El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permanece en el ojo del huracán político en lucha por el poder. Eso resulta ser a partir de la disposición fiscal de iniciar una investigación previa contra los consejeros José Tuarez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chala. La resolución fue adoptada luego de analizar las denuncias penales que presentaron Unidad Popular, el Colegio de Abogados de Pichincha y los asambleístas Jeannine Cruz, de CREO y Raúl Tello, del Bloque de Acción Democrática Independiente, contra los cuatro consejeros. Los mencionados miembros del CPCCS son acusados de «incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), al pretender revisar lo actuado con el CPCCS Transitorio».
Esto es una clara demostración de que el mentado CPCCS se ha convertido en el cuervo que está sacando los ojos al gobierno de Moreno. Un cuervo criado bajo el amparo de J. C. Trujillo para desbaratar institucionalmente al país bajo la figura de “descorreizar” al Ecuador. Vale recordar que la Corte Constitucional les había “blindado” a los transitorios para salvar al organismo de todo tipo de cuestionamientos y revisión de lo actuado al mando del difunto doctor Trujillo.
En tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) permanente decidió iniciar sus revisiones con la Corte Constitucional, entidad que emitió el fallo a favor de lo hecho por el Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Los funcionarios decidieron crear una comisión con cuatro votos a favor y dos en contra. La decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la de revisar lo actuado por el Transitorio, empezando por la selección de jueces de la Corte Constitucional.
La ministra del Interior, Maria Paula Romo, se pronunció al respecto, diciendo: “Desde el punto de vista de la política y de la legalidad, el CPCCS ha cruzado la línea de incumplir al desacatar una sentencia de la Corte Constitucional y eso tiene consecuencias legales”. Además amenazó que si se pretende desestabilizar al país «tendrán un respuesta política». ”.
¿Qué hay en el fondo del tema y por qué se forcejea por el control de ese organismo, CPCCS, supra poderoso? ¿Por qué se lo quiere destituir al cura José Tuarez, presidente de Consejo, qué sabe el sacerdote que no se debe saber públicamente?
Según el analista Diego Delgado, en declaraciones para el portal Ecuadorinmediato señaló: “Tuárez indicó que va a investigar. Está anunciándose, por ejemplo, la entrega de las centrales hidroeléctricas, a través de Santiago Cuesta. Leí que empezarán entregando Sopladora, Banco del Pacífico. Está aprobada la venta de TAME y de la flota petrolera ecuatoriana», dijo Delgado, al precisar que la privatización es el trasfondo de este asunto. Delgado insistió en que “ningún partido en la Asamblea quiere proponer la derogación de las Leyes que permite la transferencia de bienes públicos. “Ese es el verdadero trasfondo”, dijo.
Delgado analizó que “todo lo que acontece es a raíz de una declaración de Tuárez en la que dice que va a presentar la denuncia de INA Papers en la Fiscalía, eso significa que el Presidente de la República se podría ver involucrado porque esa es la denuncia que hicieron los periodistas investigadores” y porque el sacerdote habría dicho que “no existe ningún orden de documentación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio”, estas dos cosas, serían el origen de una cobertura en medios “inusual” que “predispone a la ciudadanía para que lo lógico sea sacar a Tuárez”.
El analista señaló que “el CPCCS tiene un amplio poder para solicitar información y que una de sus atribuciones es solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos”. Delgado explicó que quien no cumpla con estas solicitudes, podría ser sancionado “con pena privativa de libertad de 1 a 3 años de acuerdo al Código Integral Penal”, según Delgado “este sería el origen de los problemas”. Pero, además, concluyó en que de acuerdo con el orden constitucional el CPCCS tiene la obligación de investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, entre otras atribuciones y explicó que el CPCCS “tiene la obligación de actuar en estos casos” y añadió que “no puede no actuar”.
El país está en presencia de una lucha por el poder entre el CPCCS, la Asamblea Nacional y la ministra del Interior, pugna que tiene la apariencia de querer controlar el organismo supra poderoso que es el mentado Consejo. El CPCCS es un cuervo criado e incubado en la consulta popular del 4 febrero del 2108 con “todo el poder para el consejo”, con supra atribuciones políticas y administrativas sobre el aparato del Estado. Su presidente, el doctor Julio César Trujillo, provocó desde ese organismo todas las influencias que su envestidura, supuestamente, le permitía para formar su equipo, su gente y sus relaciones de poder. Pero ese poder fue transitorio como todo en la vida y el Consejo definitivo toma la decisión de revisar lo actuado pero los intocables, incuestionables por acuerdo de la Corte Constitucional que los blinda contra viento y marea. Y quien se atreve a tocarlos se pone en serio peligro de ser llevado a la cárcel. Es decir, los intocables forman parte de esa pléyade de ciudadanos que no están sujetos a la fiscalización de nada ni nadie. Todo eso con la venia de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior.
Al menor intento de cuestionar aquello se generó la reacción iracunda de asambleístas y de la propia ministra del Interior, amenazante. Esa es la ralea política que vive del escarnio, de la amenaza, que vive de la influencia creada entre gallos y media noche, vive del pasado sin futuro.
Es hora de que el Ecuador reaccione y exija control a los consejeros transitorios, ninguna corte es intocable, y la Asamblea Nacional no puede ser cómplice de un despropósito de amenazas y amedrentamiento político. Eso no es democracia, eso no es civilizatorio. Eso es un remedo de represión al más puro estilo de las dictaduras tercermundistas aupadas desde la ausencia de ley y de voluntad política popular para rechazar con decisión ese exabrupto del poder excedido.
