Al cumplir seis años de asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, la situación de Julian Assange no parece vislumbrar una solución oficial implementada por el gobierno ecuatoriano. Assange fue detenido en Londres el 7 de diciembre del 2010, cuando Suecia buscaba su extradición por un presunto delito sexual. Assange fue liberado y se refugió en la Embajada de Ecuador el 19 de junio del 2012, con lo que violó su libertad condicional, por lo cual es requerido por la justicia de ese país. Dos meses después, Rafael Correa le entregó el asilo.
En recientes declaraciones de prensa, el presidente Moreno reconoce que “es un problema” heredado y que se “busca una solución”, afirmación que viene realizando desde hace dos años en el poder. La novedad es que el Mandatario ecuatoriano estaría dispuesto a la entrega de Assange a las autoridades británicas, “si es que el gobierno británico garantiza su vida, yo creo que lo que más le conviene es entregarse a la justicia británica”, señaló. El gobierno dice que mantiene permanentemente diálogo con el gobierno británico, “acerca de cuál sería el estatus del señor Assange el momento que saldría de la Embajada voluntariamente”. Frente a dicha consulta, el gobierno británico no ha sido explícito en dar una respuesta afirmativa, y solo se alude a que en la “Constitución británica está prohibido que una persona que se encuentra en su territorio sea enviada al exterior, donde puedan juzgarlo y condenarlo a muerte».
Dadas las circunstancias, la situación de Julian Assange continúa siendo incierta, bajo inminente riesgo de ser entregado a la justicia estadounidense, en caso de salir de la embajada ecuatoriana para someterse a la justicia británica. Moreno afirmó que “ellos lo están considerando, entregarse a la justicia británica”, aunque no existe un comunicado emitido por la defensa de Assange en ese sentido.
Estatus legal de Assange
El gobierno británico ha manifestado en diversas ocasiones que “se mantiene la orden de arresto contra él”. Assange ha estimado entregarse a la justicia sueca o a la británica, siempre y cuando estas le garanticen que no será extraditado a Estados Unido, pero ninguno de los dos países aceptaron el condicionante.
Assange podría enfrentarse a una situación muy complicada, porque ha sido la fuente que ha revelado secretos de Estado -algunos embarazosos para el Gobierno de EE.UU- como el espionaje a sus socios europeos grabando conversaciones con países con los que mantienen profundos vínculos. El portal que fundó Assange, publicó «miles de documentos clasificados que revelaban datos», como las muertes de civiles a manos de las fuerzas norteamericanas en Irak y Afganistán, los llamados daños colaterales, registros militares que incluían como un helicóptero apache norteamericano mató a tiros a un grupo de hombres que creían que tenían un lanzacohetes cuando en realidad eran periodistas de Reuters con una cámara de TV”, indica la versión de la agencia informativa.
El fiscal general del Estado de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha manifestado anteriormente que “es una prioridad detener al fundador de Wikileaks”, al que califica de “un servicio de inteligencia hostil no estatal y a menudo instigado por actores estatales como Rusia”. El Reino Unido no tiene en sus manos una orden de extradición de Estados Unidos, sin embargo al ambigüedad de la situación indica que la preocupación de Assange y su defensa no está diluida. Ecuador debe solicitar al Reino Unido la confirmación o negación de esa solicitud de extradición o de una garantía en contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha manifestado en relación con el caso Assange que “la situación jurídica de la persona tampoco puede quedar en un limbo o prolongarse indefinidamente”. La CIDH es categórica en señalar que “se debe respetar el principio de no devolución, un concepto que puede abarcar conductas estatales que impliquen poner a la persona en manos de un Estado en donde su vida o libertad estén en riesgo de violación, “o a un tercer Estado desde el cual pueda ser enviada a uno en el cual pueda correr dichos riesgos”, que es el caso de Assange. Además, la Corte dice que “no basta con que los Estados se abstengan de incurrir en una violación de dicho principio, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas”. Es decir, a que realicen acciones efectivas para que el asilado no sea entregado.
Por la complejidad del tema, una solución no depende solo de una declaración ecuatoriana de entregarlo a los británicos “sin riesgos”, o instar a que Assange se entregue por su propia voluntad. No existe de parte de las autoridades ecuatorianas un tratamiento apegado a los principios internacionales de asilo político, al menos el mandatario ecuatoriano no se refiere a esos preceptos legales, no los menciona ni se ilustra con ellos para una eventual actuación diplomática de su gobierno. Es imperativo que el Estado ecuatoriano debe respetar los acuerdos suscritos en materia de asilo o protección política a una persona, cuya integridad personal está en riesgo. No obstante, no vemos a estas altura una ratificación explicita del gobierno ecuatoriano a dichos principios suscritos.
