A propósito del hermetismo que rodea ciertos hechos que dejan de ser difundidos por la prensa -Ina Papers por ejemplo- y el “ruidoso” silencio de los medios, uno de los síntomas de descomposición social de un país que vive la democracia formal es, sin lugar a dudas, la desinformación. Una práctica silente ejercida por los grupos de poder valiéndose de las empresas mediáticas que agendan determinados temas de su interés en detrimento de asuntos que debe conocer la comunidad. Es en las salas de redacción donde se cocinan temas que para la agenda temática indispensable para cualquier sociedad no deberían ser un enigma indescifrable. Toda sociedad que juega el juego de elegir a sus representantes tiene el derecho y el deber de saber qué pasa en verdad con la economía, no como la trama de negociados procaces culpables de la miseria, sino como la realidad cruda y dura del paradero de las riquezas producidas por la sociedad. Y sobre eso reina la inanición informativa, según apunta el investigador Fernando Buen Abad.
Para el comunicador cubano “no hay territorio que no requiera saber, con nitidez escrupulosa, qué hacen los “políticos”, no por el entramado tóxico del tráfico de influencias, favores u odios entre ellos, sino por la calidad y la cantidad de los problemas sociales que deben atender bajo mandato democrático”. No obstante, no es del todo posible puesto que “lo que se publica -o lo que se silencia- tiene la marca de los grupos de “inteligencia”, públicos o privados, que operan dentro y fuera de los medios de información. Ahí se cuecen los datos, su extensión, su profundidad, su calidad y su cantidad. Ahí se definen los temas y se define el “canon” informativo obligatorio que una sociedad requiere para su desempeño cotidiano».
En ese sentido el régimen -y más aún en el ordenamiento social nuestro- bajo el falaz argumento de que la información es “un derecho” transable, ha convertido a la información en mercancía, cuyo mínimo obligatorio de información responde a la lógica de la ignorancia de mercado.
No obstante que hay métodos avanzados para garantizar la información, la niebla de mediocridad y servilismo que cubre a la mayoría de los “medios”, no permite que se conozca la verdad de los hechos que rodean las informaciones cotidianas. Siempre hay algo no dicho, oculto entre líneas.
Buen Abad señala que desinformar “no solo es suspender la transmisión de datos, es también sepultar un canon social informativo obligatorio”. El silencio de omitir información conduce a redactar corpus cercenados de noticias al antojo de una ofensiva contra la consciencia de los interlocutores, para entregarles una visión de la realidad deformada, desfigurada, desinformada, sostiene el investigador. No se trata de una omisión más o menos interesada, no es una “peccata minuta” del “descuido”; es a todas luces una canallada contra el conocimiento, un delito de lesa humanidad. Es como privar a los pueblos de su derecho a la educación, concluye Buen Abad.
Frente a los diversos recursos tecnológicos al alcance de todos los medios informativos, no es excusa la acción deliberada de silenciar lo que ocurre. Y en el hipotético caso de que un medio no se entere por algún motivo de lo sucedido, ese solo hecho va en detrimento absoluto de su credibilidad profesional. La excusa de no saber, de no haberse enterado y no sumir la responsabilidad profesional de informar, es lisa y llanamente sospechosa y atentatoria a los derechos ciudadanos. El Artículo19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
A la vista de temas silenciados que incomodan al poder o afectan la “honra de sus representantes” -como el tema de los Ina Papers-, amerita una evolución jurídico-política hacia una nueva Justicia Social irreversible que tuviera como ejes prioritarios los que competen a la Cultura y a la Comunicación como inalienables. O dicho de otro modo, que nunca más la Cultura, la Comunicación ni la Información puedan ser reducidas, retaceadas ni regateadas por el interés del poder contra las necesidades de la ciudadanía.
