El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decretado por la ONU el 30 de agosto, constituye una ocasión pertinente para evocar a los periodistas asesinados y secuestrados en el ejercicio de su actividad profesional. La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
México es la muestra sine qua non del país con mayor índice de víctimas entre comunicadores y reporteros desaparecidos en el mundo. En el territorio mexicano ejercer la actividad informativa es un riesgo inherente a una profesion reprimida por mafias narcotraficantes, agentes del gobierno y sicarios contratados por grupos de poder de diversa índole. Investigar, informar, opinar es un ejercicio profesional que en México se sortea entre balas, amenazas, secuestros y detenciones forzadas; como muestra, 24 periodistas han desaparecido en los últimos 15 años.
El dato estadístico mayor se concentra en medios informativos locales provinciales que ejercen la actividad en zonas dominadas por el crimen organizado de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. En ese sector del país las narco bandas ejercen presión constante sobre la prensa para silenciar, cooptar y sobornar a sus periodistas bajo amenaza de muerte. El último caso conocido corresponde al reportero de 22 años, Agustín Silva, de El Sol del Istmo, desaparecido en enero de este año en Oaxaca. Su expediente tiene un informe desfavorable de la Fiscalía mexicana que niega que el hecho este “vinculado a la profesion periodística” .
México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica, se equipara a Siria que vive un estado de guerra. Las desapariciones reportadas corresponden a casos de profesionales que, de la noche a la mañana, abandonaron sus puestos de trabajo, asumiéndose su desaparición forzada. Nueve de cada diez casos de desapariciones están relacionados con coberturas informativas sobre temas de corrupción y seguridad nacional. Entre los desaparecidos, dos de cada diez periodistas habían recibido amenazas previas de muerte, antes de ser secuestrados o asesinados en ejercicio de su actividad informativa en territorio mexicano, el de menor libertad de prensa conforme el número de agresiones a los informadores. El año anterior, México registró 12 periodistas asesinados y los datos investigativos desde el año 2012 a la fecha, consignan 1.986 agresiones en contra de reporteros en ejercicio de su labor profesional.
El año 2018 en México se registran siete periodistas asesinados, cuyos casos más recientes corresponde al crimen del director Rubén Pat y el reportero José Guadalupe Chan, del semanario Playa News. El director ya había recibido amenazas el año anterior por denunciar una relación ilícita de funcionarios públicos con el crimen organizado. Meses antes del hecho, en 2017, Pat había sido detenido y torturado por elementos policiales por su denuncia en contra del jefe de la policía local que pertenecía a un grupo delincuente orgánico.
El más reciente crimen perpetrado contra periodistas en México ocurrió en la localidad de Cancún, en circunstancias de que el camarógrafo del Canal 10 de esa ciudad, Javier Rodríguez Valladares, apareció muerto con varios impactos de bala.
Entre las formas más frecuentes de represión y atentado a la libertad de prensa, están las practicadas en México, Siria, Turkmenistán y Somalia, en que los gobiernos, las fuerzas militares y los grupos armados atacan de muerte a los periodistas que consideran críticos con sus políticas y sus prácticas.
La coacción violenta contra la prensa y el libre ejercicio del periodismo, investigativo, informativo y/o de opinión, constituye el más flagrante atentado en contra de la democracia en un país. El ataque directo a la libertad de expresión solo es concebible en dictaduras militares y estados de guerra, militar o civil, por el alto riesgo que comportan las coberturas informativas bajo esas circunstancias.
El secuestro o desaparición forzada de profesionales del periodismo, comporta diversas modalidades de represión al derecho a informar y ser informado, prácticas terroristas que son la antesala de crímenes consumados. Los periodistas nos arriesgamos a que nos acusen en virtud de leyes que penalizan la expresión pacífica de opiniones, o a que se presenten cargos falsos de motivación política (como posesión de drogas y fraude) para que dejemos de informar.
Muchos regímenes que fungen de democráticos, libertarios y de tal, consideran que amenazar a los periodistas o a sus familiares es una forma eficaz de silenciarlos. Algunos regímenes represivos tratan de controlar el acceso a Internet para regular las actividades de los periodistas. En algunos países, como China, resulta difícil para los activistas y periodistas resulta informar sobre asuntos de derechos humanos, porque sus comunicaciones son controladas por funcionarios del Estado. En países, como Siria, los gobiernos niegan o retiran los visados a los periodistas extranjeros –o cancelan las licencias para ejercer a los nacionales– para que dejen de investigar abusos contra los derechos humanos. Otros lugares del planeta, al no poner en manos de la justicia a los responsables de ataques contra periodistas, los gobiernos transmiten el mensaje de que está permitido impedir que se informe sobre lo que consideran temas delicados. En algunos países las autoridades cierran periódicos y emisoras de radio que consideran críticos. Y en naciones occidentales, los gobiernos fomentan campañas de difamación contra periodistas que critican a las autoridades.
Vivimos un tiempo en que existe una represión calculada y a la vez violenta contra el periodismo puntual, objetivo e imparcial. En rechazo a esta evidente situación hacemos nuestras las palabras del colega Galel Cárdenas, del medio digital Criterio.hn: “Solamente el periodismo tarifado, comprado, pagado con monedas llenas de sangre, narco actividad, persecución, martirologio y represión desmedida a muerte, puede gozar de las francachelas que el sistema político neoliberal ha ofrecido con discursos manidos, vergonzantes e inmorales, a los protagonistas de la redacción periodística en todas sus facetas”.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, exhortamos a los gobiernos latinoamericanos y, en particular al gobierno ecuatoriano, a permitir el libre ejercicio periodístico, investigativo, informativo y de opinión, en aras de la libertad de prensa y la necesaria convivencia democrática en nuestra región.
