La palabra en inglés lawfare -que aún no existe en el diccionario- pero que tiene el significado de “guerra jurídica” es de reciente acuñación en el lenguaje político. Se la utiliza para describir una forma de “guerra asimétrica” que consiste en el “uso ilegitimo interno, o del derecho internacional con la intención de dañar a un oponente, consiguiendo de dicha manera la victoria en unas relacones públicas, paralizar financieramente a un oponente, o atando en el tiempo a estos para que no puedan perseguir otras empresas como presentar sus candidaturas a cargos públicos”.
En la actualidad se consideran casos representaivos de lawfare los juicios seguidos en contra de los expresidentes Lula Da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kishtner en Argentina. Los dos ejemplos son tan escandalosos en el contexto internacional que hace pocos días el Papa Francisco emitió una declaración, al respecto, en la clausura de la Cumbre Panamericana de Jueces y Juezas en la Ciudad del Vaticano. El jefe de la Iglesia Católica advirtió a los magistrados del mundo: “Aprovecho para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”. El lawfare, -dijo Papa Francisco- además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Consecuentemente, mostró el camino a seguir: “Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.
En el contexto del caso Da Silva, el Papa envió hace un mes una carta al ex presidente brasileño en la que le hacía una premonición: “El bien vencerá al mal, la verdad vencerá sobre la mentira y la salvación sobre la condena”. El mensaje papal es consecuente con aquel gesto que Francisco tuvo en el 2018 cuando le envió un rosario al ex mandatario, a través de Juan Grabois, joven líder de los trabajadores argentinos y abogado cercano a Francisco desde los tiempos de cardenal como Jorge Bergoglio.
La denuncia del Papa ante los jueces católicos del continente americano se inscribe en su defensa de los derechos humanos y en rechazo a la guerra jurídica ejercida en contra los líderes progresistas, de izquierda o menos cercanos a las élites económicas, mediáticas y, aunque no lo dijo, a la embajada de los EE.UU.
Evidencias claves
El gesto del Papa tuvo repercusiones inmediatas. Solo cinco días después de que Francisco pusiera en el tapete el tema del lawfare -que alude indiscutiblemente a los casos de Lula Da Silva y Cristina Fernández-, el periodista Glenn Greenwald, -famoso por haber revelado los documentos de Edward Snowden que demostraron que la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU vigila y espía las conversaciones de todos los habitantes del planeta- publicó en su medio digital The Intercept, cientos de filtraciones de conversaciones entre el juez que mandó preso a Lula -actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro-, Sérgio Moro, y los fiscales de la operación Lava Jato, que demuestran la existencia de un complot entre fiscales, el juez Moro, medios de comunicación y sectores de las élites brasileñas para armarle causas a Lula Da Silva que permitieran apresarlo para impedir que volviera a la presidencia.
Es tan abundante la prueba exhibida por el periodista Greenwald, que Lula ya debió haber salido en libertad en su país. Da Silva puede exponer suficiente material para litigar con éxito contra todo el sistema judicial brasileño y reclamar reparaciones politicas. Se estima, no obstante, que The Intercept solo ha publicado 1% de los materiales filtrados que le hizo llegar una fuente anónima. Glenn Greenwald tiene un enorme peso específico en el mundo del periodismo como ganador del Premio Pulitzer. Sus argumentos son contundentes, Greenwald reveló los chats entre el juez Moro y los fiscales del Lava Jato: las causas contra Lula fueron armadas para impedir que el expresidente y exlíder sindical retorne al poder.
Paralelamente, en Argentina se descubrió hace pocos meses la existencia de una compleja red de inteligencia ilegal – para la extorsión- de empresarios y testigos, agencias secretas locales y de Estados Unidos, periodistas, políticos, ministros, fiscales federales y jueces, destinada a la fabricación de causas que permitieran perseguir a opositores políticos, chantajear imputados, obtener “confesiones” forzadas y, fundamentalmente, dirigir la persecución contra la expresidenta Cristina Fernández y sus funcionarios, para así favorecer al gobierno de Macri.
La denuncia del Papa Francisco en Roma cobra importancia, además, porque deja al descubierto casos de lawfare puesto en evidencia hace años y sobre los que ahora aparecen evidencias indiscutibles. Se trata de la “delación premiada” en Brasil, el “imputado colaborador” o “arrepentido” en Argentina o Ecuador. En estos países se viene haciendo uso y abuso de la prisión preventiva, de la que solo se sale con supuestas delaciones o soplonaje que apuntaran “hacia arriba”. Esta práctica ha llegado al extremo de que, tanto en Argentina como en Ecuador, se sustanciaron causas políticas a partir de cuadernos -o fotocopias- de presuntos apuntes de funcionarios sin rango, como choferes de subsecretarios en Argentina o la exasesora ecuatoriana Pamela Martínez.
La denuncia del Papa y la invocación ante los magistrados reunidos en la Cumbre Panamericana de Jueces y Juezas en la Ciudad del Vaticano, pone al descubierto -con la credibilidad papal- un procedimiento similar en todos los casos de innegable origen estadounidense “en su diseño y planificación”. La guerra sin armas diseñada por los EE.UU es un instrumento de persecución política donde se busca que sectores o líderes de la izquierda queden fuera del juego. El propósito denunciado por Francisco es claro: desarrollar estrategias de lawfare que favorecen al país del norte, por sus consecuencias políticas, en cuanto a la “forma de desprestigiar y perseguir a líderes populares que no están alineados con EE.UU y, por otro, ha sido la forma de debilitar los sistemas empresariales nacionales públicos y privados de los países donde se aplicó, permitiendo que empresas norteamericanas compren a precio vil”.
