La voracidad de los grupos de poder económico expresada por algunos conspicuos voceros políticos no tiene límites, a la hora de manifestar sus afanes de incrementar privilegios, a costa del perjuicio a los menos favorecidos. En un texto difundido por un portal de opinión, Diego Ordoñez, abogado y político cercano al movimiento CREO -que lidera el banquero Guillermo Lasso-, desplegó argumentos para justificar la privatización administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.
En un aparatoso intento de justificar lo injustificable, el señor Ordoñez llega a una conclusión disfrazada de solución, a lo que él llama “complejidad tramitológica de esa entidad, ejemplo de ineficiencia»: Pero algo se debe hacer, como privatizar la administración. Contratar una empresa de gerenciamiento.
Es obvio que si se parte de premisas falsas, se arriba a conclusiones falsas. Ordoñez califica de “monopolio estatal” al IESS, sin considerar su carácter de entidad autónoma, que literalmente es propiedad de los 8.463.254 de asegurados, es decir, la mitad de la población ecuatoriana.
Ordoñez se queja de la existencia de 37 mil empleados del seguro social, prejuzgandola de “costo operativo, con una estructura administrativa que no tiene ninguna racionalidad y sentido de eficiencia”. Probablemente, Ordoñez, no ha tenido la oportunidad de ser atendido en alguna emergencia, o control médico, por los profesionales de la salud que con evidente conciencia de su rol social -salvo excepciones-, prestan sus servicios en los hospitales del IESS, a lo que Ordoñez, malamente, califica de “rotundas evidencias del mal manejo de prestaciones y servicios”.
El prejuicio interesado de Ordoñez lo lleva a decir: “La gestión administrativa en el IESS es la suma del uso abusivo de los fondos de aportantes, tratados como si fuesen dinero de libre disposición por cualquier gobierno”. Y a disfrazar de ironía lo que, en el fondo, es una declaratoria de guerra para millones de ecuatorianos beneficiados por los servicios del seguro social: “Proponer privatizar el IESS es sacrilegio en este entorno en el que se prefiere el monopolio ineficiente y corrupto del Estado, a la posibilidad de respetar la voluntad de cada empleado para escoger a quien confía su dinero para acumular su fondo de retiro y recibir prestaciones de salud”. Y, a renglón seguido, propone el despropósito mayor: “… algo se debe hacer, como privatizar la administración. Contratar una empresa de gerenciamiento”.
Lo notable es la falta de originalidad del proponente privatizador que se vale de un ejemplo, por demás catastrófico, de privatización: Chile y las desprestigiadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ordoñez termina su texto privatizador con una alusión al modelo chileno en los siguientes términos: “La crisis de la seguridad social debe ser enfrentada ya. Las economías necesitan del ahorro para financiar su crecimiento. Ese ahorro está en los fondos de pensiones. Chile los modificó virtuosamente y los llevó al sistema de acumulación. Cada aportante sabe cómo se acumula en su cuenta individual y sus pensiones jubilares con lo que fueron sus ingresos”
El virtuoso modelo chileno
¿En qué consiste la propuesta del modelo “virtuoso” de seguridad social privada, al estilo chileno? Las AFP, o administradoras en Chile, invierten el dinero y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Los empleadores y el gobierno no contribuyen a las cuentas de los trabajadores. El descontento sobre las pensiones en Chile se ha estado acumulando durante años. La razón: la mayoría de la gente debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.
En 1981, la dictadura de Pinochet privatizó el sistema de pensiones de reparto, en el que los trabajadores, empleadores y el gobierno contribuían. Las crónicas de prensa confirman que en Chile “un país ya sacudido por la corrupción política y empresarial generalizada, esta fue la gota que derramó el vaso». Cientos de miles de personas se manifestaron en Santiago y otras ciudades en contra el sistema privatizado de pensiones. Más de 1,3 millones de personas, de acuerdo con los organizadores, asistieron a la manifestación a lo largo del país, la más grande desde el regreso de Chile al régimen democrático en 1990.
Hoy seis AFP —la mitad de las cuales son propiedad de empresas extranjeras— controlan 171 mil millones de dólares en fondos de pensiones, el equivalente a cerca del 71 por ciento del producto interno bruto de Chile, de acuerdo con la superintendencia de las AFP. Aproximadamente la mitad de los más de 10 millones de afiliados en el sistema privado de pensiones contribuyen de manera regular, según datos de la superintendencia de AFP. El móvil de la privatización del Seguro Social en Chile fue la desintegración inminente de todo su sistema financiero, bajo el peso de una burbuja especulativa gigantesca; una insolvencia nacional que en efecto vino un año después, a fines de 1982.
Los acreedores internacionales de Chile lograron sacar a flote el sistema bancario del país, en gran medida en base al flujo multimillonario de dinero del que se apoderaron mediante la privatización de las pensiones, a fin de seguir saqueándolo. Al inaugurarse el sistema en 1981 había 18 AFPs; ahora sólo quedan 6, de las cuales 5 las controlan extranjeros. De 36 mil millones de dólares en activos que el sistema administra, 95% está en manos de estos intereses bancarios extranjeros, que son: BBVA (España), con 32% del total; Citibank (EU), 23%; Sun Life (Canadá), 16%; Aetna (EU), 13%; y Banco Santander (España), 11%. Hoy, tras 24 años de operación, el modelo chileno es un fiasco tan grande que casi todas las fuerzas políticas del país concuerdan en que debe botársele, e idearse alguna suerte de alternativa.
El pueblo ecuatoriano debe mantenerse en estado de alerta ante cualquier intento de imponer un modelo privado de seguridad social en el país. Un despropósito de políticos ventrílocuos de los intereses de una rancia oligarquía económica, que no se inmutan a la hora de proponer lo que resultaría ser, literalmente, un crimen social: la privatización del IESS.
