Lo que ha sido una sospecha, se confirmaría: el Estado ecuatoriano regentado por el gobierno de Lenin Moreno “oculta información” a los familiares de las víctimas y al país, que exige una explicación sobre lo actuado por las autoridades ecuatorianas en el alevoso crimen cometido al equipo periodístico de diario El Comercio. Esa es la conclusión a la que llegan los miembros de las familias de las víctimas de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega: “vergüenza e indignación”.
Los voceros familiares se reunieron con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ahora investiga el caso analizando la documentación “desclasificada”, entregada por el gobierno ecuatoriano. Los documentos no aportan nada nuevo, dicen los familiares, y éstos incluyen “cartas de pesar de otros países, una bitácora que mostraría solo que pasaron por el puesto militar de Mataje, fotografías de las credenciales de los tres comunicadores y otros papeles que mostrarían una supuesta negociación de la Policía con los disidentes”.
“El pueblo ecuatoriano ha sido burlado por las autoridades”, dijo Ricardo Rivas y cuestionó el sistema del Estado para clasificar como reservados a los documentos. En tanto, Cristhian Segarra, señaló que “más del 80% de la documentación entregada por el Gobierno, son papeles que «no revelan nada».
Los sobres conteniendo la información oficial reposan ahora en manos de la CIDH para el análisis que hará el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de establecer la verdad sobre los hechos y la actuación del gobierno en el caso, circunstancias que deben conducir a garantizar la justicia para las víctimas y sus familiares.
La investigación del CIDH debe resarcir a los fa miliares del equipo periodístico de El Comercio que manifiestan su decepción y malestar por lo actuado por el aparato estatal ecuatoriano: “Estamos ante un Estado indolente que permitió muchas cosas, que no fue capaz de proteger a sus ciudadanos en territorio ecuatoriano, que no fue capaz de reaccionar durante el secuestro y que no pudo hacer absolutamente nada por traerlos de vuelta a casa y que todas las acciones y todo lo que ocurrió hasta hoy se ha dado en Colombia”, aseguró Segarra.
El país observa con estupor lo sucedido con los tres realizadores de la cobertura periodistica fatal que los llevó a la muerte en la frontera norte. Un territorio en el que la delincuencia, la violencia y el narcotráfico dictan sus propias reglas en la narices de las autoridades. Prueba de ello es que al grupo que asesinó a los periodistas se le atribuye el secuestro y muerte de dos comerciantes ecuatorianos y de cuatro efectivos de la marina en un atentado con explosivos. Desde inicios de este año, los disidentes de la guerrilla han protagonizado varios ataques en el sector fronterizo, un “territorio de nadie” dominado desde el flanco colombiano por mafias de narcotraficantes.
