En la historia de la humanidad la diferencia entre el hombre y el animal ha sido señalada por el trabajo, o la capacidad de transformar la naturaleza mediante un proceso productivo. El trabajo es fuente de vida, en tanto proporciona recursos para la reproducción humana. El trabajo dignifica a las personas porque nos diferencia de otros seres vivos y es fuente de motivación, en tanto brinda mayores momentos de autoestima. Además, el trabajo previene y combate la exclusión social, por lo mismo que está amparado en la constitución política de los Estados como “un derecho inalienable del ser humano”. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, señala el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, confirmando este derecho universal.
No es casualidad que en opiniones consultadas a la población, históricamente, la sociedad ecuatoriana ha tenido entre sus preocupaciones la situación económica, la falta de empleo y la inseguridad. Esta tendencia que se ha mantenido a través del tiempo, muestra ligeras variaciones entre los tres desasosiegos que mayormente aquejan a los ecuatorianos. Por eso es que cuando las estadísticas hablan de un descenso en el empleo pleno, o un aumento del desempleo, la zozobra social se hace sentir, más aun si las autoridades no dan respuesta satisfactoria a la creciente inquietud ciudadana sobre el tema.
Una reciente estadística publicada por el INEC, señala un descenso en las cifras laborales del país: hasta junio de 2018 el empleo adecuado abarca el 38,9% de la población con trabajo, frente a junio de 2017, que se ubicaba en el 40,1%, con una disminución de 1,2 puntos hasta llegar a 38,9% de la población económicamente activa. Esta caída en el empleo pleno o adecuado, representa una baja de unas 161.000 plazas de trabajo.
No obstante, las autoridades subestiman la cifra, señalando que esta variación “no es estadísticamente significativa”. Por el contrario, se la justifica con un argumento discutible: el deterioro de los índices de empleo en el país en el primer año del presidente Lenín Moreno es consecuencia del “agotamiento del modelo económico” del Gobierno anterior.
Cifras reveladoras
Según los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población económicamente activa (PEA) en diciembre de 2017 superaba los 8 millones de ecuatorianos, de estos, el 4,62%, es decir que cerca de 380 mil se encuentran desempleados. Según estadísticas, el empleo inadecuado engloba el 56,4%, dentro de eso el 26,5% corresponde a otro empleo no pleno. Esta última categoría fue la que aumentó desde junio de 2017 hasta junio de 2018, pasó de 24,3% a 26,5%. A ese grupo, según el INEC, pertenecen personas con empleo que no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. La cantidad de habitantes en situación de desempleo se incrementó de 355. 414 a 362. 051 personas, entre marzo del 2017 y marzo 2018. Por el contrario, el número de subempleados disminuyó de 1. 726. 030 a 1. 498. 139 de personas.
Para el Gobierno de Moreno, las recientes cifras del mercado laboral que demuestran la disminución del empleo adecuado/pleno, son parte de una tendencia que se manifestó desde 2014 hasta 2016 como consecuencia del fin del boom petrolero. Según declaraciones de Santiago Caviedes, viceministro de Economía y Finanzas, el país acude a una “estabilización del empleo pleno, el cual se deterioraba”. Caviedes manifestó que la reducción de ese indicador es debido a que se agotó el modelo de crecimiento basado en el gasto público que, a su vez, era sostenido por el alto precio del crudo. También sus argumentos enfatizan que las caídas importantes en la generación de empleo privado, se han dado por un ambiente de hostigamiento a la empresa privada por parte del régimen anterior.
El burócrata no descartó medidas -consideradas «neoliberales»- para tratar el tema. Caviedes mencionó que Ecuador requiere tener “mejores condiciones de competitividad frente a otros mercados, por lo que no se deben descartar opciones para revisar la rigidez laboral”. A renglón seguido manifestó: “sin que eso signifique precarización”, pero la historia real contradice al funcionario público quien -como guinda del pastel- declaró que “la reducción en el empleo público es una necesidad”.
Mientras el gobierno no asuma la responsabilidad que le compete en la generación de empleo, y en tanto el “diálogo con los empresarios” no se traduzca en inversión para generar empleo desde la empresa privada, el Ecuador no saldrá del despeñadero económico en que se encuentra. El creciente descontento popular se refleja en la caída de la credibilidad y aceptación a la gestión presidencial.
Aunque los informes de la Secom se esfuercen por mostrar lo contrario.
