Desde una perspectiva de amplio plazo, la Constitución ecuatoriana de 2008, que teóricamente rige hasta hoy, dio continuidad (y ampliación) a una serie de conceptos, principios, objetivos y orientaciones recogidos por las Constituciones de 1929, 1945 y 1979, que respondieron a momentos progresistas, de reinstitucionalización del Estado, democratización social y hasta de fuerte influencia de la izquierda política.
El título VI de la Constitución de 2008, que trata sobre el “Régimen de Desarrollo”, es esencial para comprender el trato a la economía y a la sociedad. El objetivo central es alcanzar el Buen Vivir, Sumak Kawsay. Uno de los instrumentos fundamentales constituye el Plan de Desarrollo, bajo el Consejo Nacional de Planificación (CNP), que debe contar con una “secretaría técnica”. Pero el presidente Lenín Moreno, el día en que retiró funciones a su vicepresidenta Alejandra Vicuña (3/12/2018) declaró que “en el marco de la austeridad y la eficiencia del Estado, hemos decidido cerrar las más cuestionadas instituciones del gobierno anterior”, añadiendo: “hemos iniciado el proceso de creación de la Secretaría General de la Administración Pública, eliminando la Senplades” y sus funciones pasarán a esta Secretaría. La Senplades (creada en 2004 y no por el gobierno de Rafael Correa) era la “secretaría técnica”, de manera que con su eliminación se da un golpe a la planificación nacional, que se instaló en el país con la Junta de Planificación, creada en 1954 por iniciativa de la Cepal, a la que reemplazó el Conade (1979) y luego Odeplan (1998). Por cierto, la planificación económica siempre ha sido rechazada por la derecha económico-empresarial del país.
De acuerdo con la Constitución de 2008, corresponde al Estado no solo la planificación económica, sino que el Ejecutivo tiene a su cargo la elaboración del presupuesto. Se debe contemplar una multiplicidad de acciones: velar por “Derechos del Buen Vivir”; garantizar a los pueblos y nacionalidades sus tierras, el manejo de la biodiversidad y la obligatoria “consulta previa” cuando se trate de recursos en sus territorios; también los derechos de la naturaleza, así como los del desarrollo de actividades económicas, reconociendo la libre iniciativa privada, aunque bajo criterios de “solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. El Estado ejerce la rectoría en hábitat y vivienda, áreas protegidas, ciencia, tecnología, investigación, innovación, saberes ancestrales, gestión de riesgos, biodiversidad y recursos naturales, seguridad humana, políticas demográficas, patrimonio natural y ecosistemas. Y son de competencia “exclusiva” del Estado las políticas: económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria, comercio exterior, endeudamiento.
Son de tal magnitud las capacidades por desarrollar en manos del Estado, que los ciudadanos deben comprender que cada vez se requieren más recursos para la acción estatal y no la disminución de sus ingresos ni de sus potencialidades. Pero en Ecuador predomina la atrasada visión económica de las elites privadas, que a diario bombardean los medios de comunicación con la idea de “achicar” el tamaño del Estado y “reducir” el gasto o inversión pública. La solución es totalmente distinta: hay que aumentar impuestos y especialmente a los ricos, además de gravar patrimonios, herencias, ganancias y rentas, no solo con propósitos redistributivos de la riqueza, sino para asegurar el financiamiento de educación, salud, seguridad social, pensiones y bienestar colectivo, que son obligaciones estatales.
No es arbitrario lo que contiene la Constitución, pues compete al Estado asumir el manejo, la regulación, las acciones sociales, en todas las áreas indicadas, y a eso debe someterse el sector privado. En la historia del Ecuador y de América Latina, el Estado interviene para garantizar los derechos sociales y promover a sus ciudadanos, porque el bienestar no ha llegado nunca de la mano exclusiva de los agentes privados. Así lo entendieron Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro, la Revolución Juliana, los desarrollismos de las décadas de 1960 y 1970, que utilizaron al Estado para la modernización y hasta el avance capitalista; pero no los gobernantes neoliberales que actuaron en las décadas finales del siglo XX, cuyas políticas económicas desinstitucionalizaron al Estado y agravaron las condiciones de vida y trabajo en la sociedad.
Un amplio capítulo constitucional se dedica al sistema económico caracterizado como “social y solidario”. Las políticas económicas tienen que asegurar la redistribución de la riqueza, el financiamiento del Estado con ingresos permanentes para educación, salud y justicia, dando prioridad a lo nacional en las compras públicas; se faculta el endeudamiento, pero “se prohíbe estatizar deudas privadas”, lo cual fue establecido por la experiencia de los años 1983 y 1987 cuando los gobiernos de Osvaldo Hurtado (1981-1984) y luego el de León Febres Cordero (1984-1988), respectivamente, “sucretizaron” las deudas privadas, con enorme perjuicio para el fisco.
El régimen tributario cumple funciones redistributivas y tiene que dar prioridad a los impuestos directos; en tanto el Estado está obligado a “sancionar” el incumplimiento de las políticas públicas, lo cual implica la persecución a los evasores de impuestos. Confrontando estos principios, la Ley de Fomento Productivo (agosto, 2018) perdonó multas e intereses y, ante todo, revistió como “incentivo tributario” la supresión del pago del impuesto a la renta hasta por 20 años para las nuevas inversiones; sin embargo, en contraste y además todavía bajo la impunidad, las deudas privadas al fisco ascienden a U$ 4.291,1 millones, y existirían unos U$ 4.700 millones en paraísos fiscales, violando las disposiciones legales. Adicionalmente, por resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) del pasado 15 de noviembre, ya no es obligatorio el reporte sobre transacciones y fondos en el exterior. Todas estas medidas han debilitado las capacidades recaudatorias y tributarias del SRI.
La política monetaria, exclusiva del Ejecutivo, se instrumentaliza por el Banco Central, de modo que aquellos que desean un BC “autónomo” (en la neoliberal Constitución de 1998 así ocurría), lo que pretenden es romper con la Constitución actual para volver al manejo de esta institución en función de intereses oligárquicos, y no de los nacionales. Por otra parte, el sistema financiero es un “servicio de orden público” y está prohibido que las entidades financieras incursionen en otras áreas y especialmente en los medios de comunicación, que es una disposición aborrecida por los banqueros.
Corresponden exclusivamente al Estado los sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua y otros; el Estado es el responsable de proveer servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras y otros, a través de empresas públicas. Pero, además, el Estado es el que adopta políticas sobre inversiones, ahorro interno, o para alentar exportaciones y desalentar las importaciones inconvenientes, e interviene y regula mercados para un comercio justo. Todo esto moviliza el odio de los neoliberales y de poderosos empresarios, que quieren ver esas áreas en manos privadas, y argumentan cualquier cosa para atacar el “estatismo”. Vale aclarar que son disposiciones que igualmente se encuentran en las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979, que a su tiempo fueron atacadas como “estatistas” y hasta “comunistas”. Aún así, también se admite que el Estado “podrá” delegar la participación de los sectores estratégicos a “empresas mixtas” en las cuales tenga mayoría, y excepcionalmente a la iniciativa privada, pero con sujeción a la ley.
Hay áreas sensibles. Para el Buen Vivir, el Estado promueve la inclusión y equidad social, que es imposible que provenga del sector privado; la educación, la salud, la seguridad social, están bajo la rectoría estatal y son “universales”, es decir, en algún momento, tienen que cubrir a todos los ecuatorianos, algo que se halla interrumpido en la actualidad. La educación es, además, laica y gratuita hasta el tercer nivel de la enseñanza superior; la seguridad social (que, por cierto, nació en 1925 con la primera Caja de Pensiones creada por la Revolución Juliana) es pública y “no podrá privatizarse”, con lo cual quedan proscritas las ansiadas propuestas neoliberales para establecer seguros privados, administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP tipo Chile, que resultaron un fracaso para la atención social) o cualquier otra fórmula sujeta a la avidez rentista particular.
La Constitución reconoce el principio pro-operario, la jornada máxima, el salario digno, la sindicalización, la contratación colectiva, las indemnizaciones, la huelga, el reparto de utilidades; y proclama que los derechos laborales son “irrenunciables e intangibles”, además de prohibir la precarización, la tercerización y el trabajo por horas. Todas estas disposiciones enfurecen a aquellos dirigentes empresariales empeñados en flexibilizar el trabajo y arrasar con los derechos laborales, bajo el argumento de que frenan las inversiones del capital, al que quieren ponerlo por encima del ser humano. Ese pensamiento carece de fundamentos históricos. Además, similares disposiciones se hallan en las Constituciones de 1929, 1945 y 1979, e incluso fueron respetadas por las empresariales Constituciones de 1946, 1967 y 1998.
El Estado, igualmente, reconoce diversas formas de propiedad: estatal, privada, mixta, comunitaria, asociativa, cooperativa, que la Constitución de 1979 estableció en forma parecida y que, por entonces, era seriamente atacada por las elites económicas como un principio “comunista”. La Constitución de 2008 habla, además, de la necesaria “democratización de los factores de la producción”, que pone los pelos de punta a los propietarios.
La Constitución se refiere a las relaciones económicas internacionales, señalando como prioridad la “integración política, cultural y económica” de la región Andina, América del Sur y Latinoamérica; condena toda forma de colonialismo, imperialismo o neocolonialismo incluso reconociendo el “derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión”; aboga por un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados; e insiste en la integración latinoamericana, la armonización de legislaciones en la región, la defensa común y el fortalecimiento de organizaciones regionales. Todo esto choca con el persistente afán neoliberal a favor de los tratados de libre comercio (TLC), el sueño por tener uno con los EEUU, la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico, y las actuales inclinaciones gubernamentales que han dejado de lado el fortalecimiento del latinoamericanismo.
Si bien la Constitución reconoce tratados e instrumentos internacionales, defiende, ante todo, la soberanía nacional e incluso prohíbe aquellos documentos “en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”, lo cual es una negación directa a los tratados bilaterales de inversión (TBI), todavía defendidos por las derechas económicas y que se suscribieron por gobiernos anteriores al año 2007, por los cuales el Estado ecuatoriano ha tenido que afrontar 31 procesos legales en cortes internacionales parcializadas, debiendo pagar, hasta el momento, 2.313,1 millones de dólares.
En materia política es un escándalo que se viole la Constitución. En lo económico no importa. Como la “descorreización” es una política irracional y visceral alimentada por las derechas económicas y políticas (incluso entre las izquierdas tradicionales y las seudomarxistas, así como entre una serie de dirigentes laborales, indígenas y sociales), es imposible que se comprenda que también responde a estrategias imperialistas contra los gobiernos progresistas latinoamericanos. En consecuencia, poco ha importado que los intereses privados sean los que hoy se impongan en la economía por sobre lo que en esta materia dispone la Constitución de 2008. Creyendo que hay que acabar con lo que esos sectores coinciden en llamar “modelo correísta”, se ha consagrado el golpe de Estado económico contra la Constitución. Y el proceso aún no termina.
Fuente Historia y Presente
