Ecuador país petrolero, ha vivido las vicisitudes de una era en la que el oro negro enturbia su historia política, social y económica. El descubrimiento de crudo en el Ecuador se dio desde 1911 con la perforación del primer pozo Ancón 1, en la península costera de Santa Elena, y más tarde, en 1967, con la perforación del pozo Lago Agrio 1, en la Amazonía, a cargo de la operadora Texaco Gulf. En 1971 por primera vez, el país pasó a manejar todas las fases de la industria petrolera: exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización, antes en manos de transnacionales. Para la gestión de estas actividades se creó en 1972 la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE)
En el contexto de esos hitos, el país ha protagonizado una historia negra, cuyo fantasma hasta el día de hoy opaca los periodos de bonanza y desarrollo económico que el Ecuador experimentó gracias al crudo en diversas épocas de dicha historia. No obstante, no es exagerado decir que el crudo representa una suerte de “maldición del petróleo”, recurso que debió ser una bendición para el país, pero no lo fue. No sería objetivo culpar a un designio geográfico de contar con yacimientos petroleros amazónicos y marinos, sino al manejo que gobiernos entreguistas han hecho de ese recurso natural no renovable, al concederlo a compañías transnacionales para su beneficio económico, en contraste con la depredación geográfica de territorios involucrados en la explotación del crudo.
Una negra derrota
Entrados los años noventa, en 1993, los habitantes de la provincia de Sucumbios presentaron en Estados Unidos una denuncia contra Texaco, la empresa que operó la extracción petrolera desde 1967 hasta 1990. En ese entonces una corte estadounidense dictaminó que el caso debía ser juzgado en Ecuador. La corte local en la ciudad de Nueva Loja abocó conocimiento y se dio así inicio a un litigio que dura años. El llamado Frente de Defensa de la Amazonía inició en 2003 la demanda con dos puntos álgidos expresados en la contaminación ambiental, producto de la explotación petrolera que provocó graves daños en las comunidades indígenas de la región y causó un alto índice de casos de cáncer en la provincia. “Hemos recibido de la compañía contaminación, enfermedades y la muerte”, diría Emergildo Criollo, líder de la comunidad Cofán.
Los demandantes hablaron de genocidio contra las tribus de cofanes, huaoranis, secoyas, sionas y hasta de total exterminio de otros grupos como los tetetes. Esta vez el acusado era Chevron, la empresa que había adquirido Texaco dos años antes. Para Chevron, Texaco cumplió con lo pactado con el Estado ecuatoriano cuando en la década del 90, tras la salida de la empresa del país, se realizaron auditorías para determinar el pasivo ambiental dejado por 15 años de explotación. El juicio siguió su curso con fuertes e irreconciliables enfrentamientos entre las partes. Luego de un fallo, la justicia ecuatoriana determinó en 2011 que Chevron debía pagar US$9.500 millones en compensación a los habitantes de esa región de la Amazonía ecuatoriana.
La historia no quedó ahí y se fue haciendo más negra, a medida de que Chevrón apelaba y recurría a todas las instancias internacionales impugnando la sentencia ecuatoriana. Luego de siete años de tira y afloja, finalmente el Tribunal Arbitral de La Haya -al que también apeló Chevron- emitió este viernes un fallo a favor de la petrolera estadounidense que había sido condenada por la justicia de Ecuador en 2011. El tribunal internacional determinó que la sentencia contra Chevron «fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción».
Luego de esta derrota jurídico-politica internacional, Ecuador se apresta a asumir una contundente derrota económica en el largo y controvertido caso Chevron, tras el laudo arbitral que le acaba de dar la razón a la petrolera estadounidense. Según informes, el tribunal arbitral internacional de La Haya hace responsable al país por «denegación de Justicia, por violación al principio de trato justo y equitativo, previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos, y por incumplimiento de los laudos arbitrales previos que establecían medidas cautelares». El gobierno ecuatoriano reaccionó anunciando el fallo de La Haya y se anticipó a advertir que esta situación “expone a Ecuador a una eventual sanción millonaria”. Sanción que el gobierno de Moreno no está dispuesto a asumir y, por el contrario, endilga responsabilidad politica y económica al ex presidente Rafael Correa.
Como dato coincidente, es necesario recordar que en septiembre del 2017 el ministro Pablo Campana buscó diálogo con Chevron y anunció acuerdos con la transnacional: “Es momento de sentarse a dialogar, limpiar lo que haya que limpiar, lo que tenga que ser limpiado y tratar de resolver este problema, lo cual sería mejor para Ecuador, Chevron y los EE.UU, con un diálogo franco podemos resolver este problema” ¿Ingenuidad en la visión unilateral del tema? Lo cierto es que no se logró el diálogo ni se verificó el consenso, peor acuerdos equitativos. En respuesta mediática, el secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado, se adelantaba a la derrota ante La Haya y anunciaba, un día antes de conocerse el fallo, que exigirá al expresidente Rafael Correa, y a sus colaboradores, que respondan por no haber defendido “como corresponde en derecho internacional” los intereses nacionales. ¿Las castañas con la mano del gato?
Nueva ronda petrolera
Hoy día, en el mismo escenario, Provincia de Sucumbios, Ecuador anuncia una nueva ronda petrolera que saca a licitación privada campos menores -Intracampos- que dejaron de ser explotados por la estatal EPPetroecuador. Sucumbíos, escenario del fallo histórico de este lunes contra la empresa estadounidense Chevron, nuevamente es sinónimo de petróleo en Ecuador.
La Ronda Intracampos -según versión oficial- convoca a la inversión privada internacional y nacional a participar en la reactivación y desarrollo de bloques petroleros revertidos al Estado, con el fin de estimular el emprendimiento industrial, comercial y de servicios en la provincia de Sucumbíos. El proyecto Intracampos tiene origen en abril de 2016, por iniciativa de la ex Secretaría de Hidrocarburos y de la Empresa Pública Petroamazonas, responsable actual de las operaciones en los Bloques 15, 50, 56, 57 y 58 de las provincias de Sucumbíos y Orellana. La nueva ronda se propone licitar 8 bloques: Perico, Iguana, Espejo, Sahino, Arazá Este, Pañayacu Norte, Charapa y Chanangue.
En esta nueva fase petrolera -caracterizada por el grave traspié en el caso Chevron-, el Estado está llamado a preservar los intereses nacionales y a resguardar la soberanía sobre los recursos naturales no renovables. Más aún, en momentos de extraña coincidencia en que en el mismo territorio amazónico, Sucumbios, el fantasma de la vieja política petrolera concesionaria de territorios a cambio de mínimos porcentajes económicos a favor del Estado, deambula como mal augurio nacional.
