Que la cárcel es el reflejo de una sociedad, ya no es noticia. Habría que agregar que el sistema carcelario evidencia el grado de descomposición social de un país. En las condiciones que una sociedad pone a “buen recaudo” a sus infractores, es una radiografía de las entrañas mismas de dicha sociedad. Ecuador no es la excepción. En Ecuador hay 55 centros de detención o cárceles. De este número, 29 son Centros de Rehabilitación Social (CRS) y 26 Centros de Detención Provisional (CDP). Una estadística que data de algunos pocos años indica que el mayor porcentaje de los delitos que se cometen y por los cuales se guarda prisión, tiene relación con cheques y su mal uso. Otro dato señala que el 4 de cada diez reclusos -o como se denominan ahora, PPL- está detrás de las rejas por trafico o tenencia ilícita de drogas. Casi 12 mil ciudadanos están detenidos por delitos de drogas (narcotráfico, microtráfico, consumidores).
Según estudios “El proceso de encarcelamiento se desarrolla en un escenario pautado por el control y la contención. Se caracteriza por el ejercicio de diversas «tecnologías de poder», que se traducen en múltiples privaciones, rupturas y mortificaciones que sufre la identidad de las personas que son privadas de su libertad y sus seres más cercanos”. El concepto de encarcelar a seres humanos, de alguna medida contradice la cultura actual.
¿Para qué se encarcela a un ser humano, para reinsertarlo rehabilitado a la sociedad o para castigarlo privándolo de la libertad en un acto de venganza social organizada?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dijo ya en el 2012 que “las cárceles en América Latina son un escenario frecuente de violación sistemática de los derechos humanos, con problemas crónicos como hacinamiento, falta de servicios básicos y corrupción, que configuran muchas veces un tratamiento cruel, inhumano y degradante”. Ecuador es un ejemplo de aquello: entre diciembre del 2018 y abril de este año, el hacinamiento pasó del 38% al 40%, información confirmada en mayo del 2019 por la Dirección de Rehabilitación Social. El problema se agudiza en Quito, Guayaquil, Ibarra y Latacunga. Por ejemplo, el Centro de Detención Provisional de El Inca, en el norte capitalino, tiene capacidad para 800 personas, pero actualmente están recluidas 2097. En el caso de Latacunga, la nueva infraestructura carcelaria es para 4.233 internos, pero actualmente alberga a 4.763 personas con y sin sentencia, lo que significa un hacinamiento del 13%.
Dos factores explicarían la causa de la actual sobrepoblación de internos: condenas más fuertes desde la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el exceso por parte de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva. En la actualidad, la población de PPL es de 41 mil en los 55 centros de rehabilitación y detención provisional que hay en el país, se sabe que 25 mil están sin sentencia. En las cárceles se dispone de 1.510 ASP, -agentes de seguridad penitenciaria- eso significa que faltan 2.590 agentes (63,17%) para cumplir la norma internacional. Mientras que en 10 años, el número de personas recluidas se triplicó.
En febrero del 2019, la Defensoría del Pueblo calificó de «insostenible» la situación de rehabilitacion social en el país, principalmente en los tres centros regionales: Turi, Cotopaxi y Guayas, que registran sobrepoblación.
Cárceles en emergencia
En un decreto hace pocas horas el presidente Lenin Moreno ordenó el “estado de excepción” del sistema carcelario ecuatoriano. En corcordancia, ante la crisis que se vive en el sistema carcelario, la Dirección de Rehabilitación dijo que se declarará en «emergencia a todas las cárceles». La medida fue motivada por los hechos de recrudecimiento de la violencia acaecidos durante el año 2019 en los centros penitenciarios del país en los que en menos de cinco meses se han registrado 9 asesinatos al interior de los CRS, equivalente a 2,2 muertes por mes. La Defensoría del Pueblo reveló que hasta esa fecha se registraban 19 fallecimientos entre 2018 y 2019. En los últimos días han ocurrido varios hechos violentos el algunas cárceles del país. El más reciente se suscitó en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil). Se produjo un enfrentamiento entre reos, secuestraron a elementos del GIR y cobró la vida de un privado de libertad: alias ‘El Cubano”. Personal de la Dirección de Rehabilitación indicó que la idea es reducir los niveles de violencia y “pacificar las cárceles”. Datos de esa institución señalan que de enero a mayo de este año se han reportado 15 muertes violentas en los centros carcelarios del país. Las muertes han sido provocadas “por riñas entre bandas que se disputan el control de los pabellones para vender droga y cigarrillos y para proteger a miembros de un mismo grupo, que son detenidos y llegan a las celdas”. Según las investigaciones, la disputa entre Los Gorras y Los Choneros también provocaron que el pasado 13 de abril otras dos personas fueran asesinadas. Otros siete presos resultaron heridos. Una situación similar ocurrió el pasado 7 de mayo en Cotopaxi. Alias ‘Negro Jessy’ fue asesinado a puñaladas por dos detenidos. Actualmente, la Fiscalía investiga si el motivo del crimen fue un presunto ajuste de cuentas y pugnas de poder entre Los Cubanos y Los Choneros.
Lo insólito es que las autoridades han reconocido que el “control de las cárceles”, prácticamente, está en manos de mafias organizadas que operan al interior de los centros penitenciarios. Prueba de ello es que tras la ola de violencia que se desató en las cárceles, las investigaciones determinaron que “80 cabecillas manejaban bandas delictivas en la Penitenciaría de Guayaquil y en las prisiones de Cotopaxi, Turi de Cuenca, Quevedo y Santo Domingo de los Tsáchilas”. Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) recibieron la disposición de vigilar a estos 80 jefes de las mafias y de mantenerlos separados, de acuerdo con su nivel de peligrosidad. Los primeros en ser aislados fueron los que protagonizaron el ataque del 30 de mayo del 2019 en la cárcel del Puerto Principal. Es decir, gente que manejaba a Los Cubanos, Los Lagartos, Los Gorras y Los Choneros.
Ante la pregunta de por qué cada vez que hay un operativo en las cárceles se encuentra drogas, armas y aparatos de comunicación electrónica si se supone que existen «normas de seguriadad», la respuesta oficial es que el propio personal de vigilancia -gendarmería y policía- facilita en ingreso de estos elementos a las celdas. Por ello, en lo que va del 2019 han sido separados 21 agentes por el ingreso de drogas, armas, licor y aparatos tecnológicos. En Guayaquil una ambulancia fue detectada con armas y otros materiales prohibidos ingresando al CRS, por ello son investigadas 26 personas.
El negocio organizado de armas, cigarrillos y drogas es muy lucrativo al interior de las cárceles: por poner un ejemplo, el uso del cigarrillo esta prohibido y eso ha generado la aparición de grupos que venden cada cajetilla entre USD 40 y USD 50. El negocio de la droga es más atractivo. Esto genera la conformación de bandas, según las autoridades.
La calentura no está en las sabanas
Un intento de “solución” para la crisis carcelaria ecuatoriana arranca con reconocer que la calentura no está en las sabanas. El tema -según expertos- no pasa únicamente por las condiciones de seguridad que deben brindarse en los centros carcelarios como un imperativo categórico, sino en lo crónico del problema de fondo, es decir, la forma como se encuentra concebido actualmente el sistema de rehabilitación social en el Ecuador.
Las leyes son claras, pero su aplicación es confusa. El artículo 35 de la Constitución de la República incluye a los privados de libertad dentro del grupo de atención prioritaria, mientras que los artículos 201 y 203 establecen que “la finalidad del sistema es la rehabilitación integral de los sentenciados para reinsertarlos en la sociedad, así como proteger y garantizar sus derechos, priorizando el desarrollo de sus capacidades para cumplir responsabilidades al recuperar su libertad a través de programas educativos, laborales, agrícolas, artesanales, industriales o cualquier otra forma ocupacional”. ¿Pero esto ocurre en la realidad? A simple vista no. El Estado debe reconocer que falta establecer condiciones de inserción social y económica real de las personas, después de haber estado privadas de su libertad.
Un Informe del Comité Permanente de Derechos Humanos sobre el Nuevo modelo penitenciario en Ecuador, el panorama en las cárceles ecuatorianas debe ser cotejado con las garantías que promueven las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, y otras obligaciones en materia de Derechos Humanos, relacionadas con las visitas y trato a familiares, la salud de los reclusos, el contacto con el mundo exterior y el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil. Queda claro en dicho informe “que el progresivo aislamiento carcelario en curso en el Ecuador tiene efectos adversos para la rehabilitación de esta población”. No obstante, la rehabilitación social de un PPL en las cárceles ecuatorianas es un mito. La descomposición estructural del sistema penitenciario ecuatoriano refleja, como un turbio espejo, la descomposición de nuestro propio núcleo social. Las autoridades tienen la palabra para iniciar la transformación del sistema de cárceles en el país que para moros y cristianos sigue siendo un infierno.
