Diezmos parlamentarios: corrupción legislativa
No tiene figura legal, pero si definición ética: se llama erogación chantajista, aquella que se entrega forzadamente bajo amenaza implícita de perder el empleo, o caer en desgracia, de no aportar al partido o movimiento político del jefe, sin que medie una consulta respecto de si uno está o no de acuerdo con financiar a la organización política gobernante. Era un secreto a voces desde siempre. Los empleados públicos en Ecuador tienen que pagar una “contribución voluntaria” por su empleo, que de voluntaria tiene poco o nada, por la coerción ejercida contra quien no está dispuesto a este impuesto al palanqueo laboral.
Lo que en un comienzo fue una petición discreta se convirtió en una práctica desembozada que va a engrosar la estadística de denuncias ante la Fiscalía en Ecuador: en la Asamblea Nacional los legisladores reciben supuestos pagos de asesores y asistentes a cambio de mantener el empleo. La primera denuncia la hizo el asambleísta Fabricio Villamar. Si el rio suena es porque piedras trae, con esa conjetura se ha iniciado una investigación en el cuerpo legislativo ecuatoriano que implica una auditoria a las cuentas bancarias de los legislativos para determinar culpables, cómplices y encubridores de un delito de chantaje económico.
Al menos 23 parlamentarios ecuatorianos estarían en la mira de las investigaciones, no obstante solo en tres casos se han formalizado como denuncias en firme. Se trata de legisladores en funciones y otros que estuvieron en actividad durante el anterior gobierno. Los casos en numerario suman varios miles de dólares que han circulado con destino a las cuentas bancarias de los asambleístas que cobraban a sus empleados para mantenerles el puesto. El caso de Andrea U. es representativo por la denuncia que cursó en contra de una representante legislativa de Alianza País de provincia, del movimiento oficialista, que le pidió que le page el almuerzo, la movilización y el hospedaje durante los días que tenía sesiones parlamentarias en Quito. La legisladora acusada mantenía la exigencia a 4 de sus colaboradores de reunir 400 dólares que suman las erogaciones que ella daba al partido. El cohecho o concusión es la figura que la Fiscalía ecuatoriana busca explorar para plantear cargos a los involucrados.
Según chats y grabaciones en poder de Andrea U., existen otros asesores de asambleístas que afirman haber cancelado 500 a 1.000 dólares, en tanto otros, entregaban un tercio de su sueldo, incluso se registra un caso de un colaborador que afirma haber pagado 30 mil dólares para acceder al puesto de asesor. En otros casos, se sufragaban gastos de ropa, gasolina, peluquería, cuentas de teléfono, alquileres, la compra familiar e incluso las letras de vehículos de lujo.
Según la versión entregada a la prensa, de los 23 casos que asegura conocer Villamar, por lo menos ocho nombres ya han trascendido. Son asambleístas que pertenecen a prácticamente todo el abanico de partidos de la Asamblea Nacional. Hay colegas de Villamar en CREO señalados, también en el bloque oficialista de PAIS, en el de Revolución Ciudadana –que se escindió del movimiento de Gobierno–y en los opositores del Partido Socialcristiano (PSC) y del indígena Pachakutik. No obstante el miedo hace mantener el silencio. No son pocos los asesores que prefieren negociar con sus jefes la situación particular, para “guardar reserva”, antes de proceder a las denuncias públicas.
El tema desembocó en escándalo cuando la preocupación de varios legisladores por que “no se hagan generalizaciones y no se los meta a todos en un mismo saco”, cobró fuerza, y concluyó en una resolución sobre el tema. “Lo que no entienden mis compañeros es que el buen nombre no se gana con una resolución, sino con acciones”, señalo Villamar.
La Asamblea Nacional en Ecuador solicitó a la Controlaría y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) auditar las cuentas bancarias de los asambleístas para detectar los supuestos pagos. Las tres autoridades de control ya han confirmado que iniciarán las pesquisas para averiguar qué asambleístas –que tienen un sueldo fijo mensual ligeramente superior a los 5.000 dólares mensuales –habrían recibido pagos de colaboradores que cobran entre 1.394 y 3.173 dólares al mes. Los diezmos parlamentarios amenazan con expandir la corrupción legislativa a otros ámbitos del sector público. Estas son, sin duda, prácticas rastreras de despojar de una parte de sus ingresos a funcionarios y asesores públicos que muestran la poca vergüenza y la miseria de una parte de la clase política ecuatoriana que desprestigia al país.
Las prácticas parlamentarias de cobrar diezmos, no solo existen en el poder legislativo, se conoce que en los ministerios y entidades públicas, empleados y burócratas aportan diversas cantidades mensuales “al partido político”, siendo o no militante, sin que nadie haya aclarado sobre la existencia de esa obligación camuflada de voluntaria.
Simple y llanamente corrupción, una mancha más al tigre oficial.
