La cita que se han dado los países de la región para tratar el tema de la migración venezolana se adelantó para el 3 y 4 de septiembre en Quito. La decisión fue adoptada luego de que la migración venezolana se ha convertido en un “problema regional que requiere urgente tratamiento”. Por citar una cifra, el flujo de venezolanos que han ingresado a nuestro país, desde enero del 2018, asciende a 641.353, de los cuales se quedaron 120 mil, es decir el 18%, mientras que 524. 827 venezolanos prosiguieron viaje a Perú y Chile y otros destinos regionales.
Ecuador se vio en la obligación de adoptar medidas emergentes para asumir este tema que no tiene solución unilateral, sino multilateral en la región. El régimen de Lenin Moreno amplio la declaratoria de emergencia a tres provincias fronterizas, Carchi, El Oro y Sucumbios, habilitó alberges humanitarios en diversos puntos del país, y reiteró la decisión de solicitar pasaporte y la cédula apostillada a los venezolanos que deseen ingresar a territorio ecuatoriano.
Otra decisión ecuatoriana es “buscar entendimientos muy concretos y soluciones prontas con el régimen de Nicolás Maduro”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad, José Valencia. La medida del canciller es, por decir lo menos, ingenua o desesperada. Ecuador no tiene nada que negociar con el régimen de Maduro que, probablemente, no esté dispuesto a llegar a entendimientos con Moreno, dadas las deterioradas relaciones políticas bilaterales.
La migración venezolana se ha convertido en un problema regional, según el gobierno ecuatoriano. No obstante hay que decirlo, mientras se utilice la situación de millones de venezolanos huidos de su país como un elemento de presión política contra el régimen de Maduro, no habrá solución posible consensuada con ese gobierno. Los países de la región, Ecuador, Chile, Perú, los más afectados por la migración llanera, deben abandonar la postura de censura al gobierno venezolano y adoptar, seriamente, una posición humanitaria junto a los organismos internacionales, ONGs, encargados de “velar por los derechos de los migrantes”, según los acuerdos internacionales suscritos sobre tema.
Los asuntos propuestos por Ecuador para la próxima la cita de septiembre en Quito, se relacionan con salud, educación y seguridad. En el marco de la reunión regional es imperativo adoptar medidas multilaterales para que la migración de venezolanos en la región sea regulada, ordenada, segura y en el marco del respeto de sus derechos humanos para prevenir el tráfico de menores y combatir la trata de blancas. Una de las medidas posibles consiste en plantear cuotas para manejar el flujo migratorio de venezolanos y ser acogidos en distintos países de la región, así como lo hace la Unión Europea (UE) con los migrantes de África que llegan a esas naciones.
No se trata de solidaridad vs mendicidad. Los ecuatorianos tenemos un gobierno que se dice “de todos” y que debe precautelar nuestros intereses y derechos, prioritariamente: derecho al trabajo, vivienda, salud, educación, divertimento, etc., y no hacer recaer en la sensibilidad de los connacionales la situación de una migración descontrolada que afecta, en la práctica, nuestros derechos humanos, por más solidaridad que se tenga con los hermanos venezolanos.
Para nadie es un misterio que la salida masiva de venezolanos se debe a la situación interna de su país. Falta de empleo, alimentos, medicinas, recursos varios para una vida segura, condiciones vitales que el régimen de Nicolás Maduro no reconoce como una realidad existente en Venezuela. En esa perspectiva, el problema de la migración venezolana hacia Sudamérica es un asunto que requiere una solución política, surgida desde el interior de la nación venezolana, y, corroborada por los países de la región representados en los organismos mutilarles pertinentes. Es hora de asumir la responsabilidad compartida entre el país venezolano originario del drama de sus habitantes y los países sudamericanos, que se ven afectados por una coyuntura interna de una nación. El éxodo venezolano ya se ha convertido en un problema regional, sin viabilidad de solución a corto plazo, si no es asumido con realismo político y sensibilidad social.
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