Cada 18 de abril se conmemora el Día mundial del Patrimonio, por lo que caben algunas reflexiones en torno a lo que ha sucedido en estos últimos años en relación a las declaratorias patrimoniales.
Chordeleg, la pequeña y laboriosa ciudad de la provincia del Azuay fue declarada por la UNESCO como “Ciudad creativa”, junto a otras 30 ciudades del mundo. De esta forma, se convirtió en la segunda ciudad ecuatoriana, luego de Durán, en tener este reconocimiento.
El Alcalde de Chordeleg, preguntaba –luego de recibir la declaratoria de Ciudad creativa- ¿qué debo hacer ahora para recibir recursos?. Difícil respuesta, más aún si no tiene debidamente estructurados los planes de salvaguarda. Es solo un ejemplo de lo que sucede en el Ecuador. Hay casos en los que por la presión política de las autoridades locales –o nacionales- se termina realizando la Declaratoria sin contar con un buen expediente, elaborado técnicamente y bajo los parámetros de la propia UNESCO.
La mayor parte de las autoridades locales, sobre todo de las ciudades pequeñas, desconocen que las competencias de gestión patrimonial –mediante Resolución 004, de junio 2015- pasaron ya a los GADS. Es decir el mantenimiento, conservación y difusión de los patrimonios. Mientras, la política pública corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio; y el control al INPC. Pero además –y esto desconocen muchas de las autoridades municipales- esas competencias si vienen acompañadas de recursos. Seis ciudades intermedias reciben más de 1 millón de dólares anuales. Y no olvidemos que Quito, por ser ciudad Patrimonio de la humanidad, recibe 90 millones, pero durante la gestión de Mauricio Rodas, el Municipio capitalino solo invirtió un promedio de 21 millones anuales, el resto lo destinó a otros temas que nada tienen que ver con los patrimonios. Triste y penosa gestión. Y Guayaquil recibe 40 millones pero tampoco los invierte en temas patrimoniales. Por el contrario, destruye edificaciones paatrimoniales, a vista y paciencia de la autoridad sancionatoria. Mientras, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, recibió en el 2017 -para inversión- apenas 700 mil dólares.
El año pasado, una nutrida delegación del Carnaval de Guaranda, presidida por el Taita Carnaval, visitó a varios ministros de Estado y la Asamblea Nacional, para realizar un pedido: que el Carnaval de Guaranda se postule ante la UNESCO para que sea declarada como Patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro, los asambleístas -en forma unánime- dijeron que si y aprobaron, como acostumbran, un “exhorto” al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que se haga efectiva la postulación.
Zaruma fue postulada en el 2012, y hoy literalmente se hunde -por la irresponsabilidad de todos; autoridades y ciudadanos, en la más triste y peligrosa situación, provocada por la minería clandestina, que ha impedido que el proceso en la UNESCO continúe.
Y también el pasado año, el Parlamento Andino declaró al “Qapaq Ñan” -Camino del Inca- como “patrimonio cultural de la Comunidad Andina”, lo que generó una gran sorpresa, pues el Parlamento Andino no tiene competencias para realizar declaratorias patrimoniales. Y no solo eso, sino que incluso intentó gestionar un proyecto interinstitucional para la creación de Centros multimodales.
En el pasado mes de agosto de 2017, el Ministerio de Cultura y Patrimonio declaró a Jipijapa como “Ciudad Patrimonial”, a solicitud del Alcalde y los concejales. Lo mismo sucedió con el pedido del Presidente Lenín Moreno, quien pidió realizar una declaratoria a Manabí, como Capital gastronómica del Ecuador. Categoría que ni siquiera existe en los protocolos técnicos de la UNESCO. Al final se entregó una certificación a la cocina tradicional manabita como patrimonio inmaterial.
Declaratorias políticas que responden más a razones clientelares antes que a necesidades técnicas. La Ley Orgánica de Cultura obliga a los GADS, para la gestión patrimonial, a crear direcciones -o unidades- técnicas patrimoniales. ¿Cuántos municipios las han creado? Muy pocos, y solo de modo excepcional.
Es cierto que estas declaratorias revelan también el interés que existe en las ciudades por los contenidos patrimoniales, ya que pueden convertirse en valiosas herramientas para su desarrollo. Efectivamente, la conservación de sus bienes patrimoniales puede darle a estas ciudades una oportunidad para generar empleo, dinamizar sus economías a través de propuestas de desarrollo alternativas, e incentivar el turismo.
Sin embargo, son las propias autoridades locales las que generan falsas expectativas en sus ciudadanos que terminan en graves frustraciones. Las declaratorias son solo eso: declaraciones, no vienen acompañadas de recursos. Es por esto que la propia UNESCO recomendó a los países miembros no realizar “Declaraciones” sino emitir “Salvaguardas.” Es decir, planes de preservación, conservación y puesta en valor de esos patrimonios. Por ello, si una Declaratoria no está acompañada de un plan de salvaguarda, servirá de muy poco.
Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Declaratoria por parte del Ministeriio de Cultura y Patrimonio al Paseo del Chagra, en Machachi, provincia de Pichincha. Se entregó la Declataroria con la respectiva foto y amplias sonrisas, con poncho y sombrero. Se dio, como todos los años, el paseo proscesional y se repitió lo de siempre: centenares de alcoholizados, decenas de detenidos por riñas y un muerto por astado de toro. Un plan y un modelo de gestión deben servir, precisamente, para evitar que cada año estos hechos se repitan y por el contrario, se elaboren planes y programas que potencien la formación, los conocimientos, la educación en valores patrimoniales ligados al turismo y a emprendimientos culturales y patrimoniales.
Un tema urgente que no encuentra solución es el que tiene que ver con los inmuebles patrimonales de nuestras ciudades. Vale la pena recordar que el 97% de los inmuebles patrimoniales están en manos privadas, y sin embargo no existe política pública alguna para garantizar su conservación. De ahí que el Ecuador pierde cada día, entre 3 y 5 bienes de su patrimonio arquitectónico. Triste realidad. Es necesario encontrar vías para ofrecer incentivos a los propietarios privados para la conservación de su inmuebles patrimoniales, más aún cuando el acoso inmobiliario es cada día más feroz.
En el caso del Carnaval de Guaranda, es aún más grave, pues desde una instancia informal, la del Taita Carnaval, se pretendía obligar al INPC y al Ministerio de Cultura y Patrimonio a solicitar la postulación ante la UNESCO; sin estudios serios, sin expediente técnico, sin cumplir los requisitos mínimos.
Por tanto, bien haría la Asamblea Nacional en no asumir competencias que no las tiene. Bien haría la Asamblea Nacional en no caer en la tentación de los asambleístas de provincias que ávidos de recibir reconocimiento de los ciudadanos de sus provincias se dedican a proponer los famosos “exhortos”. Lo único que generan es confusión y no contribuyen a un manejo serio, técnico y responsable de los patrimonios. Esto es lo que sucedió con el Carnaval de Guaranda, cuyo Taita –de modo prepotente- incluso amenazó al INPC, desconociendo que existe una instancia técnica –la Comisión Nacional de la UNESCO- en donde se resuelven las postulaciones nacionales.
Guaranda tiene todo el derecho en buscar una declaratoria ante la UNESCO, pero cumpliendo los procedimientos. De ahí que – en buena hora- finalmente se firmó un convenio entre el Municipio y el INPC como la vía adecuada para preparar el respectivo expediente, pero además para capacitar a sus funcionarios en el manejo patrimonial. Y también una oportunidad para motivar en sus ciudadanos una conciencia cultural y patrimonial.
La agenda legislativa no debe pasar por coyunturas políticas clientelares, peor aún cuando se trata de nuestros patrimonios. Que el reconocimiento ciudadano para los asambleístas esté dado por el cumplimiento de sus labores legislativas y de fiscalización. Pero no, por gestionar declaraciones, emitir exhortos y menos gestionar obras.
La renovación de las alcaldías y concejos municipales ofrece una oportunidad para posicionar el tema patrimonial en los GADs, exigir que se cumpla con la Ley, se creen las unidades patrimoniales, al menos en las ciudades denominadas patrimoniales, y capacitar a los nuevos equipos municipales. Lamentablemente, los recortes sufridos por las entidades culturales y patrimoniales hace que esta tarea sea aún más difícil.
Los patriomonios son una valiosa herramienta para consolidar las identidades locales y nacionales. Y son también una enorme oportunidad para generar propuestas vinculadas con la economía creativa y los emprendimientos que, sin duda, dinamizarán las economías provinciales, cantonales y comunitarias.
