La situación de al menos la situación de 49 mil extranjeros “depurados”, o borrados, del padrón electoral ecuatoriano impedidos de votar en las recientes elecciones seccionales, permanece en el limbo.
En sectores jurídicos del país y en instancias internacionales como el Parlamento Andino, prevalece la percepción de que “constituye una flagrante violación de derechos electorales, de derechos políticos de los ciudadanos extranjeros en el Ecuador”, en un número que puede superar los 140 mil afectados.
En criterio del abogado Ramón Torres, académico y diplomático, ex embajador de Ecuador ante diversos gobiernos y organismos internacionales, “esta violación implica no solo una acción y omisión por parte del CNE que sin ningún fundamento ni antecedente sustentado jurídicamente permitió manipular el padrón electoral para excluir un cantidad indeterminada de compatriotas extranjeros del padrón electoral”. Torres manifestó que la ecuatoriana vigente estableció un principio jurídico constitucional de igualdad de los derechos de los extranjeros en relación con el ejercicio y goce en plenitud de los derechos de los ecuatorianos.
Esta sola condición implica -según Torres- comprender, en relación con las garantías y los derechos, que el Estado ecuatoriano debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos extranjeros. Si bien el derecho al voto es un derecho político, no es menos cierto que en relación con el ejercicio al derecho al sufragio se interrelacionan el conjunto de derechos humanos que un extranjero ejerce en el Ecuador.
Tal es así que en íntima relación con el derecho político al voto está el derecho al trabajo, el derecho al bienestar de la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, pues la doctrina de los Derecho Humanos, supone una comprensión integral e indivisible del conjunto de los DDHH. Esta es una declaración de la Constitución y de los convenios suscritos por el Ecuador. Ese derecho tiene que ver con el derecho a la participación, con el derecho al apego, con el derecho a la identidad y pertenencia que los ciudadanos hermanos extranjeros han ido construyendo como un vínculo, como una cohesión identitaria con la nación y con la cultura de la sociedad ecuatoriana, por lo tanto en nombre de restringir de eliminar el derecho al voto no se debe eliminar el derecho al apego, al vínculo, el derecho a que las familias de los compatriotas extranjeros dejen de ejercer el derecho de pertenencia y de identidad.
Los extranjeros han ido construyendo nexos de relación con el Ecuador de una manera más profunda que solamente supone el ejercicio del derecho al voto. Se abriría una caja de pandora de absoluta subjetividad para que actos administrativos de cualquier funcionario público pueda eliminar derechos consagrados constitucionalmente y ejercidos durante muchos años por los extranjeros, manifestó Torres.
Las estadísticas migratorias confirman que los extranjeros residente en nuestro país han ejercido el derecho al trabajo, a la inversión, se han vinculado a familias, tienen hijos ecuatorianos, es decir, han consolidado una vida en Ecuador. Por tanto, no solamente se trata de derechos conexos al derecho al voto, como salud, educación, vivienda, etc. se trata fundamentalmente de proteger los derechos de los migrantes en Ecuador y en el mundo. En el momento en que existe una ofensiva global respecto de lo que es una política anti migrantes, desarrollada por el gobierno de EEUU, en este momento existe una capacidad de influencia sobre varios países en el mundo para ir eliminando de manera brutal los derechos de los migrantes.
Ecuador, en el caso, es un país de tránsito, origen y destino y los extranjeros se han beneficiado de esa triple cualidad del flujo migratorio. Comprender el impacto de la acción de un burócrata no es por acción solo suya, sino que responde a una política de Estado, exterior. Esta acción no comienza ni termina en el ejercicio de un derecho individual de los compatriotas extranjeros en el Ecuador, manifestó Torres.
También es preciso relacionar los derechos de los migrantes con el derecho a la integración, un aspecto esencial en la región cuando se están desintegrando todos los procesos de integración regional latinoamericana. La región es evidentemente de una diversidad y de pluralidad ideológica. Si algo es nuestra integración, es la integración de dicha diversidad y pluralidad.
Inherente a los derechos políticos de los extranjeros residentes en Ecuador está el derecho a la conciencia, es decir, a manifestar su identificación con determinadas manifestaciones ideológicas que están vigentes en el orden jurídico y sistema político ecuatoriano bajo el régimen democrático que rige en el país.
Conforme esta situación inédita para Ecuador, diversas instancias jurídicas, parlamentarias y colectivos ciudadanos han dispuesto acciones tendientes a restablecer los derechos de los migrantes extranjeros en nuestro país y abrir un amplio debate cívico con el resto de la sociedad ecuatoriana con el fin de generar conciencia sobre el respeto a los derechos constitucionales conculcados y los derechos humanos que Ecuador debe precautelar como signatario de diversos acuerdos internacionales.
Las acciones implican manifestaciones de apoyo por parte de organismos internacionales como el Parlamento Andino el Parlatino, EuroLat y Comisiones de Asuntos internacionales de la Asamblea Nacional, sin perjuicio de que los afectados interpongan acciones de protección de sus derechos ante instancias jurídicas nacionales -Tribunal Contencioso Electoral- e internacionales como el Sistema interamericano de DDHH, la Comisión interamericana de DDHH y la Corte Interamericana de DDHH.
Esta iniciativa ciudadana contribuirá sin duda a fortalecer los vínculos de Ecuador con el mundo y a prevalecer los derechos de los migrantes como un gesto esencial de convivencia armónica con la comunidad internacional.
