Por Pedro Cango
Esta semana los ecuatorianos fuimos testigos de la nominación del nuevo Fiscal General del Estado (FGE) quien durante 6 años tendrá a cargo los destinos de la justicia ecuatoriana. La Constitución de nuestro país establece que todos los ciudadanos sin distinción alguna (cultura, religión) tiene derecho a ejercer un cargo público. Derecho que se cristaliza en la FGE luego de designar por primera vez a una mujer representante del pueblo afroecuatoriano.
Sin embargo, más allá de esta reivindicación de derechos a los pueblos socialmente excluidos, es fundamental analizar objetivamente sobre el puntaje alcanzado en el examen escrito, comparado con la realidad que los ecuatorianos día tras día nos enfrentamos. Quienes forman parte del sistema educativo (niños, jóvenes y adultos) constantemente afrontan procesos de evaluación (exámenes), cuya penalidad de acumular menos del 70% de la nota, no son promovidos al nivel inmediato superior. De igual manera ocurre en el ámbito laboral. Por ejemplo, los concursos de méritos y oposición “Quiero ser Maestro” que realiza el Ministerio de Educación obliga que los participantes sean elegibles, mismo que se consigue si y solo si alcanza al menos el 70% de la nota en el test psicométrico. Igual ocurre cuando un ciudadano aplica a un programa de becas en la Senescyt. Incluso, los bachilleres para hacerse acreedor del derecho a la educación superior consagrado en la Constitución, hasta antes de 2017, para postular debían obtener al menos 601 sin que esta nota sea garantía de un cupo. En la actualidad no se requiere un mínimo para postular, pero, las universidades llenan sus cupos en orden descendente, lo cual dejan sin opción a quienes no alcanzan una nota alta.
Esta situación comparada con la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) es indignante, ya que, pese a las impugnaciones en contra de Diana Salazar, entre ellas, por la nota de 10/20 obtenido en el examen escrito el pasado primero de abril se declaró ganadora tras acumular la calificación más alta en el concurso de méritos y oposición: 88,17 puntos. Sabemos que el promedio de la nota del examen entre todos los participantes apenas superó 11 puntos. Siendo equitativos con las exigencias de otros procesos, debía declararse como concurso desierto.
Este hecho, deja un sabor intolerable en la historia. Para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado los resultados del examen escrito resultaron ser acumuladores y no un requisito habilitante para continuar con las siguientes etapas del proceso, como sucede en los concursos de méritos y oposición o procesos que a diario la ciudadanía se enfrenta. Lo peor es que el CPCCS-T mediante RESOLUCIÓN No. PLE-CPCCS-T-O-182-27-11-2018 aprobó el Mandato para el Concurso Público de Méritos y Oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, donde en su artículo 36 establece que el examen “tiene como finalidad que los consejeros conozcan el nivel de conocimientos de las y los postulantes”. La pregunta que hacemos los ciudadanos es ¿Para qué? Si esto de nada sirvió para que los consejeros tomen una decisión coherente con lo que los ciudadanos nos enfrentamos día a día y los conocimientos que exige dicho cargo.
En el extremo de los casos, en coherencia con las decisiones de los representantes del CPCCS-T, la educación, los concursos públicos, los programas de becas deberían eliminar los mínimos de nota que establecen sus normativas. Imaginemos las consecuencias, en salud, por ejemplo. Incluso, se opondría al discurso del mismo Estado, que a través de su normativa y sus instituciones se dice que sus acciones fomentan una educación de calidad. Pero, otra vez caemos en la misma pregunta ¿Para qué? Si según el CPCCS-T los niveles de conocimiento no son determinantes.
En definitiva, este proceso muestra que una vez más los dueños del poder hacen y deshacen las cosas en consonancia con sus acuerdos políticos, lo cual fecunda la desigualdad. Se privilegian acuerdos políticos y se olvidan del legado que todo ser humano, independientemente de su cargo, debe dejar a los niños y jóvenes quienes en su momento deberán remplazar. Igualmente, muchos padres y madres de familia nos sentimos consternados con esta decisión, cuando día tras día buscamos que nuestros hijos sean mejores seres humanos y mejores profesionales.
Es una pena porque varios miembros del CPCCS-T parecían coherentes y luchadores de la igualdad. Esto es una muestra más de la razón del dicho popular originario de nahuas o mexicas “caras vemos, corazones no sabemos”. Todos los consejeros se unieron, nadie discrepó. Simplemente actuaron en función de sus acuerdos políticos, cuyo interés es la concentración de poder y desigualdad con el pueblo de a pie. Se olvidaron su historia o el sector a quien representan. Si seguimos con este tipo de representantes, que se suman a la bancada, las esperanzas se agonizan cuando muchos teníamos fe en representantes de los sectores sociales y representantes de la academia.
Sin lugar a dudas, este atentado al sacrificio y la excelencia educativa debe ser rechazado por todos los ciudadanos, más aún por la academia y sus autoridades educativas coherentes con lo que predican. El silencio quedará marcado en la historia como un acto de complicidad. Ahora queda ver las actuaciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido el pasado 24 de marzo.
Pedro Cango es Economista, magíster en Economía del Desarrollo y ex Subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación.
