Las relaciones entre Julian Assange y el gobierno ecuatoriano, finalmente, entraron en un terreno conflictivo. El periodista australiano demandó al Estado por “amordazamiento y vulneración de derechos”. El fundador de WikiLeaks y asilado en la Embajada de Ecuador en Londres interpuso la demanda a través de su abogado Baltazar Garzón, por lo que considera negados sus derechos a la libre comunicación con el exterior.
La acción defensiva de Assange es considerada por los funcionarios ecuatorianos como un motivo para anular su naturalización ecuatoriana y aceptar su carta fechada 4 de diciembre de 2017 en la que Assange renunció al asilo. El periodista se ha negado a acatar determinadas normas por su condición de asilado, como no emitir declaraciones políticas que comprometan las relaciones de Ecuador con naciones amigas, como es el caso del Reino Unido.
El deterioro de las relaciones entre el protector y el protegido político se han puesto en evidencia a partir de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Moreno, consideradas restrictivas de los derechos del asilado. La acción de protección a presentada por los abogados de Assange a favor de su defendido alude a la conculcación de derechos, tales como restricción de la conducta de asilado por la aplicación del Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y atención médica impuestas por el gobierno ecuatoriano en el caso de Assange. La demanda va encaminada directamente en contra del canciller José Valencia y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, dos funcionarios que deberán encarar la causa. Garzón, abogado demandante, argumentó que la incomunicación a la que ha sido sometido su defendido, desde marzo de este año, no tiene ninguna justificación, pero que han acatado esa disposición “aun desde la discrepancia».
Assange pide que su incomunicación debe “cesar inmediatamente, una persona individual privada no puede verse ,limitada en su libertad de expresión”, dijo a través de su abogado. Garzón complementó el pedido señalando que el gobierno ecuatoriano implementó el protocolo de “manera unilateral y arbitraria, porque el documento contiene una serie de términos inadecuados para el asilo de una persona sumamente vulnerable. Un protocolo que supone violación a la intimidad y privacidad .
Garzón dijo no saber quien ha aprobado estas medidas restrictivas de derechos, en un documento que no tiene forma ni membrete y que no identifica a la autoridad que lo emite. No obstante, la demanda debería ser calificada por un juez o jueza y enseguida convocar a una audiencia oral en la que Assange participaría por videoconferencia.
Sin duda la situación de Assange en calidad de asilado ha empeorado, más aún estando bajo el riesgo de ser entregado a las autoridades británicas y deportado a un tercer país -EE.UU- donde su vida corre peligro, y en el menor de los casos, su integridad física y psicológica. El deterioro de las relaciones entre Assange y el Estado ecuatoriano se da en el contexto de una fuerte presión británica al gobierno de Ecuador, lo que ha puesto su condición de asilado cuesta abajo. Ante la arremetida diplomática encaminada a poner fin al asilo de Julian Assange en la embajada británica en Londres, el gobierno ecuatoriano está llamado a respetar los acuerdos internacionales sobre asilo y protección a los perseguidos políticos, como es el caso de Assange. Sopena de perder soberanía y dignidad nacional ante el mundo.
