Una evidente división acusa el movimiento sindical ecuatoriano ante la coyuntura política del país. Mientras que el Frente Unitario de Trabajadores FUT convocó a una «gran huelga nacional» en contra, principalmente, a las condiciones que sugiere el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador, la Central Única de Trabajadores, CUT, mantiene su acercamiento con el gobierno de Lenin Moreno, postura que se tradujo en el apoyo a la Consulta Popular del 2017 y respaldo al Si.
El sindicalismo ecuatoriano ha venido actuando con diversas posiciones durante la última década, particularmente durante y después del gobierno de la Revolución Ciudadana, circunstancia que nunca contó con el respaldo resuelto del sector sindical ecuatoriano. En la actualidad un sector de los trabajadores organizados en el FUT plantea una movilización nacional que deberá concluir en la huelga de carácter nacional. El anuncio fue hecho en la convención realizada el 6 de abril pasado y busca poner en tensión las fuerzas sindicales agrupadas en el FUT en la mira del próximo primero de Mayo, Día Internacioal del Trabajo.
Los argumentos de la movilización expuestos por los dirigentes dicen relación con su oposición a despidos, desempleo, flexibilizacion laboral, privatización de los sectores estratégicos, recortes al presupuesto de la salud y educación, entre otros temas.
Los voceros del FUT declararon, además, “persona no grata a Paúl Granda”, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), porque consideran “desatinadas” sus declaraciones e intenciones de reformar el sistema de seguridad social en el país. El gobierno de Lenín Moreno -según análisis de Juan Paz y Miño- tiene la obligación constitucional de fortalecer la seguridad social pública, hacerla universal y mantener los fondos requeridos por el IESS. Pero el Presidente del Consejo Directivo de esta institución aparece ahora para alertar sobre la situación financiera y convocar a un “diálogo”, aunque en medio de un ambiente ya ablandado, que apunta a continuar debilitando las capacidades estatales y favorecer todo tipo de privatizaciones.
Los sindicalistas denuncian no haber sido convocados para participar con propuestas para generar nuevas modalidades de contrato y presentarlas a la Asamblea. Recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio 122 sobre política de empleo, señala en su artículo 3 que: “En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.”
La fecha de la realización de la huelga nacional es aún un tema pendiente, pero ya se han iniciado las consultas con las bases y las reuniones tendientes a determinar sus aspectos logísticos. El gobierno mantiene silencio en torno a estos temas sindicales, en la clara postura de expectativa en lo que debe ser una jornada de lucha unitaria de los trabajadores ecuatorianos.
Fotografía El Telégrafo
