Un nuevo paso dio en las últimas horas la justicia en la indagación que busca establecer la vinculación de los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo con supuestos contratos irregulares, suscritos con la SECOM durante el régimen anterior. La Jueza Silvia Sánchez, ordenó prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes e inmovilización de fondos para Carlos y Marco Antonio Bravo y 5 exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación.
En redes sociales circuló ayer un video en el que el Exsubsecretario de Medios Institucionales -Marco A. Bravo-, acompañado de su hija de 5 años y su esposa, minutos antes de entregarse a la justicia, responsabilizó al Presidente Lenín Moreno y al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, de «destruir» a su familia por odio político.
Simultáneamente, su hermano Carlos Bravo hacia una llamada al 911 desde su oficina con el propósito que los agentes procedan a detenerlo luego de su decisión de entregarse. Bravo hizo una llamada desde su celular a las autoridades, fijando la dirección de su oficina en el edificio Metropolitan, en la avenida Portugal, entre 6 de Diciembre y República del Salvador.
Minutos después, su hijo Jonás Bravo publicó en su cuenta social: “Los agentes que rondan nuestra oficina niegan serlo. Hemos pedido que suban para que Carlos Bravo se entregue y no quieren hacerlo. Hemos llamado al Ecu 911 para que Carlos Bravo se entregue. Ofrecieron enviar una unidad”.
Carlos Bravo, en el ínterin, hizo una última declaración a la prensa señalando que “se entrega no por valiente, sino por ser un hombre honrado. No tengo porqué correr, este caso no tiene pies ni cabeza. Si viviéramos en un estado de derecho, ni siquiera se hubiese indicado esta investigación e indagación fiscal. El tema es tan absurdo, que la persona que contrató está absolutamente libre, que es Andrés Michelena. Seguramente debe dar algún tipo de versión por ese lado. Solamente Carlos Bravo es la única persona sancionada por un contrato que además, no fue objetado por la contraloría ni forma parte del proceso y la indagación que está haciendo la Fiscalía, sin embargo de aquello, pese a la absoluta injusticia que ha cometido la jueza, son las 5 y cuarto de la tarde estoy en mi oficina y hemos dicho claramente que me voy a entregar, estoy esperando que las autoridades de justicia vengan a mi oficina, no necesitan ninguna orden especial para ingresar, que vengan acá y yo me entregaré como un ser de bien y una persona absolutamente inocente y completamente honesto frente a esta injusticia”.
Contratos cuestionados
Como antecedente existe la publicación de diario El Telégrafo que afirma que Marco Bravo habría contratado a su hermano Carlos, dueños de Gota Azul, para trabajos de comunicación. La nota de prensa dice textualmente: “La empresa Gota Azul, de Carlos Bravo, tuvo contratos por $ 189.000 con la entidad. En 2010, Carlos Bravo Segovia e Iliana Yépez Aguirre constituyeron la empresa Gota Azul Corpoazgo S.A. En ese momento, el capital declarado a la Superintendencia de Compañías fue de $ 800. Sin embargo, esa misma entidad registró en 2017 un total de pasivos y patrimonio por $ 296.636,64. Gota Azul S.A., según la Contraloría, tuvo contratos con la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), en la administración de Fernando Alvarado, por $ 189.000 para producción y postproducción de documentales y cadenas. Sin embargo, la Contraloría encontró irregularidades como “duplicidad de pagos” en un contrato por $ 12.000 entre un prestador externo Víctor Hugo Erique Sarango y el trabajo que entregaba Gota Azul. Ambos cobraban a la Secom. Estas inconsistencias sobresalen en el Examen Especial a los gastos generados y recursos utilizados de los enlaces ciudadanos, que realizaron del 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017”.
El informe de prensa continúa señalando que en noviembre de 2013, Fernando Alvarado, hoy prófugo, como secretario de la Secom, designó a Marco Antonio Bravo, hermano de Carlos, como subsecretario (e) de Medios Institucionales. En 2014, el subsecretario de Secom solicitó la contratación de prestación de servicios técnicos de Erique Sarango, quien debía entregar servicios audiovisuales para el enlace ciudadano. Cobró $ 1.500 mensuales, es decir $ 12.000 en 8 pagos entre mayo a diciembre de 2014. La Contraloría determinó que la Secom no sustentó por qué no podía realizarse con el personal de la propia entidad.
En constraste, Marco Antonio Bravo emitió una carta dirigida a Fernando Larenas principal de diario El Telégrafo, en la que le señala: “Respecto a la contratación con la empresa Gota Azul de Carlos Bravo, yo como Subsecretario de Medios Institucionales nunca tuve alguna participación ni injerencia en la misma, ya que fue la Subsecretaria de Promoción que estaba a cargo del Subsecretario Andrés Michelena (actual Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República) la que solicitó la misma a través de los Términos de Referencia elaborados y aprobados por su despacho”. Entonces -según Marco A. B.- no existía ningún nexo entre los hermanos Bravo como subtitula el diario El Telégrafo. Además, según la ley de comunicación la noticia debe ser verificada, contrastada, precisa y contextualizada, elementos que el artículo en mención carece, porque nunca fue llamado para dar su versión.
Este nuevo capítulo se inscribe en la trama de la cacería de brujas desatada por el gobierno en contra de los funcionarios del régimen de Rafael Correa, acusados de actos de corrupción. Un proceso que deberá establecer la verdad, con derecho a la defensa, presunción de inocencia y aplicación del debido proceso judicial.
La calentura política no debe empañar la fría actuación de la justicia.
