No hay mal que por bien no venga, ni mal que dure cien años, dice el adagio popular. Y la sabiduría del pueblo pocas veces equivoca sus apreciaciones que, sin complejas profundidades, hace caso a su instinto, presta oídos a su voz interior y escucha los consejos que le dictan sus derechos consustanciales.
Ese vox populi tan mentado a la hora de hablar de participación ciudadana, ha sido un eufemismo político que no siempre se cumplió en la historia cívica del Ecuador. País de péndulos políticos, representaciones indirectas y vaivenes democráticos, el Ecuador ha visto oscilar la participación popular entre la dadiva populista y la conculcación de derechos. Puesto que no ha sido siempre la representación ciudadana directa la que haya tenido ocasión de dirimir los grandes temas nacionales.
Cierto es que cada sociedad se da el modelo de democracia participativa que le dictan sus referentes ideológicos y que cierta demoadicción -perdón por la palabreja- o presencia del pueblo activo y organizado en cada acto de la vida nacional, muchas veces se tradujo en la gestión aislada de los “sectores populares”, siempre exhalando un tufillo de marginalidad endémica.
Hoy cuando se pone en el tapete de la discusión nacional la vigencia del llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Ecuador tiene una nueva oportunidad de presentar criterios respecto de un organismo siempre cuestionado, falto de prestancia y talante democráticos y descompuesto en su figura representativa.
El mentado cuerpo colegiado fue concebido en la década anterior como una evolución cívica de lo que fuera la “Comisión Anticorrupción” que nació de las entrañas del bucaramato, en tiempos en que la corrupción era pan de cada día y ciertas noches. El nuevo ente de representación, ciudadana, CPCCS, nació abortado, según sus detractores. No obstante sus aires triunfalistas de inaugurar en el país “una democracia más activa, con aporte social a la vida nacional”, dichos valores para algunos resultaron todo un fiasco por la cooptación de que fue objeto por parte del poder que lo llevó a la “ilegitimidad” en su razón de ser.
Cambia, todo cambia, dice la canción. No obstante, advino el gobierno de Moreno que para muchos en materia de participación popular real, representa “el primer día de lo mismo”, es decir, la historia repetida con otros actores concebidos para flirtear con el autoritarismo que tanto critica a Correa. En este periodo presidencial la participación popular ha sido un bluf, con un clímax surrealista en una consulta popular que sancionó -por la vía del voto- cuestiones decididamente antipopulares, como es la existencia de un CPCCS transitorio nombrado a dedo, en base a siete ternas con tres candidatos cada una, enviadas por el Ejecutivo a un Legislativo obsecuente.
El flamante organismo presidido por un ex parlamentario democratacristiano, Julio César Trujillo, comenzó a barrer como toda escoba nueva, a la hora de desbaratar la institucionalidad heredada del correismo. El transitorio consejo inició su trabajo destituyendo a Patricio Rivera, exministro de Correa, de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, mientras iniciaba procesos contra el resto de autoridades evaluadas que igualmente fueron acusadas de supuestas irregularidades. El presidente del transitorio consejo no escatimó esfuerzos semánticos para calificar a sus oponentes: al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, lo moteó como “Jalkh y su caterva”, en clarividencia de que sus inclinaciones y expresiones delatan “una animosidad que no es propia de un evaluador independiente y que denotan que antes de la evaluación tenían una decisión”, según dijo el afectado. Acto seguido, Jalkh denunció animadversión contra el vocal transitorio Pablo Dávila quién adelantó criterios sin leer los argumentos de descargo del Consejo de la Judicatura, en su evaluación. Y las críticas al CPCCS arreciaron “al poner a dedo a autoridades” en la fiscalía, y posesionar a un Fiscal Encargado, figura que no existe en parte alguna y que, de acuerdo a la ley, se debe seguir el orden de subrogación de acuerdo a la última evaluación de fiscales.
Y eso no es todo. Sectores parlamentarios han señalado que el transitorio consejo, “se extralimita en sus competencias otorgadas conforme al anexo 3 del referéndum del 4 de febrero de 2018 ya que se encuentran realizando interpretación de varias leyes constituyendo ello una flagrante violación al estado de derecho”, arrogándose funciones que son de exclusiva competencia del poder legislativo. De igual modo, una instancia de veeduría, Fundación Democracia y Desarrollo, ha expresado su criterio sobre lo actuado por el CPCCS transitorio, y señalado que, “se está atribuyendo funciones que ni el mandato de la consulta popular ni la Constitución le otorgan. Bajo el argumento de que tienen “facultades extraordinarias”, los miembros del Consejo están actuando de una manera altamente discrecional, afectando la institucionalidad y la construcción del Estado de Derecho en Ecuador”.
De cara a su definir su destino definitivo, los argumentos cuestionadores al consejo de participación ciudadana transitorio, son elocuentes. Los nombramientos que realiza se da por fuera de las atribuciones constitucionales, legales y del mandato del referendo del 4 de febrero. Este organismo no está facultado para nombrar titulares “encargados” de ninguna institución, puesto que cada una tiene sus propios procesos para llenar vacantes cuando se ausenta el titular. La facultad evaluativa otorgada al CPCCS por el resultado de la consulta popular de febrero, no debe ir más allá de evaluar a las autoridades por el Consejo de participación anterior, puesto que no tiene facultades para nombrar ni destituir a nadie “por incumplimiento de sus funciones”. El mandato popular es claro: no otorga patente de corso para actuar por sobre la Constitución y los tratados nacionales e internacionales vigentes. La arbitrariedad de interpretar la normativa a su favor, abre las puertas a futuras demandas en contra del Estado por parte de los cesados en sus funciones, en defensa de sus legítimos derechos eventualmente conculcados.
Borrón y cuenta nueva aspira el CPCCS de cara a definir su futuro. Su presidente Trujillo propone suprimirlo a través de una consulta popular, esto en coincidencia con la tesis del banquero Guillermo Lasso. Esta figura de elección ciudadana no procede por la naturaleza del CPCCS transitorio. Cabe señalar que hasta febrero de este año, dicho consejo fue integrado por siete consejeros y consejeras principales y siete suplentes seleccionados entre organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a través de un concurso público de méritos y oposición, con veeduría e impugnación ciudadana.
A todas luces el camino más viable para definir la existencia del consejo de participación, es a través de una decisión legislativa o una Asamblea Constituyente, si en realidad se quiere hacer borrón y cuenta nueva sobre un organismo que poco o nada tiene de representación de las minorías. Lo que hace sentir y pensar que no tiene democrática vigencia. La pregunta de rigor que todos los ciudadanos debemos hacernos, legítimamente, este momento: la participación popular ¿qué?
