El femicidio en el país fue el tema central del informe presentado por la organización Taller de Comunicación Mujer –TCM, Centro de apoyo y protección Surkuna, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU, ante el 170° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en audiencia Temática sobre “Denuncias de Feminicidio en Ecuador”.
El informe recoge “los resultados de las investigaciones realizadas sobre las respuestas institucionales, las sentencias relativas a casos de femicidio”. El tenor del texto que se refiere a la información sobre “la situación de víctimas y familiares”, concluye en que “el Estado ecuatoriano no ha podido responder de forma eficaz ante las solicitudes de información requeridas tanto por la CIDH, como por la sociedad civil”.
Un femicidio cada tres días
El análisis señala que existe urgente necesidad de mejorar la respuesta judicial ante los femicidios, cuestión que el Estado ecuatoriano pasó por alto. De igual modo, el informe señala que “las autoridades han incumplido con el deber de aportar información relevante que dé cuenta de que se está garantizando la vida de las mujeres en Ecuador”. Un dato estadístico ilustrativo señala que desde enero hasta el 18 noviembre del 2018 se presentaron 75 femicidios, lo que supone aproximadamente una muerte violenta hacia mujeres, cada 3 días.
Ante la desalentadora realidad de la seguridad de las mujeres en el país, organizaciones de sociedad civil remitieron varias solicitudes de información al Estado ecuatoriano, a través de la CIDH. Las mujeres organizadas solicitan la tarea de monitorear y exigen al Estado que haga efectivo “el deber de debida diligencia en lo que respecta a los casos de femicidio”. En ese aspecto se manifestó que “la sola tipificación del femicidio no basta para frenar la violencia de género”. Las condenas que generalmente se aplican no son eficaces sino se suma una estrategia integral de prevención y reparación.
El informe es enfático en señalar que “existe una inaplicación del tipo penal femicidio”, puesto que en aquellos casos en donde sí se aplica el tipo penal, existen muchas veces “tratamientos revictimizantes”, y la reproducción de estereotipos a las víctimas. El Estado está llamado a realizar esfuerzos para mejorar la respuesta judicial, y cómo articular de mejor forma las tareas y competencias que la Fiscalía, la Policía, los jueces y juezas poseen. Se hace imperativo mejorar la articulación de esfuerzos y de respuesta institucional, para que ésta tenga en cuenta que la matriz cultural donde se califican y tratan los casos de femicidio, puede hacer persistir el riesgo que viven las mujeres, concluye el informe.
Observaciones al Estado
La comisionada relatora de Ecuador y asuntos de la niñez, Esmeralda Arosemena de Trointiño manifestó su preocupación sobre “la desinstitucionalización del ente rector de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”. Consecuentemente, solicitó al Estado ecuatoriano “aclarar sobre la reducción del presupuesto general del Estado”. En su intervención cuestionó, qué está haciendo el Estado en cuanto a frenar el continuum de violencia que experimentan los/las menores de edad y adolescentes quienes habiendo sido vulneradas en sus derechos terminan siendo asesinadas?
Por su parte, la comisionada Margaret Mac Macaulay, -Relatora de los derechos de las mujeres- expresó “la dificultad de comparar la formación del cuerpo policial como mecanismo judicial de combate contra la violencia de género, ante la información entregada por sociedad civil que se refirió específicamente a la capacidad y calidad de respuesta de las y los jueces del sistema de justicia”. Mac Macaulay exhortó al Estado a “mejorar los mecanismos de formación y capacitación al sistema judicial y conseguir profesionales especializados en la materia”. No es recomendable -dijo- que “todo tipo de jueces” tengan que atender casos de violencia específica como la ejercida contra las mujeres.
En su intervención la Comisionada y Relatora de los derechos de la población LGBTI, Flavia Piovesan, solicitó “ampliación de información respecto al sistema de información en lo que respecta a la desagregación de datos”. La activista puso énfasis en aquella información relativa a la orientación sexual e identidad de las víctimas de violencia de género. Finalmente, solicitó explicaciones al Estado respecto a lo “que está haciendo para frenar los discursos de odio que generan más violencia”.
El capítulo cierra con la decisión de continuar bregando por los derechos de la mujer ecuatoriana y por frenar la violencia de género, principal lacra que atenta a la convivencia armónica en el Ecuador.
