El fin de la Supercom era la crónica de una muerte anunciada en la Ley de Comunicación. Este proceso culminó luego de que las reformas a la ley de comunicación (LOC) que aprobó la Asamblea en diciembre del 2018 dispusieron la eliminación de la entidad que fue creada en el 2013 por el régimen anterior. Se pone fin al principal instrumento que regulaba la acción de los medios de información. Fueron 88 juicios que tenía la Supercom en coactivas para cobros de multas a los medios sancionados que se extinguieron por el cierre de la institución. La Contraloría del Estado, difundió que el monto de las multas condonadas asciende a $ 631.000. Desde el inicio de la gestión de esta estructura, se abrieron 1.188 procesos administrativos contra diferentes medios de comunicación a nivel nacional, de estos 706 terminaron en sanciones y 428 fueron multas con lo que se recaudó $ 879.187.
El plan de liquidación se ejecutó en tres etapas con la evaluación del personal, el cierre de las siete zonales y el traspaso de todos los bienes al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). Además el edificio y los equipos de monitoreo pasaron al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom). Esta acción forma parte del plan de cierre que se ejecuta en la institución, según lo dispone la Reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), publicada en el Registro Oficial 20 de febrero de este año. Esta normativa dispone la liquidación de la entidad en un plazo máximo de 180 días desde dicha fecha. Se confirma de este modo que la presión ejercida por las empresas mediáticas rindió sus frutos y el Estado aceptó la disolución, luego de implementar una campaña para reformar la Ley de Comunicación.
Más allá de la polémica levantada en torno a las sanciones aplicadas a los medios que incumplieron la Ley, el Estado renuncia a ejercer regulación y control sobre una actividad tan sensible como es la comunicación que tiene que ver con un servicio público que debe garantizar el derecho a los ecuatorianos a estar bien informados. Esta situación es un signo de los tiempos que vive el país, caracterizados entre otras cosas por la desregulación a la gestión de las empresas privadas y a una reducción del rol estatal en el ejercicio de la administración de justicia. Refleja además, la correlación de fuerzas imperante en el país con la existencia de un régimen que se autodefine como “gobierno de los empresarios”.
No deja de ser significativo que el país elimine la instancia de regulación de la actividad informativa que, sin perjuicio de la libertad de expresión, busca normar el ejercicio profesional de la comunicación y la gestión privada de las empresas mediáticas en tiempos en que los excesos de los medios informativos y la comprobada existencia de linchamiento y acoso mediático es una realidad innegable en el país.
Sin duda, los sectores empresariales de la comunicación consideran un triunfo político y económico la puesta a fin de la Supercom que durante seis años ejerció y administró la ley que, según los propietarios de las empresas mediáticas, restringió su acción informativa y su práctica política como actores que asumieron en su momento la representatividad ideológica y comunicacional de los intereses de la oposición al gobierno de Rafael Correa.
La medida, además, se enmarca en el proceso de desinstitucionalización emprendido por el régimen actual en contra de todo lo actuado por el gobierno anterior, en materia de implementar seguridad jurídica y ordenamiento institucional en el país. El fin de la Supercom es el triunfo del libre albedrío informativo y la derrota de un derecho ciudadano a ser protegido por el Estado frente a la arbitrariedad privada en materia de comunicación.
