El proceso político judicial que se lleva a cabo en contra del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, tuvo este fin de semana un giro. La CIDH, -Comisión Interamericana de Derechos Humanos- aceptó tramitar medidas cautelares a favor del ex mandatario por pedido de activistas ecuatorianos que defienden la causa de Correa. De igual modo, el petitorio del colectivo Montecristi se hizo extensivo a favor del ex Vicepresidente Jorge Glas E., actualmente preso en una cárcel de Quito. El ex presidente Correa habría solicitado, el 20 de julio, en un documento de 60 páginas medidas de proteccion a la CIDH, ante la “extrema gravedad, urgencia y peligro de sufrir daños irreparables a sus derechos”.
La CIDH aceptó los trámites a favor de Rafael Correa para que se dicten medidas cautelares “por la inconstitucionalidad que significó la consulta popular convocada por el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno”. La cual, a juicio de los dirigentes, se realizó sin aval de la Corte Constitucional, y con la posterior designación de autoridades ilegítimas en entes de control. En el caso del exvicepresidente Jorge Glas, “se afectó su legítimo derecho a la defensa”, atentando contra el debido proceso, por lo que esperan la protección a nivel interamericano.
Los miembros del colectivo proponente -Montecristi-, denunciaron “la persecución política y una mala aplicación de la prisión preventiva en contra del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa”. Las medidas se toman a pocos días de que un tribunal de apelaciones decida sobre la prisión preventiva dictada contra el expresidente Correa, y cuando el Fiscal General ha solicitado a la Corte Nacional, fije la audiencia preparatoria del juicio por caso de secuestro. El caso de secuestro hace alusión a un presunto plagio en la persona de Fernando Balda, activista político sentenciado y fugado a Colombia durante el gobierno de Correa. En 2006, Balda fue parte de la campaña que llevó a Correa al poder y, durante el primer año de gobierno, fue su colaborador cercano. Varias fotografías de la época lo muestran junto al entonces presidente; en una aparece incluso abrazando a Hugo Chávez en la visita que hizo al Ecuador en 2007. Según Balda, dejó el gobierno porque Correa desestimó una denuncia de espionaje que él hizo, y se unió al Partido Sociedad Patriótica, del expresidente Lucio Gutiérrez. La Presidencia de la República -en ese entonces-, denunció a Balda por atentar contra la seguridad del Estado y difundir noticias falsas. En el primer caso fue sentenciado en 2010 a dos años de prisión. Por el segundo recibió, en 2013, una condena de un año. Para evadir su encarcelamiento huyó dos veces a Colombia, en 2009 y en 2010, desde donde fue extraditado a Ecuador
Persecución política
El abogado de Correa, doctor Caupolicán Ochoa, había señalado su rechazo a la medida dictada por la jueza Camacho: “Estamos ante la violación del debido proceso, esta audiencia es ilegal, inconstitucional, usted demuestra su imparcialidad”, dijo, y cuestionó también su conocimiento sobre garantías penales. En esa línea de pensamiento, Ramiro García, -crítico del gobierno de Correa-, manifestó su cuestionamiento a lo actuado por la jueza Camacho, puesto que alegando el carácter excepcional de la prisión, no era necesario ordenar la prisión preventiva en contra del expresidente Correa: “Ha ingresado y salido del país legalmente, y bajo presunción de inocencia debe asumirse que se presentará al juicio como corresponde. ¿Es legítima la medida cautelar dictada judicialmente en su contra? En principio sí, aunque podría no habérsela dictado, teniendo en cuenta que su residencia legal se encuentra en Bélgica. No entiendo qué problema había con que él, y cualquier procesado penalmente que resida en el exterior, pueda presentarse en la delegación consular más cercana”. La jueza Camacho dictó orden de prisión contra Correa presumiendo que no se presentaría ante las autoridades consulares en Bélgica.
Rafel Correa ha rechazado los cargos en su contra, llamándolo “una farsa que no tendrá éxito a nivel internacional”. También negó tener conocimiento del intento de secuestro y dijo ser blanco de una estrategia de lawfare, el uso de la justicia como herramienta de persecución política.
Rafael Correa se convirtió oficialmente en otro de los líderes políticos latinoamericanos víctima de la persecución judicial, acción que alientan gobiernos neoliberales, serviles a los intereses de los Estados Unidos, para contrarrestar y debilitar las fuerzas progresistas en la región, así como a sus actores principales. Se trata de una estrategia que aparenta estar dentro del marco legal de cada país, y que utiliza a la justicia para acusar y encarcelar a líderes que pueden lograr el resurgir de la unidad latinoamericana con base en la alianza de las fuerzas de izquierda que pueden emerger nuevamente como un bloque antiimperialista, unitario, y replegar el brote de gobiernos de derecha en varios países de Suramérica.
La judicialización de la política, el “Lawfare”, como lo llaman los gringos, trata de aniquilar al adversario político llenándolo de causas. Es una estrategia, como en la guerra. Primero, exacerban un caso de corrupción y generalizan, para que la gente se sienta indignada. Después, los medios ubican al culpable y se produce un linchamiento mediático que dura meses. Correa también ha denunciado que esta estrategia de la derecha para atacar a los gobiernos progresistas, no es más “que la judicialización de la política, un abuso que no puede permitirse en la región, porque además forma parte de una estrategia de desinstitucionalización de nuestros países, la pérdida del Estado de Derecho”.
La anulación política de Correa es clave para evitar el resurgimiento de las fuerzas progresistas en toda Latinoamérica, en esa línea de acción no se descarta que la opción de matarlo es real, porque en medio de la persecución que se ejecuta en su contra, le fue suspendida la seguridad presidencial que le corresponde como expresidente de la República: “La idea es anularme civil y políticamente”, a través de un juicio ilegal, convocado con una orden judicial ilegítima, en un juicio que podría extenderse hasta por 10 años, lo que ocasionaría la inhabilitación del líder progresista ecuatoriano.
La judicialización de la política está acabando con el estado de derecho en el Ecuador, con nombramientos a dedo de funcionarios -como el Contralor instrumentalizado para la persecución implementada por el actual gobierno-, en contra de sus opositores. Es hora de poner fin a la cooptación de la justicia, hoy utilizada para perseguir a dirigentes de la oposición de izquierda al régimen. Más temprano que tarde, el pueblo ecuatoriano deberá reaccionar contra el daño irreversible que se está haciendo a las democracias y a la institucionalidad nacional y de la región. De igual modo, crece la sensación popular de que la causa de Rafeal Correa, se ha convertido en un tema de derechos humanos
