El “culebrón” en el que se ha convertido el caso Assange por la imposibilidad de encontrar una salida legal y justa amparada en los derechos que le confiere al periodista australiano el asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres, tuvo esta semana un nuevo capítulo. El tema giró en torno a la oferta del Presidente Moreno de que Assange abandone su Embajada en Londres, pese a la garantía de que no sería «extraditado a ningún país en que corra peligro su vida o haya pena de muerte». La oferta fue rechazada por la defensa de Assange: «La sugerencia de que mientras la pena de muerte esté fuera de la mesa, Assange no debe temer la persecución es obviamente errónea», afirmó Barry Pollock, del equipo de abogados de la defensa del fundador de WikiLeaks.
Moreno señaló que Assange estaría en “casi libertad”, un vez que abandone la embajada ecuatoriana de Londres. Versión que fue rechazada por Assange y su abogado, puesto que “el objetivo de la parte británica, una vez sea capturado por la orden de arresto que dictaron en su contra en 2012 magistrados del tribunal de Westminster, es entregarlo a las autoridades de EE.UU., donde se le solicita por publicar documentos confidenciales clasificados de ese país”.
Los hechos apuntan a que las sospechas de Assange tienen fundamento. Recientemente se reveló que Assange ya había sido acusado en EE.UU, aunque los cargos presentados no han sido publicitados. Los presuntos delitos cometidos por Assange, según las autoridades norteamericanas, pueden incluir espionaje, conspiración, robo de propiedad del Gobierno, entre otros. Estos cargos son susceptibles de recibir contundentes penalidades en los EE.UU, incluida la pena de muerte.
Posición patética
La situación legal que enfrenta Assange en los EE.UU justifica plenamente la continuidad del asilo ecuatoriano. Y ese amparo debe responder a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador para estos casos, los mismos que contemplan la no entrega del asilado ante un potencial riesgo de su integridad física. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no reitera el asilo en términos explícitos y en declaración de Moreno a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, dijo que no le agrada «la presencia del señor Assange en la Embajada» de Ecuador y que hace gestiones con el Reino Unido para abrir «el camino como para que el señor Assange tome la decisión de salir».
¿Cuál es ese camino? Continúa siendo una incógnita.
En su cuenta de Twitter, la organización WikiLeaks califica la propuesta de Moreno de «patético intento de desviar la atención» del reciente informe sobre su tentativa de «vender ilegalmente a Assange a EE.UU. para aliviar la deuda». El tuits continúa diciendo que «El señor Assange es un refugiado político reconocido, no un esclavo que se vende por dinero en efectivo».
WikiLeaks ha hecho referencia a un artículo publicado por The New York Times en el que se afirma que “el presidente ecuatoriano intentó utilizar al exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, como intermediario para entregar a Assange a Estados Unidos”. Según los términos del acuerdo, Manafort habría tenido que saldar sus deudas a cambio. Moreno negó rotundamente que en la reunión que sostuvieron en mayo del 2017 haya conversado con Manafort temas relacionado con la situación de Assange.
¿Quién dice la verdad, el periódico estadounidense o el gobierno ecuatoriano?
Para despejar la dudas, Ecuador debe ratificar el asilo político a Assange de manera explícita o desconocerlo en toda su dimensión. No es admisible que un periodista enfrente cargos criminales por publicar información que emerge de sus investigaciones, más aun cuando ésta, según su equipo, corresponde a la verdad de los hechos referidos a la política exterior norteamericana.
El culebrón sobre Assange, con interminables dilatorias en el tira y afloja entre la defensa de Assange y el gobierno ecuatoriano, refleja la falta de transparencia de la política de Ecuador respecto del tema.
