La situación de Julian Assange continua rodeada de hechos que hacen ver que el Gobierno ecuatoriano habría mentido respecto de su seguridad en la embajada ecuatoriana en Londres. La posición oficial ecuatoriana queda en entredicho cuando en las últimas horas dos hechos demuestran la inconsistencia de las declaraciones gubernamentales anteriores. En el contexto de la entrega de Assange a las autoridades londinenses, el gobierno de Moreno manifestó que nunca entregaría a Assange si existiese el riesgo de peligro de su integridad física bajo la figura de extradición a un país (EE.UU) en donde la vida del periodista australiano corra peligro. Incluso se dijo tener la confirmación de Londres de no haber recibido un pedido de esa naturaleza por parte del gobierno norteamericano.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos pidió formalmente al Reino Unido la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo un funcionario estadounidense esta semana. Bajo esa figura, Assange es acusado de “solicitar y distribuir información secreta y de asociarse con la exanalista de inteligencia del ejército Chelsea Manning para hackear contraseñas de computadoras del Departamento de Defensa”. Assange recibió la acusación formulada por el Departamento de Justicia y presentada ante una corte federal en Alexandria, Virginia. Situación que era muy factible de prever, desde el momento en que se anunció una demanda penal federal contra Assange. Bajo esa petición de extradición a los EE.UU, Julian Assange podría enfrentar una condena de 175 años de cárcel, sin descartar la máxima pena capital. La justicia estadounidense lo reclama y lo ha inculpado en virtud de sus leyes anti espionaje. Estados Unidos le reprocha haber puesto en peligro algunas de sus fuentes con la publicación en 2010 por WikiLeaks de 250.000 cables diplomáticos y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
Fuentes periodísticas internacionales consideran que la acusación «es muy reveladora de la naturaleza de todo el caso», puesto que la legislación anti espionaje invocada por la justicia estadounidense es un «marco jurídico arcaico» que «nunca antes se ha utilizado contra un editor y un periodista». Este caso constituye un «momento decisivo para la preservación del periodismo» y «para la libertad de prensa».
En tanto, la situación de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres nunca fue lo que se dijo oficialmente y, por el contrario, siempre estuvo sometido a espionaje audiovisual con cámaras instaladas y micrófonos que habrían registrado sus reuniones y situación de intimidad con sus visitantes. Así se deduce de una nota publicada por el diario español El País que habría recibido de fuentes propias, la información en el sentido de que “tres millones de dolares habría exigido el periodista español José Martín Santos y los informáticos Alejandro Molla y Daniel Sánchez al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por imágenes, videos y documentos relacionados al australiano durante su asilo en la embajada de Ecuador en Londres”.
El periódico español El País confirmó que tuvo acceso “a los audios grabados por la policía de la reunión que Martín mantuvo con representantes de WikiLeaks en el hotel Reina Victoria de Madrid, donde habrían exigido el pago a cambio del material. Esa cita se habría llevado a cabo el pasado 3 de abril, a las 19:00, y terminó con la intervención de agentes de la sección de Secuestros y Extorsiones, quienes capturaron a los presuntos extorsionadores”.
Durante el asilo que duró desde el mes de junio del 2012 hasta el mes de abril del 2019, en que Assange fue entregado por el gobierno ecuatoriano a la policía británica, el periodista habría sido grabado frecuentemente, registrándose reuniones con visitas, conversaciones y documentos de su exclusiva intimidad. Prueba de ello es la grabación audiovisual hecha un día antes de la captura de Martín, en el mismo hotel, donde hubo una cita previa con Kristinn Hrafnsson, editor jefe de Wikileaks, y Aitor Martínez, abogado de Assange, luego de que días anteriores habían ofrecido el supuesto material de la vida del australiano en la embajada a través de Twitter. La grabación policial, detalla diario El País, revela que Martínez cuestionó a los supuestos extorsionadores por la exigencia del dinero. En el material existirían grabaciones de audio y video de Assange “con sus abogados y médicos” captados por supuestas cámaras instaladas en la embajada ecuatoriana. Las imágenes fueron proporcionadas “por alguien dentro de la embajada” -dijo Martin- “no me llegaron de ese alguien, ese alguien se lo da a otra persona que me lo hace llegar a mi”, confirmó. Según trascendió «hacen fotografías de todo, lo escanean y se lo pasan al embajador ecuatoriano para que este revise toda la documentación… ese es su modus operandi«, mencionó diario El País.
Julian Assange procedió a presentar una denuncia en un juzgado y una querella en la Audiencia Nacional contra Martin, los informáticos, personal de la embajada ecuatoriana y miembros de una compañía llamada Promsecurity que hubiera participado en el hecho de espionaje.
La noticia confirma que la situación de Assange durante su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, nunca estuvo bajo adecuadas normas de seguridad y que las promesas de no extradición a los EE.UU, así como la supuesta garantía a su derecho a la intimidad, fueron un argumento falaz del oficialismo ecuatoriano.
