Con “Primicias de la Cultura de Quito”(1792) se inició el periodismo en el territorio que hoy es Ecuador. Durante el siglo XIX republicano abundaron los periódicos en el país. Con la Constitución Liberal de 1906 se consagraron la libertad de pensamiento y de imprenta como ejes de la vida periodística. Sucesivamente la radio, en los años 20, la televisión en los 60, el internet en los 90 y las redes sociales a inicios del siglo XXI, ampliaron el espacio de acción del periodismo.
Pero hasta bien entrado el siglo XX, los periodistas se hicieron en la práctica de su oficio. La primera asociación gremial fue la Unión Nacional de Periodistas, fundada en 1940, tanto por dueños de medios como por periodistas vinculados a ellos. Desde la siguiente década creció la necesidad de contar con una ley que garantizara el ejercicio profesional del periodismo. La UNP y los periodistas de Quito y Guayaquil, que habían logrado cambiar los estatutos de la entidad, consiguieron una primera ley en el Congreso de 1968, que fue vetada por el presidente José María Velasco Ibarra.
La carencia de títulos, la ausencia de ley y, sobre todo, la necesidad de garantizar derechos frente a los propietarios de medios, motivaron a que los periodistas de la época encabezaran la lucha por una ley para su profesión, que tuvo el apoyo de UNP, CIESPAL y las Escuelas de Periodismo del momento, de modo que en septiembre de 1975 se logró la definitiva Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, que los dueños de medios consideraron un atentado y se dispusieron a no acatarla.
Esa Ley abrió un proceso de calificación para aquellas personas que habían ejercido el periodismo durante años, cuando aún no existían las Escuelas de Periodismo de Quito y Guayaquil. Se logró que centenares de personas quedaran reconocidas como periodistas profesionales. Es absolutamente falso que la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) haya reconocido solo a sus partidarios, porque no fue ella la que realizó el proceso referido, ni controló la calificación profesional, que había quedado en manos de comisiones integradas por periodistas, que realizaron un trabajo serio y honesto. Así quedaron reconocidos todos los periodistas que demostraron ejercer su profesión desde por lo menos cinco años antes, y se negó la calificación a una serie de personas que quisieron aprovechar oportunistamente de la situación. También, gracias a la Ley, se creó la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) y se fundaron los colegios profesionales en varias provincias.
Con la Ley y el registro de todos los periodistas profesionales, se afirmó la defensa de los derechos y garantías conquistados, que los empresarios privados (particularmente de la TV) burlaron en cada momento, cuando sentían que las disposiciones afectaban sus intereses. Y lo peor es que quedaron en la impunidad, porque la Ley no impuso sanciones, sino un tibio seguimiento de las autoridades del trabajo.
Iniciada, en 1979, la fase constitucional más larga en la vida del país, tanto el gobierno de Jaime Roldós (1979-1981), como el de Osvaldo Hurtado (1981-1984) respetaron la Ley y garantizaron la libertad de expresión. Con el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero (1984-1988) la situación cambio: además de las violaciones constitucionales y a los derechos humanos, en su gobierno no se respetó la Ley de Defensa Profesional, fueron clausuradas varias emisoras, se impidió el funcionamiento de un canal de televisión, se hostigó a todo medio crítico, se persiguió a periodistas, se los agredió y hasta se atentó contra su vida.
Llegó a tal nivel el ataque al periodismo, que el 28 de marzo de 1987 los comunicadores, hombres y mujeres, realizaron en Quito la primera “Marcha de la Dignidad del Periodista”, exigiendo respeto a la Ley, a los derechos laborales y a la libertad de expresión. Fue una convocatoria inédita que, por cierto, fue encabezada por Juan Paz y Miño Cevallos, mi Padre, entonces Presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha.
En años posteriores la resistencia y la lucha de los periodistas por conservar sus derechos y garantizar su ejercicio profesional fue una constante y sus gremios supieron representarlos. La crisis, debida a divisiones partidistas e ideológicas, y al posicionamiento activista de dirigentes de los gremios, fueron acumulándose a partir de la década de 1990.
Tanto el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) como la Ley Orgánica de Comunicación (2014) dictada por obligación constitucional, provocaron una división mayor en el periodismo ecuatoriano. Los propietarios de medios encabezaron, en forma diaria y ubicándose en la derecha política, el cuestionamiento al régimen y a la Ley de Comunicación y, naturalmente, muchos periodistas pertenecientes a ellos, se identificaron con la misma línea de defensa de los intereses privados. Los medios públicos de la época pudieron crear el contrabalance a esos evidentes posicionamientos políticos. Y el presidente Correa libró un personal enfrentamiento contra las posiciones de esos medios privados, los gremios y los periodistas ubicados en la oposición derechista al régimen, al mismo tiempo que otros sectores periodísticos igualmente se ubicaron en la defensa del proceso de la Revolución Ciudadana.
Pero aún así, a nadie se le ocurrió cuestionar la profesionalización del periodismo ecuatoriano, garantizado por las Facultades de Comunicación y las Escuelas de Periodismo del país. El título profesional ha sido una garantía al ejercicio de una profesión que merece estudios y dedicación práctica. El periodismo es una profesión como otras, sustentada precisamente en la titulación académica universitaria.
Resulta inaudito que, desconociendo la trayectoria histórica del periodismo ecuatoriano, por ignorancia o mala fé, al interior de la Asamblea Nacional se pretenda reformar la Ley Orgánica de Comunicación eliminando el requisito del título para ejercer la actividad como periodista profesional. Por toda la trayectoria histórica del periodismo de oficio en Ecuador, es necesario defender, en forma categórica, la titulación de los periodistas, reconociendo, al mismo tiempo que es su derecho tener la inclinación política que cada uno escoja.
Pero también es necesario comprender que, a pesar de la inconsecuente posición en contra asumida por ciertos periodistas y gremios, Ecuador requiere hoy de una Ley de Comunicación que garantice derechos ciudadanos, establezca la responsabilidad social de la prensa (que es un principio que en el mundo actual debe acompañar al de la libertad de expresión y comunicación) y permita sancionar los abusos que normalmente han provenido de la utilización de los medios como hacienda privada y al servicio del poder de las elites dominantes.
