La reducción presupuestaria anunciada esta semana en el sector educativo, para el ejercicio del 2019, provocó diversas reacciones entre los miembros de la comunidad educacional. Los estudiantes de la Universidad Central y U. Politécnica en las calles, marcharon hacia Carondelet, y entre consignas de rechazo al recorte presupuestario, gritaban: ¡Queremos pasar, solo a saludar!. En tanto, el ministro de Educación, Fander Falconí, en su despacho, envió sendos tuits en los que resumía su postura de preocupación por la medida: “El presupuesto de la educación debe ser: 1. Creciente: Porque así ordena nuestra Constitución 2. Eficiente: Bien ejecutado, con optimización de recursos 3. Transparente: Abierto a cualquier auditoría social o de las autoridades de control. 4. Basado en necesidades reales”.
No obstante, ninguna de esas premisas sugeridas por Falconí se cumplen desde el Ejecutivo. Según el informe de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, esa Cartera solicitó USD 675 802 317 a Finanzas para el 2019. Y este último ministerio, dirigido por Richard Martínez, le asignó USD 281 034 411 menos. Esa cantidad supone un recorte de al menos 50% en los programas de alimentación escolar, entrega de uniformes y textos escolares. También una disminución de la mitad del Plan de Recategorización o ascenso de los docentes. El Ministro, incómodo, reiteró la idea de que el presupuesto para educación debe crecer en lugar de disminuir, como un mandato constitucional, eficiente en cuanto al uso de recursos para atender necesidades reales, al tiempo que enumeró varios rubros de su cartera como planes que se verian afectados.
En tanto, el monto destinado a universidades y politécnicas pasa de USD 1 443,04 millones, a septiembre del 2018, a USD 1 297,91 para el próximo año. Es decir, USD 145,1 millones (10%) menos. Haciéndose eco de las declaraciones ministeriales, Augusto Barrera, ex secretario de la Senescyt, responsable de la educación superior, manifestó en su cuenta de Twitter: “La disminución de recursos para la universidad ecuatoriana contradice la política de ampliación de oferta universitaria: cupos, modalidades y formación técnica y tecnológica; y afecta los desafíos de la investigación y la innovación. Recorte debe ser inmediatamente revisado”.
“Nuestra mejor arma es la educación pública y gratuita” gritaban los universitarios con pancartas en las manos que llamaban a la movilización nacional. La presión estudiantil determinó que el ministro de Economía, Richard Martines reculara la medida, señalando que “ el recorte no continuaría en los planes estatales”.
La discusión sobre los recursos asignados en la proforma presupuestaria de 2019 para proyectos y programas sociales se ha convertido en la manzana de la discordia en el legislativo. Los argumentos oficiales no llegan a convencer a los asambleístas y ni siquiera a miembros del propio gobierno.
El ministro de Educación, Fander Falconí, criticó la reducción de gastos en sectores fundamentales para el país: salud y educación y manifestó su postura ante la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas: “Si uno compara el presupuesto que envió el Ministerio de Educación con el del Ministerio de Finanzas a la Asamblea hay una reducción importante. Cerca de 198 millones de dólares en gasto corriente y cerca de 220 millones en inversión”. Falconí, curándose en salud, dijo a continuación: “Le comuniqué primero al Presidente, como me corresponde”.
La cartera de Salud, otra preocupación que mencionó el ministro, tuvo un presupuesto inicial de 3.536 millones de dólares durante el año pasado y este año contará con $ 3.062 millones. La reducción presupuestaria en ambas carteras del área social, representa un notorio revés del gobierno de Moreno en sus planes «para toda una vida».
Conociendo la sensibilidad social de Falconi, y sus buenas intenciones de hacer una educación de calidad y con derechos, el Ministro no debería hacer menos que renunciar ante la contradicción de criterios con su jefe de Carondelet. Solo para ser consecuente con su filosofía sempladina, recordemos que hace algunos años en el foro internacional “Ecuador, la nueva visión económica: crecimiento, redistribución y sostenibilidad” en la University College of London (UCL), como Secretario de Senplades, Falconi decía: el pago de la deuda social tiene prioridad sobre la deuda externa, y que esta política permite la inversión en educación, salud, infraestructura productiva y posibilita la reducción de la pobreza. Al tiempo que reconocía que la reducción sistemática de la pobreza, que en ese entonces desde el 2007 presentaba una caída de 10 puntos, obedece a políticas que rompen con medidas ortodoxas originadas en consenso con Washington.
Cambia, todo cambia.
