidad alguna en ninguna de estas tramas judiciales. En el juicio conocido como “Caso Balda”, la INTERPOL se negó a ejecutar la orden de prisión por considerar que existía un componente político”.
La agrupación Revolución Ciudadana en su documento estima que “no hay duda que este proceso es parte de la Judicialización de la Política, suma la lista de las centenas de investigaciones administrativas que se realizan desde la Contraloría contra varios de nuestros compañeros legisladores y ex funcionarios del gobierno anterior o de los innumerables procesos judiciales que se siguen, violentando en la mayoría de ellos, el debido proceso y abusando de la prisión preventiva”
En conclusión se señala en el documento: Por todas estas consideraciones, es evidente que este nuevo proceso tiene objetivos políticos, entre ellos, impedir el retorno de Rafael Correa y perseguir a la Revolución Ciudadana. Nuestra posición sobre estos temas es muy clara: Que se investigue todo y a todos (recién hubo elecciones y nadie habla de los gastos millonarios de otras agrupaciones políticas). Todas y todos tienen derecho al debido proceso. No solo tomando como base las delaciones de quienes se benefician de las mismas, un Excel o un cuaderno, sin contrastar ni desarrollar investigaciones con un mínimo de imparcialidad. Además, este proceso es auspiciado e impulsado por los grandes medios de comunicación que ya sentenciaron, antes de cualquier proceso judicial y ahora buscan ejecutar sus penas”.
