Ayer fue un día singular en Ecuador. El Presidente Lenin Moreno se sinceró con el país y reconoció olímpicamente: “No tenemos por qué confrontar con el sector empresarial, por favor, los empresarios no son enemigos, este gobierno es de empresarios, ¿por qué lo voy a negar?” Lejos de negarlo, reafirmó otro secreto a voces: Lenín Moreno, se refirió al calificativo de que su Gobierno es de derecha y dijo que “es un valor agregado”.
¿Qué tiene de malo el reconocimiento empresarial del gobierno de Moreno?
En principio nada, pero en los fines…
Nada de malo tendría el gobierno de empresarios si los dueños de las empresas pagaran debidamente sus impuestos. Según SRI, 215 grupos empresariales adeudan 2.260 millones de dólares al fisco, es decir, a “su propio” gobierno. Son 665 millones en perjuicio por empresas fantasmas y 4.770 millones que salieron a paraísos fiscales. En aduanas, el perjuicio por facturas falsas bordea los 2.000 millones de dólares. El Colegio de Economistas de Pichincha registra una elusión del 28% en 16 años. El dinero que estaría en empresas de papel y en bancos extranjeros sumaría unos $ 4.500 millones. Las sociedades son las principales deudoras del Estado ecuatoriano con cifras que superan los $ 5.700 millones de un total de $ 6.282 millones. Aproximadamente el 50% corresponde a intereses, multas o recargos.
Es decir, conforme la confesión de Moreno, se colige que este es el gobierno de los evasores.
Nada de malo hay, si el gobierno de los empresarios no recortara el presupuesto de educación. Según el informe de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, esa Cartera solicitó USD 675 802 317 a Finanzas para el 2019, que le asignó USD 281 034 411 menos. Esa cantidad supone un recorte del 50% en los programas de alimentación escolar, entrega de uniformes y textos escolares. También una disminución de la mitad del Plan de Recategorización o ascenso de los docentes. En tanto, el monto destinado a universidades y politécnicas pasa de USD 1 443,04 millones, a septiembre del 2018, a USD 1 297,91 para el próximo año. Es decir, USD 145,1 millones (10%) menos.
El ministro de Educación renunciante se convierte en denunciante, y Fander Falconí dice en carta dirigida al Presidente Moreno: “En gasto corriente existe reducción de USD 198 millones. Esto implica: No concretar el cambio institucional de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; reducir la protección de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes… No contar con recursos para asegurar a las unidades educativas ni para su mantenimiento… No podrán renovarse ni equipos ni mobiliarios depreciados; no se renovará la maquinaria del bachillerato técnico y técnico productivo. Tampoco habría con qué adquirir materiales de aseo y de oficina en las unidades educativas».
Y continúa el ex ministro: “En inversión existe una afectación de USD 221 millones en los siguientes programas: Todos ABC… afectando a más de 200 mil personas beneficiarias. En educación inicial no se podrá atender a 22 mil niñas y niños de 3 a 5 años con el servicio de atención familiar para la primera infancia. 1.500 niños y niñas con discapacidad no podrán acceder al derecho a la educación. La repotenciación de escuelas planificadas para el 2019 se reduce a la mitad.”
Se colige entonces, este gobierno de los empresarios gobierna el país de los mal educados.
Nada de malo habría en el gobierno de los empresarios, si no redujera el presupuesto para la atención de salud de los ecuatorianos, en particular del IESS del cual depende cerca de 9 millones de beneficiarios. La cartera de Salud, tuvo un presupuesto inicial de 3.536 millones de dólares durante el año pasado, y este año contará con $ 3.062 millones.
En el gobierno de los empresarios, entonces, vivimos en el país de la insanidad.
Nada malo hay en el gobierno de los empresarios, excepto porque se identifica con los afiliados a las cámaras de la producción, a quienes escucha y cuyos planteamientos ha acogido, con privilegio sobre cualquier otro sector social. Prueba de ello es que, según el organismo sindical CEDOCUT, “tras la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, el gobierno de los empresarios provocó la condonación de deudas al sector empresarial por alrededor de USD $ 4 mil millones de una deuda privada que supera los 4 mil 700 millones.
Es decir, que el gobierno de los empresarios es de los privilegiados.
Nada malo hay en el gobierno de los empresarios, con la salvedad de que su política privilegiada neoliberal supone, como apunta el analista Juan Paz y Miño: “una concentración más aguda y acelerada de la riqueza, incremento de la inequidad social, desestabilización de medianos y pequeños empresarios frente al gran capital, destrucción de las capacidades estatales reguladoras y, sobre todo, de las tributarias, privatización de bienes y servicios públicos, crecimiento de la corrupción privada, flexibilización y precarización de la fuerza de trabajo, subordinación del trabajo al capital, agudización de las diferencias locales y regionales, marginación de amplios sectores sociales que pasan al desempleo y al subempleo, etc.
Nada malo hay en el gobierno de los empresarios… si el Presidente Moreno lo dice, ¿por qué vamos a negarlo?
