La felonía no viene sola, no sabemos si ésta es causa o efecto de otras defecciones en una cadena inacabable de gestos políticos que se derivan del hecho y la necesidad de tener que justificar los errores.
Dos hechos relacionados por su naturaleza represiva han puesto a Ecuador, frente a sí mismo y ante el mundo, como un país irrespetuoso de los más elementales derechos a la libertad de expresión, a la crítica analítica y al libre análisis de la coyuntura que debe imperar en una sociedad que se precia de ser democrática, incluyente y dialogante.
Los casos de Julian Assange y Ecuadorinmediato tienen una raíz común: el temor del poder a ser descubierto, la necesidad de seguir practicando un simulacro de la política, la incapacidad de autocrítica y de reconocerse así mismo como un ente perfectible.
El caso de Assange pasará a la historia como la confirmación de que en un país sudamericano no se observan los compromisos adquiridos, los acuerdos acuñados en la voluntad politica de Estados que buscan hacer de la convivencia internacional un tema de respeto mutuo entre las naciones, invocando los más caros principios y derechos humanos consagrados en múltiples instancias internacionales, como es el derecho al asilo político.
La crónica es escandalosa: Al periodista australiano Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres y naturalizado ecuatoriano, se le negó ambas prerrogativas por presión de los EE.UU, con el propósito de dejarlo en la indefensión, poder detenerlo en Londres y luego extraditarlo a los EE.UU para ser juzgado por espionaje electrónico con inminente riesgo de una condena capital.
¿Cómo se explica este despropósito? A primera vista, las presiones norteamericanas y el temor del gobierno ecuatoriano de ver involucrado al presidente Moreno y su familia en casos de acusaciones de presuntos dineros en paraísos fiscales. La filtración de información referida al tema pasó factura a Assange. El error inicial se lo trató de justificar con otro error, montando una cortina de humo entre la Presidencia, la Asamblea, el ministerio de la política y los medios informativos alineados. El resultado del desatino es evidente: se reprimió a un Assange que fue galardonado con el premio Amnistía Internacional por la defensa de los derechos humanos.
Mientras eso ocurría en el ámbito internacional, al interior del país el medio digital Ecuadorinmediato, y su director Francisco Herrera Aráuz, eran objeto de hostigamiento por haberse hecho eco de las mismas denuncias que comprometen la imagen presidencial y por el supuesto uso indebido del derecho de uso de dos fotos con la imagen del presidente de Ecuador Lenin Moreno, en lo que se llama abuso de @copyright ante la empresa de servicios de alojamiento de páginas IWEB.
Herrera Aráuz, en un frontal editorial publicado en su medio informativo, consigna que “es una mezcla confusa entre traición, confusión y temor el que les mueve a atacar a la prensa digital con el fin de acallar las denuncias sobre el caso INA y que han surgido en su contra, y que crecen en forma impresionante con cada acto represivo. Equivocados, con un sinfín de actos de torpeza supina, el caso de Ecuadorinmediato ha mostrado el lado represor del actual gobierno de Ecuador”.
El desarrollo de los hechos es el siguiente, según consiga Herrera Aráuz: “A principios del pasado mes de marzo de 2019 al régimen le estalló una bomba entre sus manos: el caso de los “INA Papers”, y con el desató los terribles efectos que tiene el pánico de saberse culpable de las acusaciones de corrupción en contra del presidente Lenin Moreno, su entorno político, sus relaciones amistosas con negociantes y tramitadores, llegando en forma lamentable hasta su círculo familiar directo. Esta fue una filtración de documentos y sacaron a luz -como en muchos casos a nivel mundial que han terminado en sanción contra exmandatarios de otras naciones – revelaciones de presuntos negocios, donaciones, adquisición de bienes, daban a entender que el mandatario estaba salpicado por el mal de la corrupción, y que debía responder por cifras millonarias de empresas off-shore, así como en cuantiosas cuentas ubicadas en paraísos fiscales de Panamá, o en bancos de Suiza, España, China o Belice”.
Se trata de un proceso de represión selectiva contra el sistema informativo Ecuadorinmediato que les hace caer en errores sucesivos: En medio de todo este proceso de ocultamiento en busca de impunidad, surge un malhadado proceso de infiltración en la intimidad del presidente Lenin Moreno, tanto a sus cuentas de correo, sus llamadas telefónicas, sus mensajes en redes sociales y en sus álbumes fotográficos que tratan de sumar acusaciones al nivel de vida del presidente, sus contactos y conversaciones. Este delito contra los derechos humanos del mandatario es “repudiable, condenable y debe ser perseguido por las leyes ecuatorianas e internacionales, ya que afectan a la honra y buen nombre del presidente ecuatoriano”.
Pero los errores no vienen solos. El temor a ser presuntamente descubiertos desató el pánico y éste, a su vez, desencadenó una “represión descalificadora”. El tema es sensible porque la sospecha puede cobrar cuerpo “logrando con ello que la gente comience a dar validez a lo expuesto por el caso INA con un resultado imprevisible”.
Tal vez estemos a tiempo de enmendar errores cometidos y que la política ya no sea una retahíla de desinteligencias represivas que empañan la convivencia nacional de un país, como el Ecuador, que tiene el deber y el derecho de vivir en paz y autenticidad y no en el simulacro político y social al que se ve acarreado por las bajas pasiones.
