La historia de la humanidad registra diversos momento de movilidad humana forzosa motivada por circunstancias políticas, bélicas o humanitarias en respuesta a catástrofes sociales. Los escritos bíblicos consignan el éxodo de hebreos huyendo de Egipto, que salieron de Ramsés a Sucot; las crónicas contemporáneas a judíos huyendo de los nazis y, en los tiempos actuales, a miles de refugiados escapando del conflicto libio.
Una situación de éxodo no es necesariamente equiparada con fenómenos migratorios normales, puesto que responde a otras dinámicas sociales que van más allá de la voluntad de un ciudadano de radicarse en otro país. Si bien los acuerdos internacionales precautelan derechos de los migrantes, no es menos cierto que esos derechos se ven limitados donde empiezan los derechos de los países receptores de los flujos migratorios.
Ecuador, según estadísticas oficiales, se ha convertido en el país receptor que recibe uno de los mayores impactos inmigratorios hacia su territorio. Diversas causas confirman que el territorio ecuatoriano es un lugar ideal de tránsito de venezolanos hacia Perú y Chile, o como país para afincarse gracias a la existencia de una economía dolarizada, y hasta hace poco, una nación con buenas posibilidades laborales.
La situación ha cambiado. Ecuador hoy es un país que vive, en crisis, el drama del éxodo venezolano. Los pasos fronterizos con Colombia, en el norte, han llegado a registrar hasta 30 mil venezolanos cruzando el puesto de control en Rumichaca. Si bien la caótica situación del país bolivariano ha estimulado la emigración de población joven, no necesariamente profesionalizada, es necesario reconocer que esa masa laboral no calificada constituye un serio riesgo para los derechos laborales de los ecuatorianos.
El gobierno nacional ofreció 250 mil empleos y esa cifra no es una realidad tangible todavía; mientras tanto, la presión laboral venezolana impacta negativamente en las cifras de empleo formal e informal entre los connacionales. Como medida precautelar, el Estado ecuatoriano en sus diversas instancias centrales y municipales, ha determinado la emergencia en tres sitios de acceso concentrado de venezolanos, -Carchi, El Oro y Pichincha- e instalado refugios que los alberguen para evitar las aglomeraciones en condiciones inhumanas que se observa en los terminales de buses terrestres.
En las últimas horas el gobierno ecuatoriano decidió exigir pasaporte a los venezolanos que ingresan a territorio nacional, “con la finalidad de garantizar la seguridad de venezolanos” y la seguridad del territorio nacional, amparado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Los argumentos ecuatorianos son claros: se ha detectado tráfico ilegal de personas que representa un grave problema para el control migratorio, y ciertos documentos de identificación que “no ofrecen las garantías necesarias para la debida acreditación de la identidad de las personas venezolanas”
La medida adoptada es una prerrogativa de todo Estado, pero es mal interpretada por los representantes de organizaciones de venezolanos migrantes y organismos de derechos humanos, aduciendo convenios internacionales que le asisten a todo ciudadano latinoamericano. A la medida ecuatoriana se suman las trabas existentes en Venezuela para adquirir un pasaporte, cuyo trámite puede demorar hasta dos años en concluir favorablemente. El documento se lo tramita en línea en el servicio de identificación previa presentación de una tarjeta de crédito y un depósito de hasta 3 mil dólares. Además de un proceso de identificación mediante confirmación de huellas dactilares que demora varios meses, debido a la mala calidad de los servicios de internet que abren línea para los interesados entre 15 a 20 minutos, dos o tres veces por semana. La exigencia ecuatoriana de pedir pasaporte a venezolanos será emulada por el Perú en iguales circunstancias, en tanto Colombia anunció medidas para impedir concentración de venezolanos en su territorio y en los pasos fronterizos con Ecuador.
Sin duda, el éxodo venezolano es una tragedia humana de lamentables proporciones, que no tiene porqué convertirse en un drama ecuatoriano. No es justo ni necesario. No es viable que Ecuador se vea impactado con una situación de tal magnitud, desfavoreciendo los derechos laborales, profesionales, familiares y civiles de su población. Es evidente que la caótica llegada masiva de 4 mil venezolanos por día al Ecuador, ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado nacional y de los organismos internacionales relacionados con movilidad y derechos humanos.
Los ecuatorianos, de tradicional hospitalidad con visitantes extranjeros, se han comenzado a manifestar “preocupados”, y la mayoría “indignados” por la presencia venezolana en su territorio, a la que califican de “invasión”. El reclamo va acompañado de fuertes epítetos que circulan en redes sociales. Es hora que los organismos internacionales intervengan para regular y dar solución a una realidad social en la región de impredecibles consecuencias. El éxodo venezolano no debe convertirse en un drama cotidiano de los ecuatoriano.
