En sorpresiva y rápida sesión la Asamblea Nacional, la noche de ayer, pidió la renuncia a su cargo a la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña por “supuesto caso de cobros ilegales a su ex asesor Ángel Sagbay”. La imputación política se sustenta en un documento que exige a Vicuña «la renuncia al cargo de Vicepresidenta de la República» por hechos que “atentan a la institucionalidad del país”.
La solicitud pide que “por delicadeza” abandone su cargo mientras se investiga el caso de cobros ilegales de dinero que habrían sido depositados en la cuenta personal de Vicuña. Con ese pedido se trata de evitar el juicio político que se estancaría, porque necesita del pronunciamiento de la corte Constitucional que se encentra en vacancia. Existen las pruebas que sustenta la petición -se conoció en la Asamblea-, por tanto la Vicepresidenta debe renunciar “para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político”, en el que con certeza será destituida, dijo el demandante.
La denuncia contra Vicuña comenzó con la declaración notarizada de Ángel Sagbay afirmando que se le solicitaban dineros en calidad de asesor. Luego de la denuncia del ex asesor, el político Andrés Páez presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia con base en la declaración juramentada de Sagbay.
La Vicepresidenta de la República, admitió haber recibido transferencias de Sagbay, su ex asesor cuando fue asambleísta, en su cuenta personal, sin embargo, aclaró que “los depósitos se realizaron así porque el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) no la tenía por no ser una organización de derecho, sino de hecho”. Pese a aquello, negó que el extrabajador haya sido obligado a aportar para ingresar o mantenerse en el cargo, sino que, fue él quien la quiso chantajear para que gestione cargos públicos, desde Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta Gobernador de Morona Santiago. La autoridad admitió que sí existieron transferencias de Ángel Sagbay hasta su cuenta personal. “Eso no está en discusión, están las transferencias, los depósitos. El tema es cuando declara bajo juramento, mintiendo y eso es perjurio, que era una condición, una obligación y, prácticamente, una extorsión para ingresar o mantener el cargo. Eso es absolutamente falso”.
En base de estas evidencias, la Fiscalía inició la investigación previa indagatoria y convoca a los implicados en el tema para que el 3 de diciembre rindan su versión libre, no juramentada. Ese día Andrés Páez y Ángel Sagbay rendirán testimonio como paso anterior a iniciar la judicialización del caso. Además, el órgano solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) copias certificadas de las credenciales otorgadas a Vicuña por cargos de elección popular en los que resultare electa, una certificación en la que consten los periodos en los que se desempeñó como asambleísta y una certificación que confirme si Sagbay laboró en la Asamblea, entre el 1 de junio del 2011 y el 31 de mayo del 2013.
El que milita paga
El tema de aportes económicos de militantes y no militantes a partidos y movimientos que alcanzan cargos de representación popular, y los elegidos contratan asesores a los que se le solicita dinero, es de vieja data. Que lance la primera piedra quien no lo haya hecho, y esté libre de culpa, en el gobierno anterior y en este gobierno. Que se demuestre que en los ministerios y entidades públicas no se solicita a militantes, adherentes y simpatizantes poner mensualmente erogaciones “para el crecimiento y desarrollo del partido”. El problema no está en cotizar para el partido cuando se es militante, de algo tienen que sobrevivir las organizaciones políticas. Lo indebido es admitir a los militantes y no militantes, depositar dinero en cuentas personales de dirigentes y funcionarios públicos, como reconoce la Vicepresidenta que así ocurrió en este caso.
Nueva pugna de poderes
En términos políticos, el caso Vicuña recuerda los tiempos en que las funciones del Estado se enredaban en complejas pugnas de poderes, azuzadas por mutuas acusaciones de irregularidades. En el presente asunto hay consenso político entre todos los sectores representados en la Asamblea para pedir la renuncia a Vicuña, excepto con la bancada oficialista. Esta correlación de fuerzas expresa una clara señal de incapacidad del régimen de lograr alianzas políticas duraderas, pese a sus denodados intentos por escuchar y hacerse escuchar entre los sectores opositores de la derecha política en la Asamblea.
El viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, simboliza la crisis de credibilidad de un gobierno que buscó a río revuelto, alianzas con sectores de la derecha. Si te duermes con perros, amaneces orinado. El gobierno pernocta ideológicamente con sectores tradicionalmente opuestos a la tendencia “de izquierda” por la cual fue elegido, y así busca conseguir réditos políticos en contra de sus enemigos -que ya se han vuelto endémicos- del anterior gobierno correista.
Hoy ese mismo río turbio da un revolcón en sus aguas revueltas a un régimen que comienza a dar patadas de ahogado político.
