Aparentemente el comunicador guayaquileño Mauricio Ayora, “Caterva”, se quedó corto en sus cálculos matemáticos cuando en un ejercicio numérico e informativo puso en evidencia lo que sería la punta de un tempano bancario de insospechadas dimensiones. El iceberg financiero ha dejado frío al país, más aún cuando los propios banqueros reconocen tener 8,4 millones de clientes a los que con gotario estarían sacando dinero por conceptos de servicios no contratados o autorizados por los usuarios, a través de empresas intermediarias a las que les proporcionan bases de datos de los clientes.
En un reporte de prensa, cuya fuente es The Economist Intelligence Unit, se conoció que Ecuador se encuentra en el puesto 11 entre 21 países de América Latina, en cuanto a inclusión financiera. Es decir, no somos un país con las puertas de los bancos abiertas para todos y todas, sino para una elite que puede ser sujeto de crédito, dada su solvencia económica. En el país existen grupos sociales que no tienen acceso a los servicios financiero, porque están en un quintil de bajos ingresos pertenecientes a zonas rurales o urbano marginales. No obstante, el informe de la Asociación de Bancos Privados ABPE, reconoce la desigualdad de oportunidades para un sector importante de población donde la exclusión y la informalidad condenan al país a significativas brechas de equidad territorial e ingresos económicos.
Un dato representativo, reconocido por los banqueros, es que el 50% de los ecuatorianos dispone de, al menos, un servicio financiero. Esta cifra, en frías estadísticas, representa un crecimiento de 5 a 8,4 millones de usuarios, entre el 2010 y el 2014. En términos macroeconómicos, según los directivos de la ABPE, los bancos aumentaron la captación de depósitos que pasó de 20,2% al 27,9% en cuatro años, en tanto la captación de crédito aumentó del 17,6% al 25,3%. Este crecimiento se explica por la ampliación de la cobertura de servicios financieros que se desglosan en puntos de recepción de ahorros y depósitos ubicados en zonas próximas a los potenciales clientes como Banco del Barrio, Mi Vecino, Pago Ágil, entre otros, que despliegan avanzadas tecnología informáticas.
¿Qué importancia tiene este informe?
La importante posibilidad de hacer un nuevo ejercicio, siguiendo la lógica de Caterva, para calcular a cuánto ascendería el monto descontado, -como en el caso que denunció el comunicador de TC Televisión-, a los 8,4 millones de usuarios bancarios. En otras palabras, mientras Caterva hacía cuentas en su caso personal, el sistema financiero hace cuentas entre una caterva de clientes para captación de dineros que, según las leyes, implica actos indebidos, como revelación ilegal de base de datos, tipificado en el artículo 229 del COIP, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, según el artículo 190 del COIP, y violación a la intimidad, tipificado en el artículo 178 de ese mismo cuerpo legal.
Caterva dijo en las pantallas de TC Televisión “Están debitando al pueblo que 5, 11, 20 dólares ciertas instituciones, empresas, ciertas firmas que solamente atienden por call center”. Y luego calculó: “a mí me estaban sacando 5 dólares; esto multiplicado por 500.000 personas son 2’500.000. Cuántos meses me sacaron a mi plata: seis meses. Si eso lo multiplicamos por 2’500.000, son 15′ 000.000 que una empresa, sin ninguna autorización firmada de nosotros, se han llevado a sus cuentas bancarias”.
Las cifras de Caterva son cortas. Los bancos -como reconocen sus dueños- no tienen 500 mil usuarios, sino 8 millones cuatrocientos mil clientes. Si a cada cliente le descuentan 5 dolares mensuales, la cifra en términos redondos suma 4o millones de dólares por mes, que multiplicada por 12 meses arroja una cantidad anual de 480 millones de dólares que, potencialmente, percibiría la banca en concepto de descuentos por servicios no autorizados. Una modalidad impune, mientras las autoridades no investiguen y sancionen a los responsables de este ejercicio de marketing masivo, solo comparable con el atraco del feriado bancario de los bancos de la familia Isaías, -ex dueños de TC Televisión- que asciende a 650 millones de dólares. En tanto, un informe del Observatorio de la Dolarización señala que la empresa GEA que da servicios a bancos y aseguradoras, -y que tendría en su nómina de accionista al doctor Eduardo Jurado, Secretario general de la Presidencia- había obtenido 50 millones de dólares en ingreso durante el 2017 por cobros vinculados a la banca.
No es casual que, luego de la denuncia de Caterva, a quien sacaron del aire por unos días por “faltar a la ética y usar el informativo para un caso particular”, una avalancha de perjudicados mostró en redes sociales fotografías de estados de cuenta y documentos bancarios que probaban que el perjuicio no era cometido solo en la persona particular del comunicador de la televisión porteña.
Este caso puede ser la parte visible del tempano financiero que solo muestra la punta del iceberg de un nuevo atraco bancario, como el que presenciamos en el país a fines del siglo pasado. Sin duda, el clamor ciudadano va en aumento y las autoridades de control, gobierno nacional y superintendencias correspondientes, deben investigar a fondo y con resultados, este hecho que en el frio e impersonal mundo del dinero mal habido, nos deja estupefactos, pero no mudos.
