A confesión de partes relevo de evidencias, dice la norma. El gobierno da señales nítidas de que el traslado de Jorge Glas a la cárcel de la Latacunga, “es una vendetta política”, según afirma la defensa del ex vicepresidente. Se cambia de prisión a Glas ante la fuga de Fernando Alvarado, por “medidas de seguridad”. Simultáneamente, el ministro de justicia encargado, Paul Granda, destituye del cargo a la viceministra de justicia Liliana Guzmán, al subsecretario del ramo y a toda la plana de la unidad de rehabilitación social, incluido el personal del ECU 911, responsables del monitoreo del grillete electrónico para rastrear el desplazamiento físico del reo. La huida de Alvarado echa al traste las medidas de seguridad y pone en entredicho la eficacia de los organismos judiciales y policiales, cuyas normas esta vez han sido vulneradas con pasmosa facilidad y elegante estilo.
El gobierno, ante estos hechos, responde como el reyezuelo que sospecha de que entre las sombras de la corte se traman contubernios con desleales súbditos y caballos de Troya del enemigo, y manda a matar a los miembros del séquito, o los reprime, separándolos del poder. No cabe duda de que el gesto es una medida de desespero que acusa nerviosismo político, lo cual entraña el peligro de que el Estado -cual caballo desbocado- se vuelva chúcaro, y actúe con medidas de índole fascistas, y así terminen pagando justos por pecadores. A la final, se trata es mostrar respuesta cualquiera que ésta sea, dar a entender que se tiene el poder y la capacidad de usarlo a cualquier precio.
No vemos la prestancia y templanza necesarias en las acciones del régimen. La sola encomienda de que el secretario de comunicación sea quién emita declaraciones sin el talante necesario, y no lo haga con serenidad el mandatario para orientar a la ciudadanía sobre lo sucedido, es un mal síntoma. En su lugar, en tono de afectación y nerviosismo, el presidente Moreno anunció “la creación de una mesa de trabajo para ratificar la lucha contra la corrupción, que se reuniría cada 15 días”. ¿En donde están los resultados de la acción de las comisiones anticorrupción integradas por conspicuos ciudadanos, que ahora se necesita de otro aparato burocrático para darles haciendo su trabajo?
A renglón seguido, el Contralor, Pablo Celi, acolitando las acciones del régimen, pidió medidas cautelares más severas, es decir, aumentar la represión judicial, “para garantizar que los delitos contra servidores públicos concluyan con sanciones administrativas o penales”. Es decir, todos de súbito están sufriendo del síndrome de ansiedad judicial y de mal de estrés político, que bien les haría valeriana para calmar las respuesta oficiales.
Mientras tanto, el ministro Paul Granda se desayuna con la fuga de Alvarado, y ahora anuncia “una investigación para revisar si el sistema de dispositivos de Vigilancia Electrónica está funcionando bien”, en gesto que denota dudas sobre sus propias palabras. Como no faltaba más, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, atizando el fuego, dijo que “la fuga de Fernando Alvarado no habría ocurrido si no hubiese existido acciones cómplices de otras instituciones” ¿Cuáles, qué sabe la asambleísta Cabezas que el gobierno no sepa al respecto de la fuga de Alvarado?
Como en el juego de la pelotita, los funcionarios se la pasan de mano en mano, y el ministro Granda afirma que “la señora jueza y la Fiscalía son los encargados de prevenir en estos casos, a través de una medida más rigurosa la fuga de un procesado, además cuando hubo el anuncio de delación por parte de uno de los involucrados. Hay personas que jamás enfrentarán la justicia”.
En consecuencia, las incongruentes acciones de los responsables de la seguridad de los procesados, hace que Fernando Alvarado tenga todo el tiempo y la elegancia de anunciar por su cuenta de WhatsApp que “salió del Ecuador a un país que le concedió asilo”. ¿A cuál país? Adivina buen adivinador.
El gobierno pierde el control sobre sus propias decisiones y acciones.
Continuará…
