No hay plazo que no se cumpla, dice el adagio popular, y ese plazo se cumple hoy para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, que deberá rendir cuentas en la Asamblea Nacional ante sus interpeladores, cuando José Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio deban presentar sus pruebas de descargo en la comisión legislativa de Fiscalización. La citación está prevista para que los consejeros presenten sus argumentos dentro del juicio político instalado por los asambleístas Jeannine Cruz Vaca, Raúl Tello Benalcázar y Fabricio Villamar Jácome.
Más allá de los protagonistas de este hecho, lo que importa es saber qué representan los enjuiciados y qué significado tiene en la política criolla el juicio instaurado. La subjetivización de la política hace enfocar en sus nombres el proceso como un hecho personal que solo afecta a ellos, pero en el trasfondo existe un proceso político de mayores consecuencias. Al enjuiciar y destituir a los 4 consejeros del CPCCS se está dando un golpe letal a la institucionalidad del país representada en la posibilidad de que estos cuatro miembros del Consejo revisen lo actuado por el anterior CPCCS transitorio que procedió -a cuenta de “descorreizar” el país-, al nombramiento de representantes de cortes, comisiones e instituciones alineadas con el actual gobierno en su afán de buscar motivos legales y políticos para enjuiciar, destituir y bloquear la acción política de militantes y simpatizantes del correismo.
La causa aparente del juicio puede ser otra, según lo anuncia la prensa. De hecho a José Tuárez, actual presidente del CPCCS, se lo acusa de “presentación de documentos falsos, de pertenecer a una orden religiosa y de proselitismo político”. Mientras que a los otros tres consejeros se les impugna “haber dispuesto la conformación de una comisión especializada para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional”.
Para consumar la sentencia de culpabilidad y su ulterior destitución se requiere la mitad más uno del cuórum total de la Asamblea Nacional, es decir 70 votos, que según dicen los interpelantes ya se consiguieron.
En declaraciones a la prensa, el sacerdote Tuárez anunció que sí asistirá a la convocatoria de la Comisión legislativa y calificó al juicio como “una persecución política y mediática”, por tanto, en caso de ser declarado culpable acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con una denuncia pertinente.
El revés de las cosas
En el trasfondo del caso subyace una realidad diversa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permanente, decidió revisar lo actuado por la Corte Constitucional, entidad que emitió el fallo a favor de lo hecho por el Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Los funcionarios para el efecto crearon una comisión con cuatro votos a favor y dos en contra. La decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la de revisar lo actuado por el Transitorio, empezando por la selección de jueces de la Corte Constitucional. Esto significa que lo actuado por el Consejo transitorio queda sin efecto, contrariando los planes del gobierno de Lenin Moreno en su afán de contar a su favor con instancias legales para enjuiciar a los correistas. Vale recordar, además, que la Corte Constitucional había “blindado” a los transitorios para salvar al organismo de todo tipo de cuestionamientos y revisión de lo actuado al mando del difunto doctor Trujillo.
¿Por qué se forcejea por el control o eliminación del CPCCS? ¿Por qué se quiere destituir a José Tuarez, presidente del Consejo, qué sabe este sacerdote que no se debe saber públicamente? Según el analista Diego Delgado, en declaraciones anteriores para el portal Ecuadorinmediato, señaló: “Tuárez indicó que va a investigar. Está anunciándose, por ejemplo, la entrega de las centrales hidroeléctricas, a través de Santiago Cuesta. Leí que empezarán entregando Sopladora, Banco del Pacífico. Está aprobada la venta de TAME y de la flota petrolera ecuatoriana”, dijo Delgado, al precisar que la privatización es el trasfondo de este asunto. Delgado insistió en que “ningún partido en la Asamblea quiere proponer la derogación de las Leyes que permiten la transferencia de bienes públicos. “Ese es el verdadero trasfondo”, dijo. Delgado analizó que “todo lo que acontece es a raíz de una declaración de Tuárez en la que dice que va a presentar la denuncia de INA Papers en la Fiscalía, eso significa que el Presidente de la República podría verse involucrado porque esa denuncia trascendió a la prensa y a los periodistas investigadores” y porque el sacerdote habría dicho que “no existe ningún orden de documentación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio”.
En la realidad se quiere hacer desaparecer al CPCCS porque en la elección del 4 de febrero del 2018 se lo “empoderó de todos los poderes” para que actuara, sin obstáculos, en su tarea de crear las condiciones legales, institucionales y políticas para arremeter contra los vestigios del correismo. Tal es así, que el fallecido doctor Julio César Trujillo, en su momento de fulgor político, provocó desde ese organismo todas las influencias que su envestidura, supuestamente, le permitía para formar su equipo, su gente y sus relaciones de poder. Un poder transitorio, pero omnipotente, que se convirtió en intocable. El pequeño detalle es que ahora ese CPCCS ya no es servil al gobierno. Hoy los cuatro miembros de ese Consejo que han osado cuestionar lo actuado por el anterior transitorio han firmado su sentencia de muerte política e institucional.
Ecuador se juega un proceso en el cual queda por ver de qué manera la derecha política del país adviene al poder sin intermediarios. Está en juego, al menos la posibilidad, de una década futura de un potencial gobierno liderado por Jaime Nebot, quien debe superar los escollos electorales que tiene en la sierra. Para eso necesita un capital político que, al parecer, se lo tiene que conseguir con o sin apoyo del gobierno de Moreno, que no tiene mucho que ofrecer, según las encuestas. Mientras tanto, las otras fracciones de la derecha -Lasso y la banca, empresarios y adláteres- intentan la forma de no quedar fuera del juego por eso buscan el necesario protagonismo en la real politik, impulsando el juicio político en contra del CPCCS y sus cuatro acusados en la Asamblea Nacional.
El país debe tener claro que más allá de la política subjetivizada en personas, chivos expiatorios de causas mayores, es necesario detectar qué hay en el subsuelo de los hechos y saber identificar lo que realmente está en juego.
Tristán Tzara tenía razón al sugerirnos -y “no es que esté loco”- ver “el revés de las cosas y multiplicarles el porvenir”.
