El régimen de Lenin Moreno anuncia las medidas económicas “de reajustes” -o paquetazo- y éstas se dan al unísono con la propuesta oficial de Ley de Fomento Productivo. Con estas acciones el gobierno desgobierna, según análisis de dos observadores, Carol Murillo y Carlos Rabascall, entrevistados para una televisora manabita. La una, desde un ángulo político y el otro, desde un enfoque económico, ambos van perfilando el gobierno que cumple un año y tres meses en el poder.
Y el perfil responde a una impronta caracterizada por un gobierno en desgaste frente a la opinión pública y, por qué no decirlo, privada. Se trata de un esquema de gobernabilidad que carece de un proyecto político propio, luego de haber abandonado las propuestas que el mismo presidente Moreno, en calidad de candidato de Alianza PAIS, hiciera en abril del 2017. Proyecto político propio que, en su ausencia, fue reemplazado por políticas sugeridas en campaña por la derecha, otrora contendora electoral del actual régimen. Políticas inherentes a los grupos asociados a la banca privada, a las empresas industriales y comerciales del país, y a los grandes medios informativos que hacen eco a sus planteamientos ideológicos y programáticos.
En un recuento previo al desglose del análisis dual que hacen Murillo y Rabascall, diremos que el régimen, luego de ser cooptado por la derecha política, y por lo mismo, ya no contar ni gobernar con un proyecto político suyo, ha ejercido el poder desde la propaganda sistemática en el afán último de generar ante el país una percepción política del antes y el después del 24 de mayo de 2017.
Según el análisis económico de Rabascall, el régimen hace todos los esfuerzos por deslegitimar el proceso de cambio que tuvo lugar la década pasada, argumentando una crisis cuyo culpable sería el gobierno anterior. Crisis que no es tal, según Rabascall, sino la existencia de una situación de iliquidez motivada por la caída de los precios del petróleo, catástrofes naturales que consumieron ingentes recursos al país y una sistémica campaña de desprestigio económico.
No obstante, que el propio FMI reconoció un crecimiento de un 3% de la economía nacional ecuatoriana. A este cuadro se suman las propias cifras del INEC -versión oficial- que diagnostican en sus estadísticas un retroceso del país en lo económico, a partir del 24 de mayo del 2017. El gobierno arguye “obesidad del Estado” para justificar el despido masivo de funcionarios públicos y la eliminación de ciertas entidades estatales, sin embargo el gasto corriente de ese mismo Estado, obeso y confeso, creció entre el primer trimestre de 2017 y primer trimestre de 2018 en un 5.12% (INEC).
Los índices de inequidad en el Ecuador han crecido; según datos del 2012 al 2017 ese indicador era de un 14%; en tanto, en el periodo 2017 al 2018, crece un 2% y la pobreza lo hace en un 6%. Las causas para Rabascall son claras: no existe una política de desarrollo con visión de crecimiento a partir de la redistribución de la riqueza, es decir, una política enfocada en el ser humano. Por el contrario, el régimen maneja “indicadores macro fiscales”, sugeridos por el sector empresarial, que solo pondera el crecimiento económico de las industrias y empresas, y no de la calidad de vida de los ciudadanos. De igual modo, la cobertura de seguridad social ha disminuido en el último año. En el 2007 era de un 19,8%, en el 2017 creció a un 29,8% y en el 2018 decayó a un 28,0%.
En esa lógica el gobierno anuncia “medidas de ajuste coyuntural” que están lejos de constituir una política de desarrollo integral con prioridad en el ser humano, que debe ser el fin de la economía. Estas medidas coyunturales, a falta de un enfoque social, buscan “el equilibrio macro fiscal” apuntando a conseguir inversión privada, sin un cronograma claramente establecido que permita avizorar quiénes y cuándo invertirán en el país. En el marco de la Ley de Fomento Productivo, otra panacea del gobierno, se pretende conseguir la “sensibilidad” de los empresarios y su respuesta afirmativa práctica a la inversión, otorgándoles beneficios tributarios de tal magnitud, como exonerarles hasta 20 años del impuesto a la renta. Sin embargo, no ha obtenido una respuesta reciproca del empresariado conservador y timorato que guarda mutis por el foro, en cuanto a planificar el tiempo de inversión, creación de empleo, trasferencia de tecnología, etc. En definitiva, el Estado ha hecho un regalo fuera de lugar y tiempo.
El Ecuador ha vivido durante un año y tres meses una situación de deflación caracterizada por la baja demanda de consumo, es decir, no compramos como antes. Las empresas, frente a esta situación, bajan los precios al consumidor de sus productos y servicios, provocando un decrecimiento económico, y la iliquidez del sistema comercial. Este panorama se refleja en el cambio de tres ministros de economía durante un año, es decir, una indecisión oficial evidente.
El régimen responde con medidas coyunturales a lo que ya es una situación estructural, agravada por su falta de creatividad y voluntad política. Pretender la eliminación del subsidio a los combustibles con el argumento de que la gasolina súper “solo la consumen los ricos que tienen carro”, es un acto de irresponsabilidad mediática de imprevisibles consecuencias. Lo que se consigue es reducir el consumo de la gasolina súper, aumentando la presión sobre el subsidio a la gasolina extra, un subsidio que asciende a 3 mil millones de dólares, es decir, el 3% del producto interno bruto.
Régimen desgastado
El régimen de Lenin Moreno ha perdido, ostensiblemente, credibilidad -al menos 25 puntos en las encuestas-, como respuesta popular a la situación de desgobierno. Las causas, según Carol Murillo, son evidentes: en 15 meses el país se ha percatado de que el Presidente miente cuando tiene que enfrentar la realidad. En las calles y en las encuestas se percibe el descontento y una depresión anímica social, ante la falta de decisiones y acciones gubernamentales. En un comienzo se dijo que no se tocaría a los combustibles, y ahora sube la gasolina super; se prometió no mas endeudamiento y el gobierno busca con desespero préstamos exteriores. Se ofreció “cirugía mayor” contra la corrupción y esa situación no ha cambiado y, contrariamente, se conoce de millonarios contratos en comunicación y otros rubros oficiales que deben ser investigados a fondo. El discurso oficial anti corrupción colapsó, desgastado en la incredulidad popular.
Para Murillo, la crisis en el frente político del gobierno de Alianza PAIS vino “desde dentro”, con una quinta columna, es decir, no respondió a una situación de presión internacional de arremetida regional. A esto se suman los errores propios de un proceso de 10 años. Proceso en el cual sí hubo un proyecto político en marcha, que se debilitó por la falta de recursos -caída del precio del petróleo, crisis económica internacional, etc.-, lo que determinó el desbande. Una “izquierda pura” se fue del gobierno de Correa y otra “izquierda orgánica” se quedó con Moreno. En esa nueva correlación de fuerzas, la sugerencia política del régimen apuntó a reducir el Estado, cambiar la política de los contratos petroleros e iniciar el ajuste anunciado. Estas decisiones se toman en el marco de una ruptura del proyecto político original de la revolución ciudadana. Se inicia el montaje de un “aparato jurídico-político” encargado de una sistemática persecución a los representantes del anterior régimen, se realiza una consulta popular inconstitucional, y se nombra a un Consejo de Participación ciudadana “a dedo” que, a su vez, nombra “a dedo” a las autoridades de control para fiscalizar todo lo actuado por el gobierno de Correa.
En este “montaje escenográfico” se anuncian las medidas de la semana anterior, con la complicidad de los medios informativos privados y públicos, provocando mayor incertidumbre y la manipulación semántica de ciertos términos: a la reducción del Estado se la llama “austeridad”, al paquetazo “medidas necesarias”. Los medios informativos -utilizando una matriz informativa de la desinformación- ya habían preparado el terreno en una campaña de tres meses, que buscaba convencernos de la necesidad de subir el precio de los combustibles, revisando los subsidios. Los sectores políticos y económicos alineados a la derecha política ya habían hecho lo suyo: conseguir “un pacto secreto del PSC con el gobierno ecuatoriano”, que garantice su influencia en el consejo de participación transitorio.
Eso explica que la desazón popular se exprese en la baja de credibilidad del gobierno. Un régimen que llegó al poder con un discurso y que en el camino se acomodó en otro otorgado, sin ambages, por los grupos económicos tradicionales que lo presionan a tomar medidas de ajuste económico, a su imagen y semejanza, direccionando las políticas públicas del Estado. Este cuadro no es, ni más ni menos, que una “dictadura institucional maquillada”, -concluye Murillo- conseguida gracias a la “nueva envoltura” que se les da a los golpes de Estado en la región. Ante la falta de una perspectiva popular, el gobierno de Moreno prefirió gobernar con una perspectiva empresarial. El gobierno, ante este panorama, no tendrá capital político para gobernar los tres años restante de su mandato.
Fotografía: Leonardo Parrini
