Uno de los hechos más significativos que está sucediendo en torno a las elecciones del 24 de marzo del 2019 en Ecuador, es la pugna por la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. El CPCCS es una entidad pública creada en la Constitución de la República (2008), que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Según el mandato constitucional -articulo 208- al CPCCS le corresponde, entre otras funciones: Promover la participación ciudadana. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las entidades del sector público. Investigar denuncias sobre actos de corrupción. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos corruptos. Designar al Procurador General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidencia. Designar al defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.
El CPCCS es un organismo plenipotenciario que en épocas del correismo coadyuvó a la participación ciudadana como veeduría social.
El 4 de febrero de 2018 se realizó en el Ecuador la Consulta Popular y Referendum propuesta por el presidente Moreno. En la tercera pregunta se consultó lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? La pregunta tuvo una respuesta afirmativa en un 63% de los electores.
Así el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en transición, fue conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República, Lenin Moreno. El 28 de febrero de 2018 fue la designación de la autoridad del CPCCS por los miembros de la Asamblea Nacional tras Moreno enviar siete ternas con tres candidatos cada una de los cuales algunos habían sido sugeridos por organizaciones sociales, de estos resultaron electos Luis Macas Ambuludi, Luis Hernández Peñaherrera, Pablo Dávila Jaramillo, Xavier Zavala Egas, Eduardo Mendoza Paladines, Miryam Elizabeth Félix López y Julio César Trujillo.
La Fundación Democracia y Desarrollo expresó en su oportunidad que el Consejo de Participación Transitorio “se está atribuyendo funciones que ni el mandato de la consulta popular ni la Constitución le otorgan”. Bajo el argumento de que tienen “facultades extraordinarias”, los miembros del Consejo están actuando de una manera altamente discrecional, afectando la institucionalidad y la construcción del Estado de Derecho en Ecuador, señaló en comunicado de prensa.
La única facultad extraordinaria, otorgada al Consejo de Participación Transitorio mediante referendo, es la de evaluar a las autoridades nombradas por el Consejo cesado y, después de ese proceso, dar por terminadas sus funciones si así lo consideran. El Consejo no tiene facultad para nombrar autoridades encargadas, ni para cesar a autoridades por “incumplimiento de funciones”. Si bien el anexo 3 de la Consulta Popular fue aprobado por la ciudadanía, esto no les da a los miembros del CPCCS la facultad para actuar por encima de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales vigentes. El mandato ciudadano no les atribuye el poder de interpretar la normativa a su favor.
En la actual coyuntura, el CPCCS debe ser renovado y elegido en forma definitiva. Esta elección es vital para los intereses del gobierno y de la oposición porque, según resulten electos componentes de uno u otra tendencia, los elegidos podrán revisar, fiscalizar las acciones del CPCCS transitorio y dejar sin efecto lo actuado por el organismo antecesor.
Las maniobras de neutralización para dicho poder no se han hecho esperar y desde la campaña para los comicios de marzo se han hecho intentos de confundir a la población electora no realizando una clara difusión de los nombres de los candidatos al CPCCS, procedencia de los mismos, y hasta se han publicado con errores sus fotografías en la papeleta electoral. No conforme con eso el CNE propuso que el voto nulo tenga más validez que el voto positivo. Luego, cuando se presume que entre los aspirantes existirían candidatos correlacionados con el anterior mandatario, el propio presidente del CPCCS transitorio Julio Cesar Trujillo promovió el voto nulo. Luego de conocidos los resultados electorales del domingo en que el correismo aparece vivo y activo eligiendo a varias dignidades de representación popular en el país, se plantea la estrategia de quitarle las competencias al CPCCS que será elegido y, en caso extremo, se habla de hacer una consulta popular preguntando por la eliminación de dicho Consejo.
Obviamente se quiere sacar las castañas con la mano del gato. La razón es muy sencilla: han creado un monstruo que ahora les puede devorar. Las encuestas lo denotaron, el gobierno iba a perder las elecciones y la composición política del CPCCS podría quedar en manos extrañas a sus intereses.
Los componentes de riesgo
Según una investigación, de los 43 aspirantes al menos seis tienen apoyo del ex mandatario. Otros siete ocuparon cargos en su gobierno. De ese grupo destaca un hecho: hay coincidencia en algunos propósitos: revisar lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, oponerse a las concesiones propuestas del Gobierno y denunciar sus actos de corrupción.
El reglamento para elegir a los siete vocales del Consejo establece que los candidatos no debían estar afiliados a partidos políticos, ni tener su respaldo. Desde el movimiento Revolución Ciudadana sostienen que no tienen vínculos con los nombres propuestos. Lo mismo dicen los candidatos. Por ejemplo, Graciela Mora dijo que no es correísta. Mientras que Juan Dávalos reiteró que no está afiliado a ningún partido ni movimiento político. Entre los candidatos hay un grupo de aspirantes al Consejo de Participación que, si bien no han recibido apoyo público, tienen funciones desempeñadas en el anterior Gobierno. Es el caso de Bernardo Cañizares, María Rosa Chalá, Gina AguilarOchoa, Mónica Moreira, María Fernanda Rivadeneira, Karina Ponce e Ibeth Estupiñán Gómez.
Según cálculos del gobierno de Moreno el futuro Consejo sería “intocable” y con integrantes “correístas”. Maribel García, experta en políticas públicas, aseguró, que en las próximas elecciones existe el riesgo de elegir a un Consejo con integrantes correístas: “Podrían llegar y echar abajo todo lo que se hizo en los últimos meses por reinstitucionalizar al país”, concluyó. El analista Esteban Rodríguez es más drástico: al ser elegidos por votación popular, los nuevos consejeros tendrán una autoridad mayor a la que tienen actualmente. “Ellos serán intocables y pueden generar una crisis política porque pueden alegar que el Transitorio se arrogó funciones”, aclaró.
Bajo esa lógica es explicable que la batalla por el CPCCS definitivo sea a morir y no dé señales de tregua.
