En el Ecuador “garantista”, como lo señala la Constitución del 2008, suceden fenómenos sociales que desdicen de la siuación del país como un territorio respetuoso de los derechos de la condición femenina. Un sistema judicial y un ordenamiento político criollos creados a imagen y semejanza del machismo imperante, hacen gala de discriminación y exclusión de las mujeres ecuatorianas.
La justicia prejuiciosa
Ante la frecuente violencia que la sociedad ejerce contra la mujer en nuestro país, el sistema judicial ecuatoriano no guarda los procedimientos adecuados para evitar la revictimización de las mujeres afectadas de agresión física, maltrato psicológico o violación sexual, quedando en evidencia que los funcionarios judiciales al momento de realizar sus investigaciones incurren en el prejuicio condenatorio de la víctima como culpable de haber sido agredida. La victimización secundaria sucede cuando la mujer realiza una y otra vez las declaraciones, cuando se cuestiona su testimonio, o cuando se le solicita que parte del proceso legal lo hagan las denunciantes.
Esta situación ocurre al momento de los interrogatorios. Por ejemplo, se involucra a la víctima en la pesquisa, solicitándole el número de celular y domicilio del agresor sexual como si eso fuera posible de obtener en determinados casos. Según el Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha, en la mayoría de los casos de violación y abuso sexual, la víctima es tratada como culpable. El interrogatorio incluye preguntas que requieren saber cómo iba vestida, si había injerido alcohol, si la agresión ocurrió de noche o qué hizo la víctima que provocara el ataque. El tenor del interrogatorio hace responsable a la víctima de la agresión como un acto de revictimización constante. Y esto ocurre -según expertos- debido a que el sistema judicial no cuenta con personal especializado para realizar las investigaciones desde una perspectiva de género que respete los derechos femeninos o no se siguen los protocolos establecidos para el tratamiento de casos de violencia contra la mujer.
Según la organización ONU Mujeres, se dan tres categorías de revictimización: estereotipos de género, desconocimiento del sistema procesal y factor económico. En el primer caso se cuestiona a la víctima, corresponsabilizándola y minimizando los hechos. En el segundo, existe desconocimiento de los procedimientos legales y no existe un adecuado asesoramiento jurídico. En el tercer caso la víctima no cuenta con recursos para contratar servicios de acompañamiento en un sistema de salud integral y asistencia psicológica.
A lo anterior se suma la revictimización que hacen los medios de comunicación en sus espacios de crónica roja repitiendo la noticia varias veces con un tono sensacionalista y morboso. Este tratamiento periodístico no guarda la privacidad de la víctima y la expone al escarnio social de un país infestado de prejuicios en contra de la mujer.
La política machista
La indefensión de la mujer en casos de agresión física, sexual o psicológica va en relación inversa a sus derechos de género que deben ser difundidos y defendidos por las mujeres con su activa participación en espacios políticos organizados de la sociedad, si no en las organizaciones naturales de defensa de género. No obstante, sucede un hecho atentatorio: La política es un espacio tradicionalmente machista y excluyente, y los espacios de género son estigmatizados y reprimidos.
La sociedad latinoamericana, y la ecuatoriana en particular, no permitía la opinión militante de la mujer hasta hace algunos años. La mujer no podía optar a cargos públicos y se enfrentaba a insultos, descalificación y desprestigio sobre su integridad sexual, incluso cárcel y muerte. Durante el 2018 en los comicios mexicanos fueron asesinadas 17 candidatas. En 39 países y 42 parlamentos 4 de cada 10 mujeres tiene miedo por su seguridad y la de su familia, un 44% recibió amenazas y 25% fueron agredidas en el Parlamento de sus paises.
Esta dura realidad de la mujer latina, y en Ecuador, doblemente discriminada por la justicia y la política, solo empezará a revertir si la mujer exige sus derechos en las calles, en los espacios académicos, en los espacios jurídicos y en las organizaciones políticas y de género en las que debe participar.
Un cambio cultural no vendrá solo. Se lo debe impulsar desde la lucha callejera, desde la protesta social, desde la militancia activa de la mujer. No basta con reacciones individuales, el problema es social. No es suficiente una sanción moral, es preciso un cambio en las leyes electorales, penales y de género que sancionen con firmeza la discriminación, agresión y violencia contra la mujer. Ecuador tiene mucho terreno que andar todavía en esa dirección.
