La suspensión temporal de TC Televisión del comunicador Mauricio Ayora, conocido como Caterva, tiene rasgos de un castigo escolar por mala conducta. De no haber sido porque el comportamiento de Ayora ante las cámaras, no fue solo en defensa de sus propios intereses como cliente, presuntamente, perjudicado por una institución bancaria privada, sino con el propósito de alertar a los televidentes, caso contrario el hecho había pasado desapercibido. Se ha puesto en evidencia un iceberg tan gélido, como el mecanismo puesto en marcha en el frío e impersonal mundo del dinero indebido.
!Oh sorpresa! Detrás de un caso particular habría un escándalo de enormes proporciones que perjudica a miles y miles de afectados, que salió a la luz púbica cuando Caterva comentó en el noticiero matinal del canal porteño, lo siguiente: “Están debitando a la gente. Están debitando al pueblo que 5, 11, 20 dólares ciertas instituciones, empresas, ciertas firmas que solamente atienden por call center. Yo no sé por qué los bancos les dan nuestra plata sin ningún documento firmado, solamente porque dizque han llamado por teléfono, que nosotros supuestamente dijimos que sí. En esta última que me descontaron 5 dólares, cuatro y pico, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ayer me llamaron para decirme que me devolvieron los 29,94, 30 dólares. Vamos a hacer las cuentas, a mí me estaban sacando 5 dólares; esto multiplicado por 50.000 personas son 2’500.000. Cuántos meses me sacaron a mi plata: seis meses. Si eso lo multiplicamos por 2’500.000, son 15′ 000.000 que una empresa, sin ninguna autorización firmada de nosotros, se han llevado a sus cuentas bancarias. Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado investigar este atraco”.
Fue suficiente esas afirmaciones para que el canal suspendiera a Caterva, bajo la presunción de que afecta a posibles entidades bancarias anunciantes, o al propio gobierno, dado que la denuncia del periodista habría puesto en evidencia los vínculos de la corrupción privada con el poder. Esta vinculación estaría sustentada en el hecho de que GEA, empresa que da servicios a bancos y aseguradoras, y que ha sido denunciada por cobros no autorizados, tendría en su nómina de accionista al doctor Eduardo Jurado, Secretario general de la Presidencia.
La reacción en redes sociales fue masiva ante el clamor de miles de personas que dijeron sentirse también afectadas por el hecho denunciado, y cuando se supo que el comunicador había sido suspendido, la reacción indignada creció. En seguida asomaron estados de cuenta y documentos probatorios de lo que sería un caso masivo de perjuicio colectivo por “cobros fantasmas”. La respuesta oficial se limitó a decir que Caterva estaba “suspendido por faltar a la ética y usar el informativo para un caso particular”. En tanto, un informe del Observatorio de la Dolarización señalaba que dicha empresa había obtenido 50 millones de dólares en ingreso durante el 2017 por cobros vinculados a la banca.
¿Qué hay en el fondo de este tema? Aparentemente, se trataría de un caso de presunta estafa masiva, con detalles tipificados en la ley. El hecho alude al descuento indebido e ilegal de cobros no autorizados por los clientes. Este procedimiento se inicia con la revelación de las bases de datos de archivos digitales de los bancos a los llamados call center. En una gestión de marketing telefónico, el cliente es informado de que cuenta con tal o cual seguro, tarjetas de crédito o préstamo o seguro obligatorio con una aseguradora impuesta abusivamente. Los delitos cometidos en esta operación de marketing son, entre otros, revelación ilegal de base de datos, tipificado en el artículo 229 del COIP, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, según el artículo 190 del COIP, y violación a la intimidad, tipificado en el artículo 178 de ese cuerpo legal.
La ciudadanía espera la acción de las autoridades en varios frentes de investigación, hasta dar con los responsables y sancionar un acto de corrupción privada con alcances públicos. A partir de entonces la Fiscalía tiene la palabra para señalar con claridad los delitos cometidos. La Superintendencia de Bancos debe establecer cómo y por qué se dieron los cobros ilegales. Instancias “de control”, como la Comisión Anticorrupción, deben actuar de inmediato con toda libertad y premura.
Políticamente el caso trae cola. Los ejecutivos del canal TC Televisión, adlátere del gobierno, debe reincorporar a Caterva y garantizar toda investigación periodística pertinente, sin presiones oficiales. En tanto, el ejecutivo debe dar paso a la denuncia, venga de donde venga y caiga quien caiga, para ser consecuente con su lucha anticorrupción. Como medida de prudencia el Secretario de la Presidencia debe ser separado de su cargo, hasta aclarar los hechos.
El rol de la ciudadanía es fundamental en la denuncia, sin temor, de los casos existentes, ejerciendo en los hechos la participación ciudadana de la que tanto se hace alarde, a través de veedurías y defensorías populares efectivas y protegidas por la ley. A la prensa nacional cabe un rol importante en la canalización de las denuncias con responsabilidad y la seriedad que las pruebas confieren en la investigación periodística.
La punta del iceberg de la corrupción ya no debe solapar el fondo del problema.
