Cuando el sistema democrático de representación formal indirecta reconoce sus limitaciones o por la práctica cotidiana desdice de los propios fines para los que fue creada alguna de sus instituciones, estamos en presencia de una democracia fallida. Este parece ser el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, que enfrenta hoy una iniciativa de eliminación a manos de un llamado Comité por la Reinstitucionalización Nacional que impulsará la propuesta que había planteado Julio César Trujillo, ex presidente del CPCCS transitorio, fallecido el 19 de mayo.
Según interpretación política del tema, se trataría de un intento de deshacer una institución que fue creada en el 2008 y posteriormente cooptada por intereses políticos, y que una vez utilizada amerita desecharla. La historia del CPCCS data de la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como una entidad pública concebida en la Constitución de la República del 2008, y que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. En los orígenes del CPCCS , varios opositores al gobierno de Rafael Correa argumentaron que el pleno de este organismo tenía una mayoría cercana al ejecutivo y lo acusaron de manipular los concursos para favorecer al régimen, llegándose a señalar como «deficiente» al proceso de selección de autoridades.
El 23 de julio de 2015, los consejeros para el periodo 2015-2020, fueron posesionados en la Asamblea Nacional. Este proceso no estuvo exento de críticas y sus miembros fueron cesados por medio de la Consulta Popular impulsada por el presidente Lenin Moreno. La consulta dio paso a un pleno de transición el cual se encargaría de “evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo cesado”, pudiendo terminar anticipadamente sus periodos, encargándose también de “organizar concursos públicos de mérito y oposición”, a la vez que surgía una nueva forma de designación del consejo de participación mediante la elección popular. El consejo transitorio inició su trabajo destituyendo a Patricio Rivera, exministro de Correa, de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, mientras iniciaba procesos contra el resto de autoridades que tienen que evaluar y que igualmente habían sido acusadas de supuestas irregularidades.
Según la Fundación Democracia y Desarrollo, el Consejo de Participación Transitorio se estuvo atribuyendo funciones que ni el mandato de la consulta popular ni la Constitución le otorgaron. Bajo el argumento de que tenían “facultades extraordinarias”, los miembros del Consejo actuaron “de una manera altamente discrecional, afectando la institucionalidad y la construcción del Estado de Derecho en Ecuador”. La veeduría sostiene que los nombramientos que realizaron los Transitorios se dieron por fuera de las atribuciones constitucionales, legales y del mandato del referendo del 4 de febrero, ninguno de estos cuerpos normativos les dio la facultad de nombrar titulares “encargados” de ninguna institución, por el contrario, las leyes y estatutos que norman a cada una de estas instituciones determinan los procesos para llenar las vacantes en caso de ausencia definitiva del titular.
El Consejo transitorio no tenía ni tiene facultad para nombrar autoridades encargadas, ni para cesar a autoridades por “incumplimiento de funciones”. Si bien el anexo 3 de la consulta popular fue aprobado por la ciudadanía, esto no les da a sus miembros la facultad para actuar por encima de la Constitución, de los tratados internacionales y las leyes nacionales vigentes. La veeduría de la Fundación Democracia y Desarrollo, advirtió que todas estas acciones abren el camino para que, en el futuro, las autoridades “cesadas” demanden al Estado ecuatoriano, tanto en la jurisdicción nacional como en Cortes internacionales, por una eventual violación a sus derechos y garantías procesales.
Consejo desechable
Cumplido uno de los principales objetivos político del CPCCS transitorio, a saber, la “descorreización del país”, el CPCCS de transición ya no fue necesario para los intereses del proyecto morenista. Las resultados electorales del 2019 dieron una nueva composición política al CPCCS, al punto que su propio presidente el Dr. Julio César Trujillo, inició la campaña de recolección de firmas para su eliminación. En la práctica bajo estas dinámicas, el CPCCS habría sido un mero instrumento de la lucha política luego del advenimiento del gobierno de Moreno.
Su utilización o cooptación, es señal de que las instituciones del Estado ecuatoriano han mostrado total fragilidad, siendo fácil presa de los apetitos políticos. Prueba de ello que ahora el CPCCS está en la mira para ser eliminado del escenario político una vez que ya no cumple las tareas acordes con los intereses del actual régimen. El martes 5 d e junio se conformó un Comité por la Reinstitucionalización Nacional, llamado a ser el sepulturero de un consejo que no garantiza representación ciudadana y no sirve ya para los fines de “descorreizar” al país: «El Consejo debe desaparecer en virtud de esas consideraciones, este comité convoca al inicio de un proceso social y ciudadano para promover que se viabilice la desaparición del Consejo», expresaron miembros de comité. El componente político del mencionado Comité reinstitucionalizador tiene una extraña mezcla de conservadores, socialistas y personajes de desconocido origen ideológico: Simón Espinosa Pablo Dávila, Enrique Ayala Mora, Rosalía Arteaga, entre otros.
En una acción mediática instaron a la sociedad civil a apoyar la iniciativa, crear una propuesta, apoyar en la recolección de firmas, y «convocar a la ciudadanía para que participe a la supresión del Consejo de Participación que vimos que no fue positivo para el Ecuador y que solo acumula poderes”. Los integrantes del Comité reiteraron la necesidad de que el actual CPCCS desaparezca de forma definitiva para que sus atribuciones sean ejecutadas por la Asamblea Nacional.
Este, acaso, sea el último capítulo de la historia de una institución concebida originalmente para dar participación a la ciudadanía y ser una veeduría social, pero que sucumbe ante la voracidad coyuntural de la “clase política” del país en una fallida democracia.
Foto El Telégrafo
