A estas alturas de la vida resulta reiterativo afirmar que la educación es el motor del desarrollo de una sociedad, que un país con mala educación es un país perdido en el tiempo sin futuro; y que la educación dede ser «en valores», que se tiene que asegurar los recursos que garanticen la calidad educativa, una adecuada cobertura y los derechos de los miembros de la comunidad educacional. Todo eso lo sabemos, porque nos lo han venido repitiendo todos los gobiernos, en mayor o menor tono de sinceridad o de demagogia.
Pero más allá de las palabras, de las inauguraciones de inicio de clases en que cada año los ministros del ramo estrenan terno, camisa y promesas nuevas, hay que aprender la lección que nos dan en los hechos. Y los porfiados hechos hablan por sí solos. No es posible, ni sincera, la promesa de una educación con altos estándares de calidad si no hay implementos de infraestructura pedagógica, si no se cuenta con líneas de financiamiento para los programas de acompañamiento a los estudiantes en las diversas situaciones que enfrentan en el día a día académico, capacitación o violencia intra escolar. Y no será realizable el propósito de un gobierno de alfabetizar a miles de hombres y mujeres -por lo general de bajos recursos- que no cumplieron su ciclo básico de aprendizaje, si no existen disponibles los dineros para ese propósito.
Bajo estas premisas, la reducción presupuestaria decretada por el gobierno de Moreno para el rubro educación, resulta inconcebible y con visos de harakiri político. El recorte bordea los 198 millones de dólares en gasto corriente y cerca de 220 millones en inversión. El ministro de educación saliente, Fander Falconí, lo dejó entrever en sus declaraciones tuiteras que esto implica: No concretar el cambio institucional de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; reducir la protección de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes… No contar con recursos para asegurar a las unidades educativas ni para su mantenimiento… No podrán renovarse ni equipos ni mobiliarios depreciados; no se renovará la maquinaria del bachillerato técnico y técnico productivo. Tampoco habría con qué adquirir materiales de aseo y de oficina en las unidades educativas. Existe una afectación de USD 221 millones en los siguientes programas: Todos ABC… afectando a más de 200 mil personas beneficiarias. En educación inicial no se podrá atender a 22 mil niñas y niños de 3 a 5 años con el servicio de atención familiar para la primera infancia. 1.500 niños y niñas con discapacidad no podrán acceder al derecho a la educación. La repotenciación de escuelas planificadas para el 2019 se reduce a la mitad.
Un ministro realista
El manejo acertado de un sector tan sensible como es la educación no es cuestión solo de personas simpáticas, sino de acertadas políticas públicas educativas que respondan a un criterio social, incluyente, no politiquero.
A Marcelo Jaramillo, ministro de Educación encargado, lo conocemos como un hombre analítico, sabedor de los recursos legales que implica el ejercicio del Ministerio hoy a su cargo y, por sobre todo, un tipo sincero, realista, que no tiene aspiraciones políticas bajo la manga, no se cree llamado a salvar la educación nacional. Eso lo libera de la demagogia, de los flirteos y el dribling político. No saca cuentas, más bien las rinde.
Es cuestión de que con sus años de experiencia como abogado en litigio, negociación y conciliación jurídicas, sepa implementar una política pública educativa que debe ser construida desde las bases del ministerio, en diálogo sincero con todos los sectores del magisterio, y no desde los pasillos de Carondelet, y revisada luego como discurso en la Secom.
Jaramillo aceptó un desafío feo. Enfrentar los requerimientos de un ministerio con la mitad de los recursos para el próximo año respecto del actual presupuesto, es decir 420 millones de dólares menos, y seguir apareciendo eficiente.
Deberá enfrentar a un magisterio cada vez más demandante, en dos flancos. Por un lado el MPD, sobreviviente político eterno del ejercicio de tumbar ministros; y la Red de Maestros que no se traga el cuento de que son considerados aliados del gobierno.
Deberá enfrentar un movimiento estudiantil cada vez más dinámico, que sale del letargo de diez años y dispuesto a exigir en las calles sus derechos, entre otros, gratuidad de la educación, presupuesto suficiente para los programas educativos, libertad de asociación, derecho a la huelga; además de las prerrogativas inherentes a su condición estudiantil, esto es, calidad y cobertura educativa y un ambiente seguro en las aulas.
Es hora de que el flamante ministro, Marcelo Jaramillo, se reúna con el presidente Moreno y hable claro, con los puntos sobre las íes y no se deje envolver en los cálculos políticos, acaso ya tardíos. Un tips para Marcelo J. y para el titular que lo reemplace en forma definitiva: La educación no es un bien negociable, los derechos no se tranzan por supuestas lealtades políticas y los cargos burocráticos son absolutamente fugaces. Haga suyo el recorderis de Falconi, y déjese inspirar por esa verdad, ministro: “Al cortar fondos para la educación, se ataca a toda la sociedad, en especial a la niñez y a la adolescencia. Lo más grave es que se destruye el futuro del país”.
