Hay mucho en común entre Ecuador y Bolivia, países hermanos con poblaciones indígenas todavía importantes numéricamente (aunque según los censos ha disminuido bastante), y con procesos políticos similares en años recientes, en ambos casos fracasados por el autoritarismo y la soberbia de sus líderes: Correa y Morales.
Ecuador nos aventaja en varias cosas. Por ejemplo, cuenta con una política cultural que si bien no es perfecta, nos lleva la delantera porque no se extravía en sandeces como el Dakar y otros caprichos autocráticos.
El cine ecuatoriano ha dado un salto difícil de imaginar apenas 20 años atrás. De esto podría contarnos Jorge Ruiz, si viviera. Fue uno de los primeros cineastas bolivianos que en la década de 1960 filmó documentales en Ecuador, que por entonces no contaba con cineastas profesionales.
En 1975, otro gran realizador boliviano, Jorge Sanjinés, hizo de su exilio en Ecuador una oportunidad para filmar “Fuera de aquí” en comunidades indígenas cercanas a Ambato, al pie del Chimborazo. Fui su asistente de dirección y de esa experiencia nació mi libro “Diario ecuatoriano. Cuaderno de rodaje”, publicado en una hermosa edición por el Consejo Nacional de Cinematografía (CnCine), que hoy se llama Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA).
Mucho ha sucedido en el cine ecuatoriano desde entonces, y hoy nos aventaja no solo por la cantidad de películas producidas, sino por la estructura de producción y difusión desarrollada con apoyo del Estado, algo impensable en Bolivia donde la Ley de Cine y CONACINE –la institución rectora, son cascarones vaciados de contenido por la irresponsabilidad y el autoritarismo del gobierno.
El cine ecuatoriano está presente en grandes festivales y despierta el interés de los distribuidores y exhibidores. Mientras en Bolivia cada cineasta lucha para sacar adelante un proyecto propio y con suerte colocarlo en el circuito internacional, en Ecuador esa tarea la asume el Estado a través de varios mecanismos de estímulo. El ICCA apoya a las películas ecuatorianas, las coloca en festivales y las promociona.
He tenido la oportunidad de ser invitado por segunda vez como miembro del Jurado de Producción, Postproducción y Distribución de Cine Comunitario, para la atribución de fondos de fomento del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA). La anterior vez fue en junio del 2015, donde la tarea consistía en examinar una veintena de propuestas, escuchar el “pitch” de los productores y realizadores, y decidir sobre los proyectos que merecían ser apoyados con los fondos disponibles.
Aquella fue una primera experiencia estimulante, pero esta vez lo fue aún más por la modalidad de la convocatoria y la excelente organización. Los tres miembros del jurado de la edición 2018 en la categoría de Cine Comunitario (Isabel Mena, Pocho Álvarez y Alfonso Gumucio), pudimos acceder dos meses antes a los 14 proyectos, disponibles en un sitio web especialmente diseñado para facilitar nuestro trabajo. Un protocolo minucioso fue desarrollado para que los jurados calificaran individualmente las propuestas presentadas, y las que obtuvieron un promedio mayor a 70 puntos pasaron a la siguiente fase, la del “pitch” presencial, para lo cual viajé por unos días a Quito para ejercer como Presidente del Jurado.
El proceso de preselección, calificación y selección final fue transparente. No tuvimos contacto con los directivos del ICCA hasta después de entregar en sobre sellado nuestra decisión. Cinco de los seis proyectos finalistas se llevaron una bolsa de 35 mil a 40 mil dólares, no reembolsables. Dinero suficiente para realizar las propuestas de documentales presentadas a consideración del ICCA.
La convocatoria del ICCA tiene varios aspectos innovadores, además del modelo de preselección y selección. El fondo reparte un millón y medio de dólares en 12 categorías: a) guion de largometraje, b) desarrollo de largometraje de ficción, c) desarrollo de largometraje documental, d) desarrollo de largometraje de animación, e) producción de largometraje de ficción, f) producción de largometraje documental, g) posproducción de largometrajes de ficción, documental o de animación, h) promoción y distribución de películas, i) distribución de paquete mínimo de seis largometrajes, j) producción, posproducción y distribución de cine comunitario, k) nuevos medios y l) muestras y festivales.
Con esas categorías se cubre el espectro completo de incentivos para el cine nacional. Es un sistema ejemplar si se compara con otros fondos de fomento en América Latina que se dirigen a apoyar la producción, sin tomar en cuenta otras necesidades.
Otro aspecto interesante, específico para la categoría de cine comunitario, es la noción de proceso comunicacional sostenible, que comienza con la capacitación de una comunidad, la identificación de los temas, el desarrollo y la escritura colectiva de los guiones, y la producción como parte de un conjunto de actividades comunitarias. Aquí no se trata de que un cineasta haga su película de autor, sino de que una comunidad (no necesariamente indígena) haga del cine un proceso de expresión propia, con fines culturales y sociales.
El sistema de fomento no está exento de contradicciones. Por ejemplo, a la vez que la convocatoria del ICCA determina que el proceso siga esas etapas, por otro lado exige un “tratamiento” del tema. Ese tratamiento es, en síntesis, un guion terminado, lo que anula per se el proceso de escribir colectivamente los guiones.
Nuestro jurado decidió señalar esas limitaciones y elaboró recomendaciones para las autoridades del ICCA. Tuvimos la oportunidad de discutirlas con Jan Vandierendonck, Director Ejecutivo, con Mario Vera, Coordinador General Técnico, y con Fernando Pontón, Director de Fomento Cinematográfico, para que pudieran ser tomadas en cuenta en la convocatoria del 2019. La receptividad y cordialidad de estos ejecutivos sería impensable en Bolivia, donde priman las rencillas y los resentimientos de quienes se cobijan a la sombra del poder.
“Toda convocatoria es perfectible”, dice Jan Vandierendonck, un belga afincado en Ecuador hace 12 años, quien tiene la responsabilidad de dirigir la institución más importante del cine, y lo hace con transparencia e independencia del gobierno central. No existe, como en Bolivia (tanto en la antigua como en la nueva ley), un directorio que imponga criterios políticos antes que artísticos.
Mientras en nuestro país el Estado otorga ayudas de excepción a algunos cineastas que exhiben su lealtad política al gobierno, en Ecuador eso sería una enorme afrenta a la comunidad cultural. Por ello en Bolivia seguiremos estancados, mientras el cine ecuatoriano ya ha levantado vuelo.
